por Elisa Neumann
Estamos próximos a un nuevo aniversario del Golpe de Estado, y vale la pena hacer un poco de historia. La acción militar sin duda fue producto de la injerencia del imperialismo en la región, pero jugaron también un importante papel la acción sediciosa y desestabilizadora del Partido Nacional y la Democracia Cristiana. Los primeros en sus actuales expresiones han condenado tibiamente las violaciones a los derechos humanos, aun cuando las han justificado. En el caso de la D.C su condena ha sido tajante, pero desconozco que hayan efectuado un análisis público y exhaustivo del fatal papel jugado. Es decir, ambos conglomerados políticos, que suelen condenar la violencia venga de donde venga, no vacilaron ni un segundo en emplearla. La historia muestra que al no lograr obtener los 2/3 del parlamento, en las elecciones de 1973, lo que impedía acusar constitucionalmente a Allende, descartaron la vía legal para desencadenar todo tipo de obstrucciones y acciones sediciosas, creando un clima de inestabilidad que justificara el Golpe Militar. Justificaciones que han sido sostenida durante el curso de la transición. Se insiste y reitera que el clima de polarización y beligerancia habría obligado a las FFAA a actuar.
En estos tiempos de acuerdos y consensos, vale la pena volver a mirar la Batalla de Chile, de Patricio Guzmán.[1]. Es posible apreciar un pueblo combativo, con convicciones, decidido a defender su patria y libertad. Enfrentan con entereza, alegría y compromiso la actitud sediciosa con que ambos partidos desestabilizaban al Gobierno de Allende.
La subjetividad popular que aunaba a campesinos, soldados, mineros mujeres, empleados y obreros era resultado de las luchas en por justicia y participación social. Estos sectores, durante largo tiempo excluidos y postergados, experimentaron la alegría de ser constructores de su y la historia. Los entrevistados hablan a las cámaras con convicción y felicidad, rostros que sólo en raras ocasiones hemos logrado vislumbrar en el Chile post-dictatorial.
Justamente, el sentido de la violenta represión desencadenada durante 17 años tenía como objetivo destruir esta subjetividad popular. Subjetividad que infundió valor y coraje para que cientos de miles de chilenos y chilenas anónimas vertebraran redes sociales de apoyo y resistencia a la dictadura. La persecución, tortura, muerte y desaparición tenía como sentido último la destrucción de una subjetividad rebelde, que soñaba con la construcción de un orden socialista y comunitario. Gracias al terror se produjo el repliegue de la población a su mundo privado e íntimo, conformando una masa de individuos dóciles, conformistas, cuyo único sentido de inclusión es vía el endeudamiento y el consumo.
El programa de la Concertación y su democracia de los acuerdos no sólo implicó la continuidad del modelo neoliberal. Buscó también mantener el modelo biopolítico de disciplinamiento, heredado de la dictadura. Desplegó estrategias diversas para encauzar, y subsumir la energía rebelde que hizo posible poner término a la dictadura militar. Aquellos que no lograron ser sometidos y se resistieron a las políticas de transacciones y concesiones, pagaron con la cárcel de alta seguridad.[1]. Al igual que en dictadura, serían tratados como delincuentes altamente peligrosos.
Los gobiernos postdicatoriales, no solo persiguieron a quienes se opusieron al festín de pactos, acuerdos y consensos. También han dejado abandonados a sus suerte a más de 112.094[1] prisioneros políticos, torturados por su lucha en pos de recuperar la democracia. La Comisión Valech les negó esa condición a varios miles de ellos, y son muchos más los que se negaron a testificar, pues el miedo a ser perseguidos sigue vigente. No han efectuado ninguna investigación exhaustiva para ubicarlos, ni mucho menos para investigar y sancionar a los culpables. Los antecedentes recabados en la Comisión permitirían identificar agentes, unidades operativas y modos de accionar.
A modo de encubrir esta abyecta realidad, se prefirió la maniquea versión del dedo acusador de Lagos, y la derrota con un lápiz, en las urnas, de la dictadura. ¿Será mera coincidencia con la realidad actual?
Hoy también tenemos líderes rebeldes, desafiantes, con gestos y modales que rompen con lo establecido. Los mismos que después firman acuerdos a espaldas del pueblo, y se presentan como constructores del diálogo y encuentro entre sectores diversos. Misma necesidad de diálogo y diversidad que le dio espacio a la derecha en la mesa de la Convención, aún cuando no tenían suficiente representatividad para estar allí.
Y una vez más, se olvida a quienes hicieron posible este avance democrático. Se los califica de violentos, delincuentes, peligrosos, a quienes se debe mantener, sin pruebas suficientes, en largas prisiones preventivas. Muchos de ellos absueltos cuando logran que su caso sea examinado por la Justicia. Se los culpa de incendios, saqueos y agresiones a carabineros. A pesar de que cada vez que estos hechos han sido investigados se ha demostrado la presencia de carabineros que actúan como agentes encubiertos.
Quienes condenan la violencia venga de donde venga, sólo justifican la que ellos ejercen en aras del orden y la paz social. Sin embargo, no tienen ningún cargo de conciencia para emplearla en contra de quienes hacen uso de la sana rebeldía para cambiar el sistema, que los violenta día a día. Un sistema que niega los derechos a la educación, salud, vivienda, protección social no puede sino ser calificado de violento. Sistema que siempre emplea la represión y violencia directa en contra de los oprimidos cuando intentan cambiarlo. Y finalmente, está la violencia cultural y simbólica que connota de delincuentes peligrosos a los rebeldes, justificando su represión y encarcelamiento. Todas estas formas de violencia las hemos padecido desde 1973 a la fecha. Hoy se expresa en la injusta prisión de cientos de jóvenes.
Todas y todos tenemos la esperanza que la Convención cambie esta realidad que nos violenta, pero ello no será posible si no se sostiene la movilización y se exige a los constituyentes que respeten la voluntad popular.
¿Será posible sostener la presión y movilización social, si por el sólo hecho de salir a protestar se puede permanecer en prisión preventiva hasta 2 años preso?
Todos los políticos de oposición sin son efectivamente demócratas, como dicen serlo, debiesen aprobar con celeridad la Ley de Indulto. De lo contrario estarían avalando la tortura y persecución en contra quienes han hecho uso de su legítimo derecho a la protesta. El art 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala: “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”
Y eso ocurre hoy en día en nuestro país.
No hay democracia posible con presos políticos encarcelados.
[1] Patricio Orellana(2015). En: “La represión en Chile, 1973-1989” Estudio en que se cruzaron las bases de datos de diversos organismos de derechos humanos,
[1] Léase la investigación del Dr. Pedro Rosas: Rebeldía, subversión y prisión política.
[1] Disponible en ondamedia.cl (plataforma gratuita, con excelentes películas)
https://www.cacerola.org/post/la-historia-se-repite-derechos-humanos-y-violencia
