Héctor Vega
La clase política post-dictadura, tenía dos alternativas, una, definir un proyecto de poder, revolucionario socialista, que nunca se explicitó durante el gobierno de la Unidad Popular, o bien, renovar sus postulaciones primarias, según un proyecto socialdemócrata semejante al de las democracias europeas. Se eligió esto último pues era obvio que dada una opción reformista en alianza con el establecimiento, no se podía gobernar con el fantasma de Allende.
En los ‘80 en la lucha contra la dictadura, el acercamiento entre el PS-Almeyda y la DC, más la unidad de todos los sectores del socialismo, a los que se agrega el MAPU, en un solo partido socialista, termina la experiencia de la Izquierda Unida y la alianza socialista-comunista, para en una opción unitaria, facilitar el camino de la Concertación por la Democracia. Conglomerado que pavimentó el camino para un acuerdo constitucional que debía afrontar el plebiscito del 30 de julio de 1989, posterior al plebiscito del 5 de octubre de 1988 donde se impuso el NO.
Las propuestas que se presentaron en julio de 1989, fueron elaboradas por Renovación Nacional y la Concertación. La UDI, en la retaguardia del pinochetismo, alma de la civilidad que apoyó, administró y lucró con la dictadura, tomó distancias de las negociaciones, (no sin influir en los candados constitucionales que reinarían en el período concertacionista) que significaban prescindir de Pinochet como figura que ya había sido abandonada por EE.UU.
En lo fundamental las reformas se referían a las relaciones entre la civilidad que tomaba el poder y las FF.AA que habían apoyado la dictadura; central en ello fue respetar las privatizaciones, los quórums necesarios propios a un proyecto autoritario y que al mantenerlos en democracia aseguraban la estabilidad del régimen que se instauraba. El sistema binominal determinaba un campo de negociaciones necesario a cualquier reforma no prevista a la fecha del plebiscito constitucional de 1989. A ello se agregaba el monopolio de la prensa (Bando N° 15. 11 de septiembre de 1973), de El Mercurio y La Tercera de la Hora – dejándose de lado la prensa y revistas de la oposición que había proliferado en la década de los 80, Fortín Mapocho, La Época y revistas, como Análisis, Cauce, Apsi, Hoy, Página Abierta, Solidaridad, Mensaje y la Bicicleta – situación que refrendó el gobierno de Aylwin alegando que la mejor política del Estado era no tener prensa, es decir prescindir de la prensa amiga.
La viabilidad democrática, con un ejército aún comandado por Pinochet, permite a los concertacionistas, dejar de lado los simbolismos allendistas, esgrimiendo el temor a un desborde golpista, frente a cualquier postulación fuera de los términos negociados con la dictadura. El respeto al sistema económico diseñado por los Chicago Boys concretiza la opción que ya en el exilio había tomado el Partido Socialista con la llamada “Renovación socialista” – opción ideológica tributaria de las experiencias socialdemócratas europeas.
Fuera de la entente fundamental, Concertación-Renovación Nacional-UDI, la revolución allendista queda oficialmente en la sombra. Es ausente de las revueltas estudiantiles (2001, 2006, 2011, 2015….) como también lo es de los sucesivos programas presidenciales, de la era concertacionista, con los matices, no menores, de los períodos de Bachelet y Piñera.
La revolución pinochetista ya no se pretende cambiar, basta con matices de cambio, pues ni la pobreza, ni la ausencia de una previsión social moderna pueden ser erradicadas a menos de leyes sociales negociadas penosamente en el Congreso con la oposición. Esta vocación social, sin cambio de estructuras, manejable aún por la oposición de Derecha, caracteriza los años de la Concertación y del Frente Amplio.
La ley del mercado, el estatus privilegiado de las transnacionales del cobre, que durante un período de 10 años no pagan impuestos, el ensanchamiento de las privatizaciones, el poder de la banca privada, leyes tributarias que consagran un sistema donde las empresas no pagan impuestos, sino las personas, donde los impuestos indirectos, golpean a la masa consumidora (60% del total de los impuestos) y sobrepasan fácilmente el impuesto a la Renta (40%), en fin, conjunto de situaciones estructurales que se mantiene incólume y rige hasta hoy día.
Tres décadas después del triunfo electoral de la Concertación sobreviene la revuelta social de octubre de 2019 que plantea el malestar profundo de la sociedad y la necesidad de un cambio total. Sin embargo, no hay un programa, salvo un rechazo fundamental al estado de cosas. En definitiva, no existe en el pasado una referencia a la cual echar mano.
En el momento crítico del camino de las reformas durante la UP, Allende llamó a gobernar a los militares. La Reforma Agraria y la Nacionalización del Cobre, avanzaron en medio del sabotaje de la oposición de Derecha y la Democracia Cristiana. Sin embargo, el punto crítico se centró en el Área de la Propiedad Social donde los estrategas nunca fueron claros en determinar que se trataba de expropiar y nacionalizar un monto determinado de empresas. Sin una lista oficial que fijara las 91 empresas que circulaba como cierta, se agregaron otras, las de la oposición, sin oportunos desmentidos oficialistas. Se hablaba de 150 o 200. Hace algunos meses atrás El Mercurio (2023) publicaba que según fuentes de esa época la lista era en realidad de 300 (¿?).
El golpe de timón debía venir de Allende. Sin embargo, faltaban condiciones para que esto se diera a saber, el apoyo de la enorme masa de trabajadores, fuera de aquellos sindicalizados pertenecientes al sector moderno e intermedio de la economía. La incorporación a la nueva área social de la economía de las grandes y medianas empresas estaba asegurada. Su monto se cifraba en 350 mil trabajadores. El resto, 2 millones, pertenecientes a sectores tradicionales de la economía, trabajadores por cuenta propia, mujeres jefes de hogar, artesanos, cesantes, campesinos trashumantes, no integrados al proceso de la reforma agraria, comunidades indígenas, et cetera… Sin esa enorme masa desmovilizada era imposible apelar al Pueblo trabajador como sujeto de cambios.
En su mensaje final Allende se reclama como un luchador social, llama a seguir la lucha que en algún momento permitirá circular nuevamente al Pueblo por las grandes alamedas, por ello se dirige a la juventud, al obrero, al campesino, al intelectual a la mujer trabajadora; pero excluye a los partidos políticos. Esa lucha, no es cualquiera, no es impersonal, el sujeto que se encargará de llevarla a cabo, está claramente designado, son los trabajadores que “abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor”.
Pero de qué tarea se trata, pues las grandes reformas planteadas al día siguiente del triunfo, dividieron a la clase política, no hubo acuerdo, unos llamaban a “avanzar sin tranzar”, “consolidar avanzando”, otros entendían que la consolidación de los cambios significaba “ganar la batalla de la producción”. Era evidente la falta de acuerdo entre los altos mandos. Cuando el golpismo de centro y derecha arreciaba, las tareas quedaban entregadas a la iniciativa de la burocracia gubernamental que infiltrada por los grupos opositores era parte de la inacción y el sabotaje.
De hecho, Allende no dejó un proyecto de poder para ser asumido por quienes algún día se reclamaran de su herencia. Solo tuvo una intuición final, genuina, dramática, refrendada por su inmolación, cuando llama a los trabajadores a asumir la tarea por una sociedad mejor.
La Concertación y sus alianzas, en sus 30 años, llenó tomos de programa, pero la condición necesaria para su realización, fue siempre permanecer en los límites fijados por la revolución civil-militar negociada y refrendada en el Plebiscito de 1989. Eso se fue negociando en los últimos 30 años para, en definitiva caer en la reforma constitucional de Lagos (2005) que maquilla los candados de la primera hora. Pero no es solo la responsabilidad de este gobernante, PPD, antiguo radical, con reminiscencias de Gabriel González Videla, quien abre el camino de la Renovación Socialista, una pléyade de ex colaboradores del gobierno de la UP, desde el exilio elabora los compromisos con el gobierno norteamericano y con las transnacionales administradoras de los recursos naturales de Chile.
Conclusiones
1 El Plebiscito de julio de 1989 justifica en democracia, la continuidad del legado de la revolución pinochetista;
2 Boric es un hombre sin lecturas del pasado, no le interesan, pero, es consciente, primero como dirigente estudiantil, luego como diputado de Convergencia Social, que una nueva era de cambios debe realizarse. Su decisión, aún contra opiniones del Frente Amplio, del 15 de noviembre de 2019, luego del estallido (18 de octubre de 2019), quiebra todos los anhelos de cambio que algún momento tuvo. No olvidemos que Guillermo Teillier (presidente del Partido Comunista), había pedido la renuncia al presidente Piñera dada su incapacidad para resolver la crisis;
3 El gran vacío que deja el ejército desmovilizado de trabajadores de la época de Allende es el elemento clave de cualquier cambio fundamental. Elemento de mediano y largo plazo que nada resuelve, a menos de encontrarse en situaciones de poder. Es algo que en la práctica de los movimientos sociales es desconocido en Chile donde impera la “pura política”, aquella de la clase política, con apenas un 2% de aprobación del Pueblo de Chile. Apelar a este elemento clave, los trabajadores, es apelar a los cambios estructurales que la sociedad actual necesita.
Santiago, octubre 4 2023
