La figura de Evo Morales no puede entenderse simplemente como la de un exmandatario; representa un ciclo histórico donde las mayorías indígenas y populares irrumpieron en el Estado boliviano, alterando la arquitectura de poder que durante siglos administró la oligarquía. Por eso, el ataque contra su imagen no es solo jurídico: es profundamente político y simbólico.
Desde una lectura crítica, la llamada “ultra derecha” boliviana —articulada en sectores empresariales, jerarquías conservadoras y aparatos mediáticos concentrados— no combate únicamente a un individuo, sino a lo que él encarna: la nacionalización de recursos estratégicos, la redistribución del excedente y la descolonización del Estado. Cuando un proyecto popular amenaza la estructura histórica de privilegios, la respuesta no suele limitarse a la disputa electoral; se desplaza al terreno moral y penal.
Las acusaciones por delitos graves, como agresiones sexuales, operan en ese contexto como dispositivos de guerra discursiva. No corresponde afirmar culpabilidades ni inocencias fuera de los tribunales, pero sí es legítimo analizar cómo ciertos aparatos de poder convierten la sospecha en condena mediática anticipada. La construcción de sentido común —esa fábrica cotidiana de consenso— es el campo donde se libra la batalla por la hegemonía. Y allí, la repetición, la amplificación selectiva y la espectacularización cumplen una función disciplinadora.
En Bolivia, tras la crisis política de 2019, la polarización se profundizó. Sectores alineados con el gobierno transitorio de Jeanine Áñez impulsaron narrativas que buscaban cerrar el ciclo político del Movimiento al Socialismo no solo en las urnas, sino en la legitimidad histórica. Desacreditar moralmente a su líder era —y es— una forma de intentar clausurar su capital simbólico.
Desde una perspectiva crítica del poder, el sistema mediático no es un actor neutral: selecciona, jerarquiza y encuadra. La acusación, incluso antes de ser probada, puede convertirse en sentencia social. Así opera la disciplina moderna: no siempre con tanques, sino con titulares. La disputa no es solo jurídica, es cultural. Se trata de instalar la idea de que el proyecto popular fue, en esencia, corrupto o inmoral.
Eso no implica negar que toda denuncia deba investigarse con rigor y respeto a las víctimas. Las agresiones sexuales son delitos gravísimos que exigen justicia. Pero también exige rigor democrático evitar que el sistema penal sea instrumentalizado como arma política. La defensa del debido proceso no es un privilegio de líderes, es un principio universal.
En síntesis, la persecución o desacreditación de Evo Morales debe leerse dentro de una lucha más amplia por la hegemonía en Bolivia: una pugna entre bloques sociales con proyectos antagónicos. Cuando el poder se siente desplazado, intensifica su ofensiva cultural y moral. La pregunta de fondo no es solo jurídica, sino histórica: ¿quién define la verdad pública y en nombre de qué intereses?
Desde una lectura crítica, la llamada “ultra derecha” boliviana —articulada en sectores empresariales, jerarquías conservadoras y aparatos mediáticos concentrados— no combate únicamente a un individuo, sino a lo que él encarna: la nacionalización de recursos estratégicos, la redistribución del excedente y la descolonización del Estado. Cuando un proyecto popular amenaza la estructura histórica de privilegios, la respuesta no suele limitarse a la disputa electoral; se desplaza al terreno moral y penal.
Las acusaciones por delitos graves, como agresiones sexuales, operan en ese contexto como dispositivos de guerra discursiva. No corresponde afirmar culpabilidades ni inocencias fuera de los tribunales, pero sí es legítimo analizar cómo ciertos aparatos de poder convierten la sospecha en condena mediática anticipada. La construcción de sentido común —esa fábrica cotidiana de consenso— es el campo donde se libra la batalla por la hegemonía. Y allí, la repetición, la amplificación selectiva y la espectacularización cumplen una función disciplinadora.
En Bolivia, tras la crisis política de 2019, la polarización se profundizó. Sectores alineados con el gobierno transitorio de Jeanine Áñez impulsaron narrativas que buscaban cerrar el ciclo político del Movimiento al Socialismo no solo en las urnas, sino en la legitimidad histórica. Desacreditar moralmente a su líder era —y es— una forma de intentar clausurar su capital simbólico.
Desde una perspectiva crítica del poder, el sistema mediático no es un actor neutral: selecciona, jerarquiza y encuadra. La acusación, incluso antes de ser probada, puede convertirse en sentencia social. Así opera la disciplina moderna: no siempre con tanques, sino con titulares. La disputa no es solo jurídica, es cultural. Se trata de instalar la idea de que el proyecto popular fue, en esencia, corrupto o inmoral.
Eso no implica negar que toda denuncia deba investigarse con rigor y respeto a las víctimas. Las agresiones sexuales son delitos gravísimos que exigen justicia. Pero también exige rigor democrático evitar que el sistema penal sea instrumentalizado como arma política. La defensa del debido proceso no es un privilegio de líderes, es un principio universal.
En síntesis, la persecución o desacreditación de Evo Morales debe leerse dentro de una lucha más amplia por la hegemonía en Bolivia: una pugna entre bloques sociales con proyectos antagónicos. Cuando el poder se siente desplazado, intensifica su ofensiva cultural y moral. La pregunta de fondo no es solo jurídica, sino histórica: ¿quién define la verdad pública y en nombre de qué intereses?
