Cuando el poder se ve amenazado, no responde con verdad: responde con maniobras. La investigación dirigida contra la familia de Julia Chuñil aparece como un gesto desesperado de un aparato institucional que necesita producir sospechosos antes que esclarecer responsabilidades reales. No es justicia: es administración del conflicto.
En contextos donde existen intereses económicos ligados al extractivismo, a la expansión forestal y a la concentración de la tierra, la desaparición o el hostigamiento contra defensores territoriales nunca ocurre en el vacío. Ocurre en un campo de fuerzas donde el capital presiona, los medios encuadran el relato y el Estado muchas veces actúa más como garante del orden que como protector de derechos. Cuando la investigación se dirige hacia la propia familia de la víctima, el mensaje es claro: desviar el foco.
Este mecanismo no es nuevo. Se construye una narrativa que fragmenta, sospecha y aísla. Se introduce la duda sobre el entorno cercano para sembrar desconfianza social. Así, la discusión deja de girar en torno a los posibles responsables estructurales —quienes detentan poder económico, territorial o político— y pasa a convertirse en un drama doméstico. La estructura desaparece del análisis; queda solo la sospecha individual.
En sociedades atravesadas por profundas desigualdades, la hegemonía no se impone solo con fuerza material, sino también moldeando el sentido común. Cuando se instala la idea de que “todo puede ser un asunto familiar”, se naturaliza la impunidad estructural. Se protege al sistema mientras se expone a los más vulnerables. Es una estrategia clásica: convertir a las víctimas en sospechosas, y a los conflictos políticos en problemas privados.
Además, dirigir la investigación hacia la familia tiene un efecto disciplinador. Envía una señal al resto de las comunidades: cuestionar el modelo económico puede tener costos personales y colectivos. No se necesita una condena para producir miedo; basta con el proceso, con la sospecha pública, con la exposición mediática.
Si se quiere verdad, la investigación debe orientarse hacia las redes de poder que históricamente han operado en los territorios en disputa. Debe examinar conflictos de tierra, amenazas previas, intereses económicos, estructuras de protección política. Cualquier otra cosa corre el riesgo de convertirse en un “volador de luces”: una distracción cuidadosamente instalada para preservar la estabilidad del orden dominante.
La justicia auténtica no busca chivos expiatorios. Busca responsabilidades reales. Y en casos donde existen tensiones territoriales profundas, mirar hacia la familia antes que hacia el poder económico es, al menos, una decisión que exige explicación.
Porque cuando el foco se desplaza demasiado rápido hacia quienes menos poder tienen, lo que está en juego no es solo una investigación: es la verdad misma.
