En las postrimerías de su gobierno Frei Montalva (1969) presentó un proyecto de Nacionalización pactada, que en un discurso al país (26 de junio de 1969) calificó como “un triunfo de Chile”, de una “profunda significación para la soberanía nacional y nuestra independencia económica”……..
En realidad, dicha nacionalización profundizaba las condiciones leoninas bajo las cuales se habían comprado las acciones de las empresas mineras, entregándoles el manejo de los yacimientos y la comercialización del mineral hasta que se completara la adquisición del 49% del capital. En carta abierta, el Comité Central del Partido Socialista a Frei, le reprochaba “nunca como ahora existía una mayor y más resuelta vocación nacionalizadora en nuestra Patria. Sin embargo, Ud., no ha querido hacerlo. Como nunca en nuestra historia, era posible todo para Chile. Ud., en cambio, optó por lo menos. La Anaconda se lo agradece, pero Chile no lo olvidará jamás”.
El Convenio no fue sometido a la aprobación del Congreso, pero sus cláusulas no hacían sino refrendar lo que algunos parlamentarios del Partido Demócrata Cristiano habían criticado pues en virtud de los Convenios quien iba a aprovecharse del aumento de precios eran las Compañías. Desde 1964 a fines del decenio el precio de la libra había subido de los niveles de 35 cents/lb a casi un dólar. Las críticas se reavivaron cuando el diputado democratacristiano, Narciso Irureta, denunció que la Anaconda había iniciado acciones para constituir una concesión minera de 400 mil hectáreas sobre los salares de Atacama y Tara, con importantes reservas de litio.
Mediante el Convenio el Estado de Chile, por intermedio de Codelco, adquiría el 51% de las acciones de dos subsidiarias de Anaconda a saber, Andes Copper Mining Co. a un valor de 34.091.970 dólares y Chile Exploration Co. a un valor de 140.494.800 dólares cantidades que representaban sus valores libro. No había deducciones. Para el pago Codelco firmó a favor de las compañías 24 pagarés (de la serie A) de cuotas semestrales sucesivas por el valor de un 24avo del precio de cada uno de ellas, a lo que debían agregarse los intereses del 6% anual sobre el saldo insoluto. El primero de los pagarés vencía el 30 de junio de 1970, el resto vencía en los semestres sucesivos, hasta el último con vencimiento el 31 de diciembre de 1981.
El 49% restante de las acciones, constituía una promesa de compra, cuyo pago se estipulaba también en 24 cuotas semestrales, mediante pagarés de serie B, cuyas fechas se fijarían a continuación del pago de la cuota final del precio de compra del 51%. En la promesa de venta se reconocía a Codelco una opción de compra que no podía ejercitar antes del final de 1972 ni después de vencido el plazo para el pago del precio del 51%, siempre que diera aviso con 6 meses de anticipación y que al ejercerla hubiere pagado a lo menos, el 60% del saldo adeudado por el 51%.
Según el convenio, las sociedades mixtas empezarían a operar el 1° de enero de 1970, pero la parte chilena participaba de las utilidades a partir del 1° de septiembre de 1969. Ellas llevarían, respectivamente, los nombres de Compañía de Cobre El Salvador S.A. y Compañía de Cobre Chuquicamata S.A.
El 49 por ciento restante podría ser vendido a la Corporación del Cobre, según un precio que debía ser determinado multiplicando el promedio de las utilidades anuales obtenidas por la sociedad respectiva en el período comprendido entre el 1° de enero de 1970 y la fecha en que se otorgaran los instrumentos de transferencia, por un factor indicado en una tabla especial, diverso para cada uno de los años siguientes, que iría variando según el año en el que se ejercitara la opción de compra por Codelco. Ese factor sería de 8 si el año fuere 1973 y bajaría gradualmente hasta 6 si la opción se ejercitaba en 1977 o en los años siguientes en que duraba la posibilidad.
Resulta arbitraria la diferencia entre la adquisición del 51 por ciento de las acciones y la compra del 49 por ciento cuya compra se comprometía. El valor libro de la empresa para la adquisición del 51 por ciento era una suma determinable sin complicaciones. El 49 por ciento sometido a utilidades en un horizonte de tiempo dejaba en indeterminación el monto que en definitiva debía pagar la parte chilena para adquirir la totalidad de la empresa.
La crítica de fondo era que las utilidades de los yacimientos se correspondían con las leyes y características de estos que eran propiedad del estado, puesto que su explotación estaba sometida al régimen de las concesiones que no transmitían el título de dominio a las empresas norteamericanas. La oposición a la nacionalización pactada argumentaba que lo que correspondía pagar eran las inversiones reales, apreciadas contablemente o las instalaciones y equipos aportados para la explotación, pero de ninguna manera el yacimiento.
Eduardo Novoa Monreal, abogado, negociador de la nacionalización del cobre del gobierno Allende, agregaba otras razones. “Anaconda había sido favorecida por extraordinarias franquicias, exenciones y otros tratamientos especiales, según los Convenios de 1964, que le reportaban un aumento de sus utilidades a costa del sacrificio del país, que se privaba de importantes recursos tributarios, cambiarios y de otro orden; y, ahora, esa ventaja iba a servir a Anaconda para que el Estado le pagara además un precio muy alto por el 49% de las acciones”.
Enseguida, como pese a la constitución de las sociedades mixtas, “sería Anaconda la que continuaría dirigiendo las operaciones de explotación en los minerales hasta que se formalizara la adquisición del 49%, le sería posible encauzar los trabajos en forma que le produjeran, en el momento oportuno, las utilidades que le aseguraran el mejor precio por su saldo de acciones. Hemos de ver más adelante – prosigue Novoa – que este temor era tan fundado, que al recibir el Estado en 1971 las minas de Anaconda, como consecuencia de la nacionalización integral impuesta ese año por el gobierno de Allende, se comprobó un manifiesto deterioro de ellas por haber explotado las compañías extranjeras la parte más rica de los yacimientos. Finalmente, todos los cálculos que hacían los entendidos, conjugando las diversas variables que debían tenerse en cuenta para determinar el monto efectivo que tendría el precio de adquisición por el Estado del 49% de las acciones que retenía Anaconda, conducían a resultados muy altos, que significaban un oneroso gravamen para el Estado y un injustificado premio para Anaconda” (Op. cit. p. 60).1
Entre las cláusulas del acuerdo, la mina Exótica (Chile Exploration Co., filial a 100% de The Anaconda Co.) quedaba excluida por 90 años; se firmaban además acuerdos de “asesoría”, cuya misión era de negociar las ventas del cobre en el exterior, administrar y hacerse cargo de la dirección técnica, por lo que quedaba a su arbitrio la designación de ejecutivos y técnicos de alto nivel. Teniendo en cuenta el control de las compañías mineras de los mercados internacionales y por tanto de las sumas que se obtenían con las ventas de cobre. El margen de maniobra era nulo tanto desde el lado de la comercialización del cobre como de los cargos claves de las compañías que quedaban en poder de los norteamericanos. Novoa concluye, que “mientras Chile no pagara precios excesivos para comprar el total de las empresas de El Salvador y Chuquicamata, todo seguiría de hecho casi igual que antes, con la diferencia que Chile empezaba a pagar el valor del 51% de las acciones prácticamente de inmediato”.
La oposición del partido Demócrata Cristiano a estas cláusulas determinó que Frei en su Mensaje presidencial del 21 de mayo de 1969, incluyera, a última hora la frase que el gobierno debía “revalorizar la participación del Estado en los mayores precios”, puesto que en la chilenización no se había logrado “en algunos casos”, y reiteraba además que se oponía a la nacionalización.2
Aires de fronda se respiraban en el partido de gobierno pues a comienzos de 1968 los diputados Vicente Sota y Luis Maira presentaron una moción en el proyecto de reajuste de remuneraciones a los funcionarios públicos en virtud de la cual se reservaba al Estado la totalidad de las sumas que se obtuvieran de una venta de cobre por sobre el precio de 40 centavos de dólar la libra.
Primó finalmente la línea de Frei en la Junta Nacional de Peñaflor del partido, cuyo argumento central fue que en los Convenios del Cobre ya se había aceptado la idea de establecer a las compañías un impuesto único a la renta. Imponer un gravamen sobre la venta, habría significado, según Frei, crear dificultados para la obtención de créditos externos.3 Frei se convertía así en mandatario de las Compañías para obtener créditos ante la banca internacional.
Santiago, diciembre 9, 2024
NOTAS
1 En la misma lógica ver, Luis Maira. El Camino a la Nacionalización del Cobre, en Revista de Derecho Económico, N° 29 y 30 de octubre de 1969 a marzo de 1970, 2ª. Parte: La Nacionalización Pactada, pp. 65 a 73 y 84 a 90.
2. Eduardo Novoa Monreal. La batalla del Cobre p. 56.
3. Consejo Plenario del Partido Demócrata Cristiano. Abril de 1966. La propuesta fue publicada en Luis Maira, El Camino a la Nacionalización, Op. cit. Citado en Eduardo Novoa, Op. cit. pp. 54, 55.
La pregunta que nos hacemos las personas de a pie, y que poco sabemos de leyes, pero igual nos parece raro : ¿por qué en Chile estudian tanto, y llenan las paredes de cartones, con doctorados en otros países, ingenierías de un cuanto hay, cambian hasta la forma de caminar, y se creen el hoyo del queque como se decía antes, si al final de cuentas los recursos naturales los terminan explotando, y administrando compañías extranjeras que casi siempre se llevan la mayor parte de las ganancias y nos dejan un hoyo inundado de agua que no sirve para nada? ¿ no será que nos acostumbramos a que nos hagan otros la pega, y que somos unos incapaces que con suerte le pegamos a la pelota no mas? No quiero pensar que con esa lógica se prefiere privatizar todo. Podríamos decir que Allende fue una excepción y apostó a que sí éramos capaces. Y todos sabemos quien se lo empidió (improperios). Pero ahora se nos presenta otra oportunidad con el litio, y seguimos privatizando (improperios). No quiero pensar que la raza es la mala. Tenemos minería, campo, mar, turismo, cocina, textil, artesanía, industria, carreteras, y demás. Si la derecha asegura que privatizar es lo mejor para la economía, entonces ¿ por qué todavía se llueven los baños en los colegios? (improperios) y ¿ por qué con dos gobiernos de Piñera no se redujo la brecha entre ricos y pobres?(más improperios).