Le Monde Diplomatique, Edición Chilena 30 de marzo de 2023
Sobre la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la Ley que establece la presunción de legítima defensa o de “legítima defensa privilegiada”, llamada también ley Nain-Retamal o “gatillo fácil”, la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras NO+AFP, declara:
Nos preocupa que se apruebe una ley cuyo propósito principal, más que enfrentar la delincuencia, sea darle carta blanca a la policía para limitar y reprimir indiscriminadamente la protesta social, permitiendo, incluso, sin mayores consecuencias penales para sus autores, asesinar y mutilar a manifestantes, como ya ocurrió durante octubre de 2019.
Entregar más poder a una institución responsable de las graves violaciones a los DDHH durante el estallido social, sin antes efectuar una reestructuración de esa Institución tal como prometió Gabriel Boric, es irresponsable. Según cifras de la Fiscalía y del INDH compiladas por Amnistía Internacional (AI), son más de 8.000 las víctimas de violencia estatal durante el estallido, principalmente por parte de Carabineros, con más de 440 casos de trauma ocular, quienes aún no hallan justicia. Resulta además, inexcusable que la Cámara de Diputados conociendo y teniendo en cuenta los casos de corrupción del alto mando, en los que figura un mega fraude que superaría los 28.000 millones de pesos continue reforzando a Carabineros sin antes resolver todos los casos de falta de probidad.
Como parte del movimiento social que reclama derechos sociales, nos preocupa que estos poderes entregados a una institución que, en su seno, insistimos, aun no logra dar claridad sobre los actos de corrupción, termine utilizando esos poderes contra aquellos que luchan en la arena política y social por restituir derechos, más que en la delincuencia.
Nos parece gravísimo que congresistas que se reclaman de izquierda hayan concurrido con su voto o con la abstención a validar esta norma, han entregado una licencia a las fuerzas policiales para que en cualquier contexto puedan agredir, lesionar o matar a quienes protesten por derechos. Los políticos de “izquierda” que validaron esto han cometido una falta gravísima contra el pueblo.
Aun es momento de corregir esta aberración histórica, el Senado tiene aún la opción de no aprobar y el Presidente puede y debe usar el veto para impedir la consagración de este error y evitar así, que la democracia no entre en una espiral aún más violenta de la que se encuentra actualmente.
Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras NO+AFP.
Santiago, 30 de marzo de 2023
