El presidente de la CLATE, Julio Fuentes, habló este viernes 14 de junio ante la sesión plenaria de la 108ª Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra. En su discurso, defendió la necesidad de un Estado fuerte para garantizar trabajo decente y justicia social, denunció la persecución sindical y las reformas regresivas que se están implementando en nuestra región, y se solidarizó con los trabajadores del Uruguay, luego de la inclusión de ese país en la lista corta de OIT. A continuación, reproducimos la intervención completa del titular de la CLATE.
Prensa CLATE
Discurso del Presidente de la CLATE, Julio Fuentes,
ante la 108º Conferencia Internacional del Trabajo de OIT
Señor Presidente de la 108° Conferencia Internacional del Trabajo, representantes gubernamentales y de los empleadores, compañeros y compañeras trabajadores.
Me honro en dirigirme a ustedes en mi carácter de Presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales.
Saludo la Memoria del Director General y el Informe de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, que será un eje central de las discusiones del Centenario. Nos complace que el mismo esté sustentado sobre la idea de un modelo económico centrado en las personas y orientado a la promoción de inversiones en la economía real. Del mismo modo compartimos el llamado a revitalizar el contrato social, para recuperar uno de los principios constitutivos de la OIT: el que señala que el trabajo no es mercancía.
Si el trabajo no es mercancía, los millones de trabajadores y trabajadoras del mundo, formales o informales, urbanos o rurales, precarizados bajo formas de contratación atípica, desempleados y subempleados, todas y todos ellos podrán encontrar un marco desde el cual puedan ser atendidas sus necesidades.
Promover el trabajo decente requiere de un renovado y activo rol del Estado, porque en una relación desigual como es la que existe entre trabajadores y empleadores, este es el único actor capaz de nivelar la balanza a favor de la justicia social y el bienestar general. Desarrollar medidas como las que señala el informe respecto a garantizar el derecho a la formación a lo largo de la vida, invertir en las instituciones del trabajo o incrementar la inversión en trabajo decente pueden alcanzarse con incentivos, pero sin duda requerirá de un fuerte compromiso regulatorio, de políticas públicas específicas y de acciones concretas por parte de los Estados.
Servicios públicos de calidad, políticas fiscales justas y de lucha contra la evasión, salvaguardias ante el endeudamiento excesivo o desarrollo de tecnologías orientadas a la creación de empleo decente son, entre otras, metas que los trabajadores del sector público de América Latina y el Caribe suscribimos con entusiasmo, pero que requieren de Estados fuertes y de políticas nacionales firmes.
Defendemos las instituciones del trabajo, con las cuales interactuamos como sindicatos, pero vemos dificultades para el diálogo social cuando se persigue con el código penal a los sindicatos por sus acciones en el marco de la negociación colectiva, como ha sucedido con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud en Guatemala -cuyo asesor legal hoy sigue en prisión- o con la Asociación Trabajadores del Estado en la República Argentina, en el caso del Convenio Colectivo de Trabajo de la Municipalidad de la ciudad de San Martín de los Andes o recientemente con la condena a dos dirigentes sindicales, Alejandro Garzón y Olga Reinoso, de la provincia de Santa Cruz.
Del mismo modo, las instituciones del trabajo y el diálogo social peligran cuando se hostiga o debilita la justicia laboral o se impulsan reformas laborales y previsionales regresivas, como en Brasil y como el FMI impulsa en toda nuestra región.
Esperamos que la Conferencia recoja la recomendación de la Comisión Mundial de establecer una garantía laboral universal y una protección social universal desde el nacimiento a la vejez. Del mismo modo anhelamos se instrumenten acciones para la defensa de los sistemas previsionales públicos y solidarios ante el fracaso de los sistemas privados de capitalización, documentado por la propia OIT a partir de un reciente informe que revela lo sucedido en 30 países entre 1981 y 2014.
Luego de su alocución, Julio Fuentes, junto a una parte de la delegación de CLATE, saludó al Director General de la OIT, Guy Ryder.
Por otro lado, desde la CLATE apoyamos lo planteado en el punto V del orden del día, sobre la adopción de un Convenio y una Recomendación sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo.
Quisiera concluir haciendo un llamado a los mandantes tripartitos aquí presentes a reforzar nuestro compromiso con la paz mundial.
El recrudecimiento del bloqueo a la República de Cuba, los ataques a Venezuela (alentando un golpe de Estado y la intervención militar externa) y las medidas arancelarias anunciadas contra México, son algunas acciones tomadas por los Estados Unidos que impactarán fuertemente a las economías de estos países y al mundo del trabajo.
Asimismo, las medidas contra los migrantes mexicanos y centroamericanos por parte de los EE.UU. olvidan que han sido, en gran medida, las políticas de este país para la región las que han llevado a estos desplazamientos humanos.
Los trabajadores entendemos que estos hechos condenables son el reflejo de intereses corporativos globales que operan sobre nuestros países, más allá de los intereses de nuestros pueblos. Revitalizar nuestras democracias, con mayor participación y diálogo social es un urgente desafío.
Finalizo expresando mi solidaridad con el pueblo trabajador y el gobierno del Uruguay por su lamentable inclusión en la lista corta, en un país donde el diálogo social nos está permitiendo convivir en paz y construyendo solidaridad y prosperidad. Muchas gracias.