Lucía Cholakian Herrera y Carla Perelló
Redacción de Nodal, 8-8-2018
Hoy, 8 de agosto, se debatirá en el Senado argentino el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que recibió media sanción en la Cámara de Diputados el pasado 14 de junio. La ley, que legalizaría el aborto para las personas gestantes del país, puso en agenda una discusión muy esperada: la de los derechos sexuales y reproductivos no sólo en Argentina sino también en muchos países de América Latina.
Desde marzo, mes en el que el presidente Mauricio Macri anunció que habilitaría su debate en el Congreso, la discusión por el aborto legal cobró dimensiones sin precedentes en los medios, las instituciones y la esfera pública. Atravesado por décadas de lucha por parte del movimiento feminista pero también por fuertes pujas de intereses por parte de la Iglesia y sectores conservadores de la política, las discusiones alcanzaron carácter internacional: prueba de ello es que durante esta semana se realizarán cerca de 40 pañuelazos en distintas ciudades del mundo para apoyar la votación favorable en el Senado argentino.
La región no estuvo exenta de la “marea verde”. Ante un contexto adverso, de avanzada de la derecha neoliberal en muchos países, el movimiento feminista redobló la apuesta. Es que ante mayor pobreza y desigualdad, las mujeres resisten una doble opresión.
El reclamo por el aborto legal en América Latina no está solamente ligado al pedido de garantía por parte del Estado de prácticas de interrupción voluntaria del embarazo seguras y salubres, sino también a la descriminalización de las mujeres y personas gestantes por estos motivos. Para más, la clandestinidad del aborto dificulta el acceso a cifras que den cuenta del panorama que se vive. El tabú es tal que en algunos países ni siquiera existen estimativos sobre mujeres ingresadas a hospitales por complicaciones ni los Estados intentan llevar adelante una política que visibilice esta práctica. Pues las mujeres abortan pese a las condenas de la leyes y pese a arriesgarse a la muerte. Leyes que, en muchos casos, tampoco son efectivas y sólo ponen un manto de oscuridad sobre las decisiones que toman las mujeres y personas gestantes.
Se conocen, de todas maneras, historias que las organizaciones feministas y el movimiento de mujeres se han dado la tarea de visibilizar. En República Dominicana, Rosaura -de 16 años- murió por tener leucemia y haber sido negada a un tratamiento por estar embarazada. Belén, de Argentina, y Teodora, de El Salvador, cumplieron penas en la cárcel por abortos espontáneos y complicaciones obstétricas. Mainumby, de Paraguay, fue violada a los 10 años y obligada a parir. Tania tuvo que hacerse un aborto clandestino en Chile para poder tratarse por el cáncer, ya que se le negaba uno seguro. Las historias siguen. Las organizaciones de América Latina y el Caribe luchan por la legalización del aborto desde una perspectiva de géneros, derechos y clase. Desde NODAL recopilamos sus voces y tuvimos conversaciones acerca de las demandas particulares de cada sociedad, articulando un mapa que da cuenta de una cosa: la demanda por el aborto legal es regional.
Brasil: sin bajar los brazos
En Brasil, la interrupción del embarazo se considera legal en casos de violación y en caso de riesgo de vida para la gestante, según consta en el Código Penal de 1940. Entrado el siglo XXI se logró que se incluyeran los casos de fetos anencéfalos. En la actualidad, la Corte Suprema de Justicia del país lleva a cabo audiencias -se realizaron el 3 y 6 de agosto- para debatir la despenalización hasta la semana 12, sin embargo este no es el primer paso que se ha dado para lograr este derecho. Las mujeres brasileñas vienen dando la lucha incansable ante tribunales y el Congreso de la Nación para que el derecho sea ley.
En 2015, a través del diputado Jean Wyllys, ingresó al Parlamento nacional el pedido de tratamiento para un proyecto de ley que es muy similar al argentino. En 2016, se movilizaron contra la propuesta de Eduardo Cunha de retrotraer los derechos de las mujeres aún hasta antes de 1940, quitando las posibilidades de una interrupción voluntaria en todos los casos. “Hemos venido a las calles nuevamente, las mujeres de varios movimientos sociales, feministas, partidos que tienen como parte de su lucha la defensa de los derechos sexuales y reproductivos”, cuenta a NODAL Luka Franca, integrante de la Setorial Nacional de Mulheres do PSOL.
“Nuestras luchas han sido defensivas, ahora estamos camino hacia la despenalización y luego de la batalla en el Tribunal Supremo iremos al Congreso por la efectiva legalización del aborto. Es que el actual presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, tiene entre los temas principales de su agenda barrer con los derechos sexuales y reproductivos. No sabemos cuándo finalmente serán las votaciones, pero ya no estamos más a la defensiva, estamos en proceso de poner el debate sobre la mesa nuevamente para ampliar derechos para las mujeres cis y para los varones trans, por la vida de quienes sufren violaciones. El 28 de septiembre es nuestro día latinoamericano por la legalización del aborto, esperamos que podamos hacer una gran ola verde en América Latina entera para celebrar una posible conquista en Argentina e impulsar el movimiento feminista y la lucha de las mujeres”, explica Luka Franca.
Paraguay: por el fin de los silencios y de los fundamentalismos
“Paraguay es un país donde no se habla del aborto, es un tema tabú, estigmatizante. Si bien Paraguay no ha debatido y casi es imposible hacerlo, muchas voces feministas se han levantado para explicar de qué se trata este derecho en los medios de comunicación. De todos modos, las voces de grupos religiosos fundamentalistas imposibilitan todo diálogo civilizado ni siquiera para abrir algunos tipos de despenalizaciones de abortos no punibles. Este debate en derechos humanos tampoco se trabaja cabalmente, ni social ni judicialmente. Aunque en el Ministerio de la Mujer y en la sociedad muchas mujeres abortan en condiciones de tremenda insalubridad todos los días, especialmente las más pobres y vulnerables. Las áreas de salud, al ser el aborto prohibido en todos los casos no atienden a mujeres que llegan a ellos con hemorragias y sepsis (aún la Cruz Roja he visto negarse a atender a una mujer) por no “complicarse en abortos y perder sus licencias profesionales”, por lo cual las mujeres están en una situación grave de falta de atención en salud, ni siquiera para ayudarlas a no morir”. Carmen Colazo, consultora de género, académica y activista feminista en Paraguay.
En la época de la Convención Nacional Constituyente que dio vida a la Constitución de 1992 se habló de planificación familiar y la Iglesia salió al cruce diciendo que la planificación permitiría el aborto. Entonces, fue la misma Iglesia la que determinó que “hay vida desde la concepción”, cuestión que poco más tarde se pudo sortear gracias al Pacto de San José de Costa Rica. En ese momento, “se alzaron pocas voces para mencionar el tema, y luego se produjo un silencio que ha sido subvertido en los últimos tiempos, cuando Argentina ha posicionado el derecho a la interrupción del embarazo como tema de debate nacional”, dice Colazo. Desde esa época, el aborto está permitido sólo cuando entra en conflicto la salud de la mujer o del feto. Según ella pudo constatar a través del Ministerio de la Mujer, “está muy lejos en Paraguay el derecho a interrumpir el embarazo por otras causales. De todos modos la hipocresía hace que ni las mujeres (únicas responsabilizadas por el embarazo) vayan presas, ni las parteras, en un país pobre, sin servicios de salud en el interior, donde no sabemos cuántas mujeres mueren realmente por abortos o feminicidos”.
Perú
– ¿Cuántos años tiene, diez años, once añitos? […] ¿Pero está desflorada? […] Ya, pero ¿quién le ha hecho eso? […] Ya, yo voy a pedir el expediente para verlo, ya […] ¿Qué es lo que quieren, que le bajen la pena o que lo declaren inocente?.
Quien habla es el presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Perú, César Hinostroza. En el audio difundido por IDL-Reporteros se lo escucha al magistrado negociar la condena para un violador sexual a una niña de diez años. La investigación develó una trama de corrupción y tráfico de influencias dentro del Poder Judicial del país. Entonces, las mujeres organizadas salieron a las calles a denunciar a la Justicia machista. Se unieron, también, al grito de “Poder Judicial, vergüenza nacional” alzado por todo el pueblo peruano en diversas marchas nacionales que se llevaron a cabo. En Perú las políticas restrictivas sobre los cuerpos no son nuevas: durante 1996 y el 2000 Alberto Fujimori implementó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar por el cual esterilizó a más de 350 mil mujeres y realizó más de 22 mil vasectomías a varones, quienes aún sufren repercusiones en su salud.
“La coyuntura no nos deja respirar”, dice a NODAL Jilian Ruíz, activista feminista limeña, al otro lado de la línea del teléfono. “Estamos de movilizaciones en movilizaciones y no estamos en un movimiento que aún vaya a trabajar por el aborto legal, seguro y gratuito”, cuenta. Sin embargo, las redes de mujeres que acompañan y brindan información sobre abortos con misoprostol existen y tienen funcionamiento. También, han tomado gran impulso luego de la media sanción de la ley en Argentina y se han convocado en lo que llamaron Asamblea Feminista, en Lima. En las redes, también hubo lanzamientos de campañas y la elección de un pañuelo que las aúne por esta lucha.
Allí, el antecedente más fuerte para salir del silencio fue en 2012, con la campaña Déjala Decidir, para solicitar a los gobernantes la despenalización del aborto en Perú. En la actualidad, sólo el aborto terapéutico es legal desde 1924 y, en ese sentido, existen diversas visiones sobre si continuar en esa línea de trabajo o si pelear por el aborto legal en todas sus causales.
Para Lisbeth Guillén, del Movimiento Manuela Ramos, “es necesario que se apruebe una ley que despenalice el aborto en violación sexual, demanda concretada a través del proyecto de ley 387 (link al proyecto http://www.indirahuilca.pe/despenalizar/)”, presentado en 2016 por la diputada Indira Huilca (Frente Amplio). En un reciente estudio de la Fiscalía de la Nación sobre historias entre el 2013 y 2017, el 76 por ciento de las víctimas de violación sexual son niñas menores de edad y el el 60 por ciento tenía entre 13 y 17 años cuando fueron abusadas. Según indica Guillén, en Perú, además se realizan 352 mil abortos al año. “Si bien tenemos aborto terapéutico, se aplica débilmente o no se implementa adecuadamente poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres. Es una demanda de los movimiento feministas la despenalización del aborto, porque afecta su autonomía, su libertad e incluso cuando es por violación afecta su proyecto de vida”, denuncia. “Exigimos que el Estado garantice a las mujeres el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos”.
Honduras
Angélica Álvarez tiene 23 años y se la escucha con un tono fuerte desde el país centroamericano. “Honduras es un país altamente conservador, que responde a un capital cultural patriarcal machista y misógino. Además, tenemos una fuerte influencia religiosa, por lo tanto, referirnos al tema del aborto es tabú”. En Honduras el aborto es considerado ilegal bajo cualquier circunstancia, se mantiene en el Código Penal como un delito grave por lo que, cualquier mujer o niña que sea considerada de violar la ley podría ser encarcelada hasta por seis años. “Negar a las mujeres y a las niñas el acceso a servicios de aborto seguro en caso de riesgo para la salud o violación, incesto o inviabilidad del feto causa un profundo sufrimiento físico y psicológico en muchas mujeres y niñas. Esto tiene que ver con la instrumentalización del cuerpo de la mujer y la negación a nuestra autonomía”, sostiene. Las cuentas son claras para ella: “El mejoramiento de las condiciones sería que el Estado respete, proteja y haga efectivo el acceso de la mujer a la salud incluida la salud sexual y reproductiva, que no se permite la influencia de los grupos conservadores y fundamentalistas perpetuar el actual estancamiento legislativo, sería apostarle a nuestra autonomía a nuestra libertad de decisión”.
Venezuela: por la igualdad de acceso
Teniendo en cuenta una perspectiva de género a la hora de analizar el presente venezolano, una realidad se vuelve evidente: ante el crecimiento de la desigualdad social y el empobrecimiento, son las mujeres y las niñas/os las/os más afectados en términos económicos. Esto ensancha también la brecha de desigualdad de acceso a derechos básicos como son la salud, el alimento y la vivienda.
“En este momento en Venezuela el aborto es un problema de clase. Estamos viviendo una de las crisis económicas más profundas que ha vivido nuestro país en su historia reciente. No se encuentran medicamentos, la comida es muy cara, y por lo tanto tener hijas o hijos es una irresponsabilidad”, explica Daniella Hinojosa, de la Araña Feminista, desde Caracas. “No existe ninguna política constante de distribución gratuita de anticonceptivos. Por lo tanto las posibilidades de que una mujer quede embarazada son bastante altas. Por lo tanto las mujeres de clases más necesitadas se hacen abortos insalubres, que tienen precios exorbitantes, por lo que muchas mujeres compran el tratamiento incompleto por no poder pagarlo”.
Ante esta ausencia del Estado y el crecimiento de la problemática, las mujeres venezolanas no se rinden. Durante este año participaron todos los 28 de cada mes de la Asamblea Nacional Constituyente con la idea de presentar cinco artículos que despenalicen y regulen el aborto en Venezuela, como medida de máxima. Y como medida de mínima, piden que se modifique el artículo 76 de la constitución actual para que se puedan abrir las puertas para debatir el aborto. “Nosotras a partir de la media sanción en Argentina tuvimos un gran impulso, sobre todo mediático, porque Argentina es de una población muy grande y las movilizaciones de las compañeras fueron enormes y marcaron un hito en el feminismo latinoamericano. Eso fue reseñado por todos los medios de comunicación. Cuando tenemos nuestro derecho de palabra en la ANC logramos tener una cobertura mediática que no habíamos logrado en los 28 anteriores ni en manifestaciones anteriores”.
Así, las mujeres venezolanas, subidas a la marea verde feminista que llega desde el cono sur, avanzan en los reclamos por sus derechos sexuales y reproductivos en un contexto adverso. “La verdad es que las mujeres abortamos, pero a muchos no les gusta reconocer que eso es una realidad y que no hemos logrado cambiar porque esté penalizado. Lo único que se ha logrado es que hayan más muertes y mujeres presas por decidir sobre su vida y sobre su cuerpo”.
Por el cumplimiento de las normativas
México – Costa Rica
Laura Andrade, de Ipas México, explica la situación de la normativa sobre aborto en su país: “En México, existe una Constitución Federal, regente para toda la nación; sin embargo, cada una de las 32 entidades federativas cuentan con sus propios marcos normativos autónomos que rigen los temas en cada entidad, incluyendo el de aborto. Hay entidades que cuentan con 6 causales y otras que tienen solo 2. Sólo en la Ciudad de México, la capital del país, existe el aborto electivo y despenalizado, además de 5 causales similares a las otras entidades”, sin embargo, la desinformación y el estigma social entorpecen el cumplimiento efectivo de estos derechos, “El sistema gubernamental de salud no genera campañas permanentes para informar al respecto y lo atribuimos al estigma social alrededor del tema. Nuestro trabajo encuentra limitaciones importantes, sobre todo frente a posturas personales de funcionarios públicos que se dicen contra la despenalización y que construyen barreras para que las mujeres no puedan acceder a procedimientos legales y seguros frente al vacío o las lagunas normativas que existen sobre todo en algunos estados más restrictivos.
Es por esto que en la actualidad, las organizaciones mexicanas reclaman la total despenalización y legalización en todo el territorio mexicano, no sólo en la capital. Esto se ve, además, agudizado por la existencia de comunidades originarias y problemáticas en el sub-registro de las cifras de aborto en el país.
Larissa Arroyo Navarrete, abogada especialista en derechos humanos en Costa Rica, integrante de la organización ACCEDER, explica un panorama similar en su país: “En Costa Rica, si bien es cierto que tenemos un marco legal que permite el aborto impune al menos en las causales de vida y salud (desde 1918), lo cierto es que no se ha cumplido nunca porque no hay una norma técnico protocolo y el personal de salud, primero que todo por un tema de costumbre institucional basado en el estigma y el desconocimiento técnico médico como jurídico pues hace que te nieguen el acceso al aborto impune o, bien, nada más de manera directa o indirecta o bien ni siquiera informando a las mujeres de que es una posibilidad, con lo cual no hay forma de reclamarlo.” Allí, además de la falta de cumplimiento, también opera la problemática de sub-registro, fundamental para la elaboración de cualquier tipo de política pública o actualización de normativas. “No tenemos absolutamente ningún tipo de información respecto de aborto, sobre todo de aborto clandestino”.
La prueba de lo que Navarrete dice se encuentra en los casos que representa de Ana y Aurora, dos mujeres a quienes en 2007 y 2012, no les permitieron acceder a un aborto, pese a que se los permitía la ley por correr riesgo su salud. El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Costa Rica en este momento está incumpliendo un acuerdo con la CIDH por estas dos mujeres, por eso estamos por hacer una denuncia ante la Corte por no cumplir con la creación de una norma técnica que permita que se aplique eficientemente lo que dice el Código Penal”, dijo ante NODAL la diputada del Partido Acción Ciudadana, Paola Vega. Ella reclamó al presidente Carlos Alvarado, de su mismo partido, “que los compromisos de campaña se cumplan a cavalidad”, tras declarar que es un tema que “distrae” de lo prioritario.
En Costa Rica no hay misoprostol ni un producto similar. “Se ha desaconsejado porque sino las mujeres lo usarían”, avisa Arroyo Navarrete a NODAL. Tampoco hay mifepristona. La técnica que se utiliza es el legrado, más conocido como raspaje, intervención que desde el 2002 la Organización Mundial de la Salud desaconseja por ser un método invasivo y costoso.
Ecuador: por el derecho a decidir en libertad
En Ecuador se está dando una batalla social por la despenalización social acompañado de una propuesta normativa que permita a las mujeres y personas gestantes decidir sobre sus cuerpos con libertad que fue presentada ante la Asamblea Nacional. Como explica Virginia Gómez, de la Fundación Desafío, quienes se oponen a estos reclamos “todo el tiempo están atacando y tratando de introducir el artículo que protege la vida desde la concepción. Estamos en esa lucha actualmente con la elaboración del nuevo Código de Salud en el cual han introducido este artículo y otro de objeción de conciencia, lo que dan ambigüedad y discrecionalidad a quien los consulta”.
Como en Perú, los movimientos feministas ecuatorianos avanzan sobre todo con el reclamo por la despenalización en los casos de violencias sexual, como forma de abrir el debate y romper con el tabú instaurado alrededor de la práctica: “Nuestro objetivo es abrir el debate nuevamente sobre aborto en caso de violación. Por ahora hay una propuesta ingresada que es la del Defensor Público, y sobre esa se ha permitido nuestra presencia. En un contexto de efervescencia política por los problemas de corrupción del gobierno anterior, los y las asambleístas están divididos y negociando sus posiciones sobre todo en nuestros temas. Eso se ve en la construcción del Código de Salud y en el proceso de reformas al Código Penal”.
