Casi cinco años después de los Acuerdos de Paz, los familiares de las personas desaparecidas de manera forzada exigen que el nuevo sistema de justicia instalado en el país investigue unos casos que se cuentan por miles.
J. Marcos/María Ángeles Fernández
CTXT, 22-9-2021
La vida de Florinda Farfán se partió el 20 de febrero de 1996. A las 12:30 de la mañana, su única hija, Yulieth Yesenia Chacón Farfán, de 11 años, salió del colegio y nunca llegó a su casa, a solo dos cuadras. Desde entonces la busca sin descanso. Y ya van 25 años de desasosiego.
En Colombia, las personas desaparecidas se cuentan por miles desde finales de los años 70. Las cifras varían según las fuentes, pero en cualquier caso son inasumibles. Inmensas. El Centro Nacional de Memoria Histórica habla de 80.472 víctimas, de las que casi 59.000 siguen desaparecidas, 8.100 han aparecido muertas y de más de 11.000 no se sabe el paradero pero hay información. La Fiscalía General de la Nación rebaja la cifra hasta las 54.046. La Fundación Nydia Érika Bautista para los Derechos Humanos contabiliza más de 120.000 personas. “El baile de cifras alrededor de la desaparición forzada invisibiliza las dimensiones reales de esta profunda cicatriz sin justicia, pero no es casual. El Estado no ha querido-logrado sistematizar la información, unificar criterios y bases de datos, y poner en marcha mecanismos efectivos de búsqueda”, se apunta en el libro Cartografía de la desaparición forzada en Colombia, de 2019. Las desapariciones, sobre todo en el marco del paro y de protestas que vive el país desde el pasado 28 de abril, siguen aumentando.
Florinda Farfán sabe lo que implica la inacción y la falta de criterio. Relata los cambios del personal investigador cada semana y cómo el caso de su hija empezó una y otra vez. Una y otra vez. “Las autoridades colombianas han sido muy incompetentes en este caso y en otros cuatro más que sucedieron en el mismo barrio donde yo vivía. Desaparecieron cinco niñas en lapsos de tres y cuatro meses de la una a la otra, y hasta hoy”.
Es 29 de agosto, jornada previa al Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, y varios familiares de personas desaparecidas se han juntado en un parque de Bogotá para hacer memoria y recordar a sus seres queridos.
Jaime José Rivera. Granada. 2012.
Janeth Parra. Restrepo. 2010.
René Rodríguez. Monterrey. 2006.
Yenny Patricia Galarraga. La Dorada. 2001.
Josué Armando Villamil. Casanare, 2003.
Asael Saa Hurtado. Zarzal, 1988.
Acompañan el acto las fotos de las personas desaparecidas, junto con su nombre y el lugar y el año de la desaparición. En algunos casos se incluye la edad.
Yulieth Yesenia Chacón (11 años), Bogotá, 1996.
“Yo salía a hacer murales, a repartir volantes. Salía con la foto de mi hija por todos lados y recibí una llamada que me decía ‘jueputa, deja de estar empapelando toda la ciudad’ si no quieres que le quemen la casa’. Yo les iba a decir ‘devuélvanmela y dejo de hacerlo’. Pero no me dio para decirlo”. Florinda Farfán no se despega de la foto de su hija y se quiebra cuando relata su historia. “Una está muriendo en vida con esta situación de desaparición forzada, sin saber para qué se los llevan. Vivo con la ilusión de poder saber de mi hija y esa es mi lucha. Todo es alrededor de mi hija para mí y el día de hoy es como si fuera ayer cuando pasó. El dolor no se va”.
La mañana es fría en Bogotá, incluso la lluvia aparece momentáneamente en el acto simbólico de siembra de plantas. El nuevo rinconcito florido se llama ‘Jardín de la memoria’ y está ubicado en el Park Way. “Aprovechemos para pensar en ellos y en ellas. Hagamos memoria, honrémosles”, solicita una de las integrantes de la Fundación Nydia Érika Bautista, el colectivo que convoca la jornada.
Nydia Érika Bautista desapareció un 29 de agosto de hace 34 años. Su hermana, Yanette Bautista, y su sobrina Andrea Torres, que vio cómo se llevaban a su tía, dirigen una organización que nació en el exilio. La familia tuvo que marcharse ante las amenazas y hoy, de nuevo en Colombia, luchan por la búsqueda de personas, por la verdad, por la reparación, por la no repetición, por la justicia y la paz. “Hemos caminado estos 34 años exigiendo justicia y no lo hemos logrado, pero seguimos adelante. Todavía Colombia no ha alcanzado la verdad de lo que pasó durante el conflicto armado, tampoco la justicia ni la no repetición”. Micro en mano, Yanette Bautista, una mujer enjuta, seria, con una hermosa y larga trenza morena medio desecha, habla con una fortaleza que su cuerpo disimula.
“¡Que nos los devuelvan vivos!”, clama; “¡porque vivos se los llevaron!”, responden la cuarenta de personas participantes en el simbólico acto de siembra. “¡Desaparecidos!”, continúa. “¡Presentes, presentes, presentes!”, la siguen. “¿Hasta cuándo?”, insiste. “¡Hasta siempre!”, cierran.
La exigencia de un macrocaso
Casi cinco años después de las firmas de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo), las víctimas de desaparición forzada denuncian que no han tenido espacio en el sistema de justicia transicional abierto en el país.
El 30 de agosto, en una mañana en la que sucedieron todas las estaciones del año en pocas horas, frente a la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), uno de los nuevos organismos que trajo consigo los Acuerdos, decenas de personas, sobre todo familiares de desaparecidos pero también jóvenes de las primeras líneas creadas en el marco del paro nacional y de las protestas que vive Colombia desde el 28 de abril, se plantaron durante tres horas para exigir justicia y el fin de la impunidad. Quieren que la JEP abra un macrocaso.
Las fotos de las personas desaparecidas arroparon también el acto. Estaba la de Yulieth Yesenia Chacón y también estaba su madre para recordarla. Estaban las de las cuatro hermanas de Nancy Yanira Galárraga, desaparecidas el 1 de enero de 2001, cuando tenían 13, 18 y 20 años. “Sus cuerpos desmembrados, descuartizados y violentados sexualmente aparecieron en julio de 2010”, cuenta Nancy, que exige justicia para sus hermanas. Estaba la foto de Luis Alberto Garzón, desaparecido en 2002, una instantánea de la que no se despega ni por un instante su hermano.
Primero en una esquina, luego en un carril de la avenida y finalmente cortando el tránsito en un sentido, la protesta se hizo notar. “La sociedad debe mucho a las víctimas, por indiferencia”, clamaba una joven a un conductor cuando este se enfadaba por el corte de la calle. Policía, agentes de movilidad y personal del Ayuntamiento de Bogotá se opusieron de inicio a que la acción paralizara el tráfico. “Son miles de desaparecidos en este país, ¡miles! Y nadie responde. Dile a la alcaldesa que se ponga un poquito de nuestra parte, de alguien que sufre una desaparición, de un hermano, de su papá o de su mamá”, gritaba de manera desgarrada el hermano de Luis Alberto Garzón sin separarse de la fotografía. La agarraba con fuerza.
Yanette Bautista también estaba allí, porque la fundación que preside era una de las convocantes. Aunque su cuerpo se perdía entre quienes protestaban, cuando cogía un altavoz, se alzaba como una auténtica lideresa: “Exigimos a la JEP que abra un macrocaso de desaparición forzada. No queremos ser más discriminados, no queremos que la justicia sea inequitativa. Estamos aquí para exigir a la JEP que nos escuche. Las desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad y reivindicamos nuestro derecho a saber la verdad y a tener una reparación plena”.
En tres años de trabajo, la JEP ha abierto siete macrocasos: uno por los secuestros cometidos por la FARC; otro por lo que se denomina ‘falsos positivos’, es decir, asesinatos de personas presentadas como bajas de la guerrilla por los agentes del Estado; otro por el reclutamiento y el uso de niñas y niños en el conflicto; otro por la victimización de miembros de la extinta formación Unión Patriótica; y otros tres casos territoriales (Nariño, Urabá, además de algunas zonas del Cauca y Valle del Cauca). Las víctimas quieren que haya un octavo: desaparición forzada.
“Consideramos que el crimen de la desaparición forzada en Colombia se inició como una estrategia del Estado colombiano para perseguir a quien considera que piensa diferente. Debe abrirse un caso específicamente para ver la responsabilidad de los organismos de seguridad, la infiltración de los militares, de brigadas de inteligencia y de policías. Se ha venido formando la idea de que esto es cuestión de grupos ilegales, de grupos paramilitares y guerrillas, pero los paramilitares en Colombia nunca actuaron sin la complicidad del Estado”.
Pablo Cala dirige la organización Hasta Encontrarlos. Acude con sus carteles y con sus decenas de retratos a los actos organizados para “tocar el corazón de la ciudadanía”. Además de la siembra del Jardín de la memoria, la plaza de toros de Bogotá se vistió con centenares de rostros y se entregaron al presidente del país, Iván Duque, más de 10.000 firmas solicitando que implemente como política de Estado la búsqueda de las personas desaparecidas. Cala también estuvo frente a la JEP. “Esto no es un dolor solamente de los familiares, sino de toda la humanidad. Es un crimen de lesa humanidad”, clama mientras coloca una y otra vez los cartones con los rostros de los desparecidos, volteados por las continuas rachas de viento, como si no quisieran que se vieran.
Una paz incompleta
“Nosotros firmamos un Acuerdo de Paz en 2016. Y digo ‘nosotros’ porque no es un acuerdo del Gobierno y la guerrilla, sino de Colombia. Pero ha sido totalmente atacado. En los últimos cuatro años hemos retrocedido otra vez en la violencia sociopolítica y en violaciones de derechos humanos. A lo que ha ayudado el Acuerdo de Paz es a evidenciar que no todo era culpa de la guerrilla, que no todo era culpa del conflicto armado, que es un tema más de fondo. Hay una violencia estructural en el Estado colombiano: en medio de la democracia, estamos en una conmoción interior permanente, somos un estado de facto permanente, donde los militares y la policía es lo que rige”.
A través de las magistradas Reinere Jaramillo y Nadiezhda Natazha Henríquez, la JEP está analizando toda la información presentada para decidir si abre o no un macrocaso. Jaramillo, en un acto online organizado por Hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad, explicó que la Jurisdicción Especial para la Paz está teniendo presente la desaparición forzada en casi todos los macrocasos abiertos y que se ha solicitado la protección de lugares donde se presume puede haber personas desaparecidas. Además, apuntó que, de los 493 informes que se han presentado en la JEP unos 158 tienen narrativas específicas y bases de datos sobre temas de desaparición forzada.
La magistrada recordó también que las víctimas están en el mandato central del sistema integral de justicia aprobado en los Acuerdos de Paz. Pero las familias víctimas mantienen una opinión contraria. “Lo que hemos visto es que poco a poco las víctimas hemos sido desplazadas de su centro”, explica Pablo Cala.
Nancy Yanira Galárraga también es muy crítica. En 2014 participó en la tercera delegación de víctimas de la Mesa de Diálogos de Paz, celebrada en La Habana (Cuba). Ahora, en una esquina de la protesta ante la sede de la JEP, desde donde vigila que la Policía no consiga interrumpir el parón convocado por las víctimas, recuerda aquellos días. Dice que salió desilusionada porque tuvo la oportunidad de hablar con Iván Márquez, jefe negociador de las FARC en los Acuerdos de Paz y ahora de nuevo en las armas tras su disidencia: “Le pregunté qué garantías teníamos como víctimas y me dijo que las garantías eran de parte del Estado; que si el Estado cumplía, se hacía un proceso de paz y que si no, no se cumplía. Y hasta el momento el Estado no ha cumplido con lo que prometió”.
La lucha de Nancy y de su madre, que también vivieron un desplazamiento interno por las amenazas, logró dar con los victimarios de sus cuatro hermanas: Yenny Patricia, Nelsy Milena, Mónica Liliana y María Nelly. Varios paramilitares fueron condenados, pero la justicia, explica Nancy, aún no ha llegado para ellas. En una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2020, que no fue admitida, la familia apuntaba que existen pruebas documentadas de la responsabilidad del Estado. “Estamos luchando porque, a pesar de que había Ejército y Policía alrededor del pueblo, cometieron esos crímenes de lesa humanidad. La población civil éramos un cero a la izquierda, no respetaban nuestras vidas”, cuenta Nancy, que ahora tiene que pagar las costas de los procesos administrativos emprendidos. “Cuando tratamos de plasmar nuestro dolor, de zafar nuestro dolor, nuestras tristezas, siempre somos discriminados, no somos escuchados por parte del Estado. Y eso nos duele. Tenemos un Estado indolente”, cierra.
Primeras líneas: un nuevo actor político
Los actos alrededor del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada han contado este año con un nuevo actor. La acción frente a la JEP estuvo nutrida por las primeras líneas, colectivos de autodefensa formados por personas jóvenes ataviadas con capuchas y escudos. Nacidas al calor de las protestas del paro nacional iniciado a finales de abril, están siendo criminalizadas y atacadas por las fuerzas públicas. Entre sus filas hay desaparecidos, encarcelados y personas asesinadas.
“Estamos aquí con los jóvenes de la primera línea del Portal Resistencia que nos están acompañando en nuestras reivindicaciones. Y estamos con ellos porque son líderes de la protesta social, son líderes del movimiento popular y tienen derecho al buen nombre y a que sus reivindicaciones sean escuchadas”, gritó nuevamente con fuerza Yanette Bautista, rodeada de una veintena de jóvenes con capucha frente al número 63-44 de la Carrera 7 de Bogotá.
Vestido completamente de negro, apenas con un milímetro de piel al aire, un integrante de las primeras líneas leyó un poema dedicado a Nydia Érika Bautista. “A ti te arrancaron de la tierra sin piedad, bajo la sombra cómplice (…) dejando en el fango un futuro arrebatado (…) El odio siguió en el despojo de una generación de soñadores. En ti, Nydia, renace el recuerdo de estar construyendo un nuevo mundo”.
