por Luis Mesina
Durante mucho tiempo los representantes de las diferentes instituciones del país,
en especial, la “clase política” alardeaban respecto de que Chile, a diferencia de
los países de la región, no era un país corrupto. Existía una obsesión permanente
por denostar a los demás países, en particular a los países vecinos, del que nos
comparábamos frecuentemente haciendo alusión a que nosotros y no ellos,
éramos un país con políticos e instituciones serias, impolutas, irreprochables. Una
arrogancia que nos granjeó muchas veces la antipatía de países latinoamericanos.
El discurso de que éramos distintos formó parte de la estrategia comunicacional
con que la Concertación de Partidos por la Democracia asumió la dirección del
Estado en 1990. Para ello, había que desprenderse lo más rápido posible del
legado que le antecedía, no era fácil, 17 años de dictadura en la que la corrupción
de las instituciones del Estado fue una constante, requería cirugía mayor.
La Concertación en su programa y antes de asumir la dirección del gobierno,
había prometido recuperar para el Estado ciertos bienes públicos; empresas
estratégicas privatizadas de manera oscura; medios de comunicación; derechos
sociales convertidos en negocios, etc. Al finalizar el gobierno de Patricio Aylwin
nada de ello se cumplió, y se optó, en esos cuatro años, por dar completa
continuidad a lo impuesto bajo la dictadura, en especial al modelo económico.
La transgresión al programa prometido fue el primer acto de quebrantamiento de
la confianza que el pueblo había depositado en los nuevos gobernantes. De ahí en
adelante, un periodo largo denominado de transición, se optó por el consenso,
ahogando con ello la verdadera democracia, y de paso, se validaron las formas
espurias con las que gobernó la dictadura, al dejar completamente en la
impunidad muchos actos contravenientes de la función pública, entre ellas, el
saqueo que se hizo al Estado.
Fue quizá, el primer acto de corrupción en que toda la “clase política” estuvo de
acuerdo. A la derecha le convenía, no se investigaría el pasado, tampoco el
patrimonio que habían adquirido de manera ilegítima muchos empresarios afines a
ella. La izquierda, esa “renovada”, comenzaría así, su proceso de conversión en la
que muchos de sus insignes dirigentes terminaron renegando de su pasado, para
abrazar completamente la filosofía neoliberal que sustenta hasta hoy el modelo
económico y político.
En Chile, se vienen sostenidamente corroyendo las instituciones del país. En
realidad, no es el país, sino su clase dirigencial, es la oligarquía, es el sector más
grande del empresariado, que elude y evade impuestos, que se colude para
estafar, que soborna a políticos, jueces, fiscales y, que a pesar de lo impactante
que pueden significar esas prácticas espurias, en la mayoría de los casos,
permanecen en la impunidad o pagan penas que resultan irrisorias para la
ciudadanía.
La corrupción comenzó hace bastante tiempo, el caso de MOP-Gate bajo el
gobierno de Ricardo Lagos develó los vínculos de la empresa Gate, con
funcionarios del Ministerio de Obras Públicas para financiar campañas políticas,
luego se descubrió que había empresas que se adjudicaban contratos y a cambio,
se pagaban sobresueldos. El tema se selló en un acuerdo entre Lagos y
Longueira, en ese entonces presidente de la UDI, que impidió un derrotero más
grave para el gobierno. La corrupción se tapaba con un acuerdo.
Se imponía así, un estilo, una práctica de resolver controversias reñidas y
contrarias a la probidad publica a “puertas cerradas”, por fuera de la “justicia”,
práctica que, por supuesto no se corresponde con el ordenamiento jurídico, toda
vez que los políticos no tienen facultades ni competencias para resolver materias
propias del poder judicial. Dejar que las “instituciones funciones”, como señaló
Ricardo Lagos, no pasó de ser un slogan, pues en realidad, cuando de salvar el
“pellejo” se trata, los contubernios operaron saltándose las instituciones.
Le seguirían otros hechos emblemáticos, el “caso coimas” más conocido por el
nombre del subsecretario de transporte de la época Patricio Tombolini. Luego el
caso Inverlink a comienzos de 2003, que involucró a la secretaria del presidente
del Banco Central, Carlos Massad. Luego el caso de EFE que reveló
irregularidades en los planes trienales de la empresa, donde se estableció
millones de pesos de fraude al fisco.
En 2014 bajo el gobierno de Piñera el caso Penta remeció a la opinión pública, se
conoció un plan coordinado para defraudar al fisco, financiar ilegalmente a la
política y corromper a funcionarios públicos llevada adelante por los empresarios
Carlos Délano y Carlos Lavín y el subsecretario Pablo Wagner, las condenas que
debieron pagar por esos delitos aún provocan indignación. La intervención del
Fiscal Nacional de la época fue determinante, “hay que evitar que los efectos de
este caso no terminen produciendo desequilibrios en las fuerzas políticas del
congreso”, en una clara e impúdica intervención a favor de los querellados.
Luego, bajo el gobierno de Bachelet el caso Caval generó mucho ruido y develó
los vínculos que el gran empresariado establece con la política para someterla a
sus intereses. Este caso, sería apagado por otro de mayor connotación pública
que involucraba al ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou en el financiamiento
ilegal a la política a través de SQM, en la que aparecían políticos vinculados al
Partido Socialista y Demócrata Cristiano. El poder hizo todo para que esta
investigación no continuara, movieron todos los hilos de la política y finalmente el
manto de impunidad, una vez más terminó imponiéndose.
Todos estos casos han tenido un efecto concreto contra la población. En todos
ellos, se ha burlado la justicia, se ha afectado el erario nacional con la evasión de
impuestos y, lo más grave, se ha dañado la fe pública
Como se verá, la corrupción avanza en aquellas sociedades donde existe
impunidad para el delito, avanza donde los corruptos evalúan que la pena por
cometer actos reñidos con la ley, son proporcionalmente menores que los
beneficios que esos actos les reportan. Al final, la corrupción como siempre está
vinculada a los negocios.
Esta semana estamos siendo testigos del proceso que se sigue contra el abogado
Luis Hermosilla. Son cientos de millones de pesos los que están involucrados,
incluso miles de millones. Demuestran lo impúdico que puede llegar a ser la
conducta de algunos sujetos cuando son víctimas del dinero fácil. Este caso, está
poniendo en el centro del debate la connivencia que existe entre la política y el
dinero sucio.
Al mismo tiempo, está develando el peligro por el que atraviesa actualmente la
sociedad chilena. No es una, sino todas las instituciones del Estado las que se han
visto involucradas en actos flagrantes de corrupción. Y son el caldo de cultivo para
que los delincuentes de “poca monta”, puedan encontrar argumentos para
continuar delinquiendo, pues si los de arriba lo hacen y reciben penas irrisorias,
porque los de abajo no pueden masificar esa forma ilegítima de saltarse las reglas.
Delinquir y obtener dinero sucio sin consecuencias que pagar se está convirtiendo
en una práctica que se extiende peligrosamente en nuestro país.
Si bien la corrupción no comenzó ahora, el caso “Hermosilla” puede ser la gota
que rebasa el vaso y, puede ser al mismo tiempo la oportunidad para que nuestro
país detenga la vorágine de corrupción en que ha caído. Para ello será necesario
conocer toda la verdad, saber quiénes pidieron favores, quienes actualmente son
ministros y fiscales por gestiones de Hermosilla y, por sobre todo, será necesario
que caigan todos, en especial que caigan los más poderosos, de lo contrario, si
triunfa la impunidad, Chile, definitivamente habrá caído en la total pudrición, y ya
no habrá motivos para continuar pavoneándose ante nuestros vecinos de que
somos distintos, pues la descomposición moral de nuestra sociedad nos habrá
arrojado a la misma cloaca en que se hallan los países corruptos.
