Como era de esperarse, el gobierno Jimmy Morales chocó nuevamente contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), con motivo de la detención ilegal por 25 horas del investigador Yilen Osorio en el Aeropuerto Internacional La Aurora, cuando éste procedía a ingresar a Guatemala. Recordemos que desde hace unos meses el comisionado Iván Velázquez, titular de la CICIG, se encuentra fuera de Guatemala a raíz de las acciones del gobierno de negarle el ingreso y querer expulsarlo definitivamente.
Ante la orden del Ministerio Público de liberar al investigador Osorio, cumpliendo con la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC), que obligó al Estado a garantizar el trabajo de la CICIG y sus investigadores, el gobierno respondió denunciando unilateralmente el acuerdo de creación de la CICIG, dando un plazo de 24 horas a sus funcionarios para abandonar el país. No bastando con eso, el presidente Jimmy Morales demandó al Ministerio Público que investigue supuestas anomalías cometidas por la CICIG, acusó a magistrados de la Corte de Constitucionalidad de inmiscuirse en asuntos que no les competen y desconoció las sentencias de varios jueces.
Estas acciones del gobierno profundizan la grave crisis institucional provocada por su aversión hacia las instituciones que investigan los casos de corrupción, poniendo en peligro el statu quo del Estado de derecho alcanzado después del golpe de Estado, conocido como el Serranazo en 1993. Los últimos actos del gobierno de Jimmy Morales representan un intento de instaurar por la vía de los hechos un régimen autoritario, bonapartista, que pretende concentrar amplios poderes en el Ejecutivo, desconociendo a los otros poderes e instituciones del Estado, específicamente la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público. Con ello, Jimmy Morales y el grupo de poder que representa pretenden, aprovechando la mayoría que ha logrado construir en el Congreso de la Republica, cooptar en el futuro inmediato a la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General de la Nación, entre otras instituciones, al mismo tiempo que busca incidir en las elecciones que se realizarán el 16 de junio del 2019.
La reciente salida del país de casi todos los investigadores de la CICIG, así como el traslado de archivos a la embajada norteamericana en Guatemala, indican que estamos ante el inicio de la instauración de un régimen político autoritario o bonapartista, que tiene sustento social entre la cúpula militar.
Los sectores burgueses emergentes, formados alrededor de militares en retiro que se enriquecieron durante la guerra interna mediante negocios oscuros con el Estado, el robo de tierras de las comunidades indígenas masacradas y el narcotráfico, lejos de haber sido derrotados con la defenestración del gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota en 2015, lograron fortalecerse actuando como el principal soporte del gobierno de Jimmy Morales. Desde esa trinchera han combatido ferozmente contra todos los intentos de las instituciones de justicia y la CICIG por llevar a los tribunales a los funcionarios y empresarios culpables de corrupción, resquebrajando en el proceso la institucionalidad del Estado burgués. Los grupos burgueses oligárquicos tradicionales, aunque en algún momento se vieron afectados por la competencia desleal de los grupos emergentes que monopolizaron los negocios con el Estado, al final terminaron apoyando a Morales y su gobierno, pues las acusaciones de la CICIG y el MP pusieron al descubierto su naturaleza igualmente corrupta.
El reciente comunicado del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), que representa a la cúpula empresarial, constituye un apoyo público a la decisión del gobierno de Jimmy Morales de desconocer el tratado internacional de la CICIG. La oligarquía y el conjunto de la burguesía han superado sus diferencias y han cerrado filas con el gobierno de Morales, lo que pone al descubierto la naturaleza del capitalismo en Guatemala, basado desde la época colonial en un esquema de corrupción y saqueo de las arcas del Estado y de las comunidades indígenas, algo que perdura hasta nuestros días. Las investigaciones de la CICIG han puesto al descubierto la participación de los grupos económicos en el reparto del botín de las finanzas públicas, incluyendo el hecho que la burguesía guatemalteca es la que menos paga impuestos en América Latina.
Mientras los partidos y grupos de la pequeña burguesía democrática, así como algunos organismos de la sociedad civil, llaman a defender a la CICIG y el “estado de derecho”, debemos recordar que la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público son en el fondo organismos represivos que hacen parte del andamiaje del Estado burgués y que tienen un historial de haber condenado a luchadores populares y favorecer a empresarios. La CICIG es un organismo creado por del imperialismo norteamericano y la ONU, que obedece a intereses particulares, y que siempre ha estado dispuesto a negociar los temas de corrupción, a cambio de algunas reformas que, aunque son democráticas, reflejan la estrategia y los intereses de Estados Unidos.
El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) considera que la lucha contra la corrupción y el saqueo del Estado debe ser asumida y encabezada por los trabajadores y las masas populares de Guatemala y Centroamérica. Ante la intentona bonapartista de Jimmy Morales y del reagrupamiento de la burguesía y la oligarquía, es el momento luchar por la defensa las libertades y los derechos políticos amenazados por el gobierno de Jimmy Morales y sus cómplices en el Congreso.
Lo que está en juego para los trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes, mujeres, jóvenes y sectores populares es la coartación de las libertades básicas y los derechos ganados en nuestras luchas, a manos de un gobierno de extrema derecha con pretensiones autoritarias y militarizantes. Por ello llamamos a la más amplia unidad de acción en defensa de las libertades democráticas, a la movilización permanente de las organizaciones populares contra el gobierno, en primer organizando un paro general de 24 horas desde los sindicatos y los barrios populares, es la única manera de detener este golpe de Estado a plazos que, bajo el pretexto de combatir la injerencia de la CICIG, en el fondo pretende instaurar un régimen autoritario o bonapartista, que puede conducir a corto plazo a la reinstauración de las dictaduras militares que ya hemos conocido en la historia de Guatemala.
¡ABAJO EL GOBIERNO DE JIMMY MORALES!
¡PARO GENERAL DE 24 HORAS!
Centroamérica, 8 de enero del 2019
Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)
Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)
