Por Luis Rivas
El virus republicano vuelve a despertar en España en medio de la crisis por la pandemia que asola al país, alimentado por las acusaciones de presuntas irregularidades económicas cometidas por el padre del rey Felipe VI.
No es, por supuesto, la prioridad de las preocupaciones de los españoles, pero en situaciones de emergencia como la que se vive por la epidemia provocada por el COVID-19, la crisis de la monarquía es aprovechada por algunos partidos políticos y por las formaciones independentistas vascas y catalanas.
Es ya un tópico decir que el «rey emérito», Juan Carlos I, es el mejor aliado de los republicanos españoles. En plena crisis sanitaria y, por consiguiente, económica, nuevas informaciones sobre la presunta entrega de 65 millones de dólares a su examiga íntima, Corinna zu Sayn Wittgenstein, provenientes de un pago de 100 millones de parte de Arabia Saudí, obligaron a Felipe VI a hacer pública su renuncia a herencia alguna y a cancelar la asignación de 194.000 euros al año que su padre, Juan Carlos I, recibe del erario.
Independientemente de las maniobras que desde hace años implican a las llamadas cloacas del Estado y a intereses particulares y políticos de todo tipo, las presuntas ilegalidades cometidas por Juan Carlos de Borbón son ya ineludibles para ser aclaradas públicamente. De lo contrario, seguirán siendo pasto de la demagogia y munición de guerra de los enemigos de la unidad nacional, que es lo que según la Constitución representa la figura del monarca.
La presunta conducta ilegal de Juan Carlos I, su trabajo de «lobby» en el exterior para obtener contratos —a cambio de comisiones— para firmas españolas es algo que durante años no había sido objeto de escándalo e, incluso, se aplaudía en muchos sectores. Era una práctica que todos los gobiernos del mundo ejercían hasta que una nueva época de transparencia y moralidad se ha impuesto, al menos en algunos países europeos.
Escándalos en cadena
En España, durante décadas, se enviaba al Rey como arma económico-diplomática para aprovechar sus contactos internacionales, más efectivos que los de los diferentes gobiernos de turno. Las monarquías del Golfo eran el primer destino y el origen de uno de los últimos grandes contratos, el del tren de alta velocidad obtenido por España en Arabia Saudí.
¿Hubiera saltado el escándalo si no se hubiera filtrado el supuesto beneficio personal del «rey emérito» y el generoso supuesto regalo a su examante despechada que lo denunció? ¿Hubiera protestado alguien si Juan Carlos I no hubiera recibido nada a cambio de conseguir un negocio millonario para su país? ¿Habrían criticado su conducta si la comisión recibida no se hubiera ocultado en un paraíso fiscal?
Puede parecer muy cínico ahora que todos, ciudadanos, periodistas y políticos españoles nos hemos convertido a la virtud. Tan cínico como hipócrita la actitud de los que aprovechan la crisis de la Monarquía para obtener beneficio político en plena crisis sanitaria.
Independientemente de los interesas partidistas, cierto es que el heredero de Juan Carlos I no lo ha tenido fácil, especialmente por los escándalos protagonizados por su familia. A la conducta de su padre hay que añadir la de su hermana Cristina, acusada de delitos fiscales de los que fue exonerada, y la de su cuñado, Iñaki Urdangarín, que fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión. La herencia de escándalos es más amplia que la pecuniaria.
«Unidas Podemos» y los partidos independentistas que han apoyado la investidura del socialista Pedro Sánchez han aprovechado el último episodio de la crisis dentro de la familia real para su propio rédito político. En el caso de la formación que lidera Pablo Iglesias ello supone un nuevo desafío a su socio de coalición gubernamental.
El dilema de los socialistas
Iglesias nunca ha ocultado su deseo y su empeño por el retorno de la república. El PSOE defiende el pacto de la Transición que, como el Partido Comunista de la época, aceptaba la monarquía parlamentaria, aunque ello no implicaba la renuncia a sus ideales republicanos. La compañía en tareas de gobierno de un partido más a su izquierda y sin los compromisos del pasado le obliga a hacer equilibrios para no quedar desbordado en un debate que tarde o temprano deberá abordar.
Para Felipe VI el futuro será un constante desafío. Cuenta con un apoyo político que está por encima del debate sobre el tipo de régimen. Tiene también la adhesión de muchos ciudadanos que ven en él el último freno al separatismo. La crisis del COVID-19 le obligó a dirigirse a la nación en una situación forzada, en plena polémica sobre las acusaciones contra su padre y ante la protesta con golpes de cacerola de algunos miles de españoles.
Desde que asumió la corona precipitadamente ante la renuncia de Juan Carlos en 2014, Felipe VI camina con pies de plomo para mantener la monarquía a flote. No le ayuda una comunicación esclerotizada y rígida. Pero es difícil encontrar a alguien que escriba discursos como los de Winston Churchill para cada crisis.
España es uno de los países que más está sufriendo la epidemia del coronavirus. Como consecuencia de ello, las perspectivas económicas para el futuro no son nada esperanzadoras. La opinión pública tiene y tendrá preocupaciones más importantes que el debate sobre la monarquía o la república, pero la guillotina política seguirá siendo afilada y engrasada por los abolicionistas, pendientes de un nuevo escándalo.
