Jon Dale, Partido Socialista (CIT Inglaterra y Gales) y médico jubilado
Imagen: Donación de plasma en EE.UU. Foto: whoisjohngalt/CC
La investigación sobre sangre infectada en el Reino Unido publicó su informe final el 20 de mayo. Ha detallado cómo miles de personas han muerto y muchas más han quedado expuestas a sangre contaminada, un escándalo empeorado por los encubrimientos gubernamentales durante décadas. Las víctimas y sus familias se sentirán justificadas en su lucha por la justicia.
Reimprimimos aquí un artículo escrito por Jon Dale, miembro del Partido Socialista y médico jubilado, en 2018, cuando se inició la investigación por primera vez.
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Más de 25.000 personas han resultado infectadas con productos sanguíneos contaminados que el NHS compró a empresas farmacéuticas con fines de lucro. Hasta ahora han muerto casi 3.000 personas.
Ése es el trasfondo de la Investigación sobre sangre infectada, que acaba de comenzar después de 30 años de ardua campaña por parte de las víctimas y sus familias.
En abril de 2017, el ministro de salud pública conservador se resistió a una investigación. La débil posición de los conservadores desde las elecciones generales les hizo retroceder.
Desde finales de los años 60, las personas que carecían de factores de coagulación sanguínea (hemofílicos) podían ser tratadas con productos plasmáticos obtenidos de hasta 60.000 donaciones de sangre. Pero si un donante portaba un virus en la sangre, todo un lote podría resultar contaminado.
Los donantes deben estar sanos, especialmente si no se pueden realizar pruebas de detección de virus. El Servicio de Transfusión de Sangre siempre ha utilizado donantes voluntarios seleccionados, a los que se les paga nada más que té y galletas.
En Estados Unidos, los bancos de sangre comerciales utilizaban donantes remunerados, excepto en las prisiones donde los donantes recibían cinco días de descuento de su sentencia por cada litro de sangre.
Las personas sin hogar o desnutridas, los alcohólicos y los consumidores de drogas corren un alto riesgo de portar virus transmitidos por la sangre.
En la década de 1970, el Servicio de Transfusión de Sangre no tenía suficiente capacidad de laboratorio para satisfacer la demanda de productos plasmáticos.
El ministro de Salud derechista laborista, David Owen (que más tarde se escindió para formar el Partido Socialdemócrata), prometió 500.000 libras esterlinas en 1975 (4 millones de libras esterlinas en la actualidad) para aumentar la capacidad. Sin embargo, el plan nunca se llevó a cabo. Las importaciones desde Estados Unidos continuaron creciendo.
1976 fue cuando el gobierno laborista cedió ante las demandas del Fondo Monetario Internacional de recortar el gasto público. ¿Fueron los hemofílicos infectados por la hepatitis C y el VIH después de 1976 las víctimas de esos recortes de gastos?
Una gran empresa farmacéutica estadounidense era Cutter (ahora parte del gigante alemán Bayer). El tratamiento térmico para matar virus se introdujo en 1983.
Cutter continuó vendiendo productos sin tratar durante meses para agotar las existencias antiguas y porque era más barato de producir.
En 1983, el jefe del Centro de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles advirtió al gobierno conservador de Thatcher: “Todos los productos sanguíneos elaborados a partir de sangre donada en Estados Unidos después de 1978 deberían retirarse del uso hasta que se haya aclarado el riesgo de transmisión del SIDA por estos productos”. El ministro de Salud, Ken Clarke, ignoró esto.
Encubrimiento
Al parecer, se han “perdido” documentos gubernamentales de la época. Pero se supo que en 1987 el secretario de Estado, John Moore, emitió un memorando al gabinete conservador sobre cómo sacar al gobierno de Thatcher del apuro.
Propuso un “pago único” de £10 millones a las víctimas, que sería administrado por la Sociedad de Hemofilia. “(Esto) es particularmente atractivo”, escribió, “ya que minimiza la intervención del gobierno; y sería coherente con la política de no aceptar ninguna responsabilidad directa por los daños causados de esta forma”.
El gobierno de coalición Con-Dem privatizó la capacidad británica de productos plasmáticos en 2013. Bain Capital, una corporación estadounidense, compró el 80% por £230 millones. ¡Lo vendió en 2016 a un grupo inversor chino por 820 millones de libras!
Para descubrir todos los hechos, se necesita una investigación de los pacientes, sus familias, los trabajadores de la salud y los sindicatos con poderes para ver todos los documentos del gobierno y de las compañías farmacéuticas.
Aquellos que antepusieron las ganancias, se negaron a financiar los servicios necesarios y trataron de cubrir sus huellas deben quedar expuestos. El sistema que defienden es culpable y debe compensar a quienes sufrieron.
La industria farmacéutica debe ser nacionalizada bajo el control democrático de los trabajadores y administrada como un servicio público, integrada en el NHS y en buenos sistemas de salud pública en todo el mundo.
