Francia
Con el objetivo declarado de encontrar apoyo en la sociedad -en un momento en el que el gobierno recibe un 75% de desaprobación luego de una reforma jubilatoria rechazada por el 90% de la población activa-, los argumentos esgrimidos por los dueños del poder pasan por el rechazo del inmigrante y la guerra contra los pobres. Mientras, la Intersindical, que reúne tanto al sindicalismo de negociación, como a los sindicatos más combativos, busca diferentes vías de lucha contra la reforma jubilatoria. La fecha clave es la del 1° de Mayo. Pero, día tras día, las protestas se suceden. Marchas, cacerolazos, bloqueos, cortes de carreteras…¿Qué hacer? Es lo que se plantean Sébastien Fontenelle y Léon Crémieux, en los dos siguientes artículos. (Redacción Correspondencia de Prensa)
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Jubilaciones: «La movilización no quiere dar vuelta la página»
Léon Crémieux*
A l’encontre, 22-4-2023
Traducción de Correspondencia de Prensa
Los últimos ocho días estuvieron marcados por una inflexión en el movimiento de huelgas y movilizaciones.
A una duodécima jornada de movilización nacional convocada por la Intersindical nacional le siguió el jueves 13 de abril, después, el 14 de abril, la validación del Consejo Constitucional, el 17 un discurso televisado “solemne” de Macron y el 20 de abril una serie de manifestaciones y huelgas de un día en varios sectores.
El rechazo a la reforma se sigue traduciendo a través de numerosas manifestaciones, bloqueos y paros. Ni Macron ni sus ministros pueden hacer un viaje sin verse confrontados a manifestaciones populares de hostilidad. Asimismo, todos los sondeos de opinión indican que además del 75% de impopularidad de Macron, en los últimos días, el aislamiento es cada vez mayor.
El 13 de abril, 1 millón quinientas mil personas se reunieron en manifestaciones (380.000 según la policía), aproximadamente una tercera parte menos que el 6 de abril, continuando así la tendencia a la baja de la movilización, pero sigue siendo una cifra muy elevada, equivalente a muchas de las mayores jornadas de huelga de los últimos años. El descenso se debe esencialmente a: el fin de las huelgas reconductibles que eran fuertes factores de movilización -aunque el 13 de abril, al llamado de la CGT, el sector de la recolección de residuos volvió a la huelga reconductible-, las vacaciones (escolares) de Pascua en un tercio de los departamentos, y evidentemente sobre todo a una situación de expectativa. Como la relación de fuerzas no forzó a Macron a dar marcha atrás, las miradas, incluso las de la Intersindical, se fijaron en la fecha límite del 14 de abril, día en el que el Consejo Constitucional debía tomar una decisión. [1]
En los cientos de iniciativas locales del 13 de abril, bloqueos, cortes de carreteras, ocupaciones de rotondas, la represión policial fue la norma con, al final, detenciones policiales. El aislamiento político de Macron va acompañado de un aumento de las intervenciones policiales y de la violencia. La defensora de los Derechos (autoridad administrativa independiente a la que se puede recurrir directamente en defensa de los derechos y las libertades, en particular en relación con las administraciones del Estado), Claire Hédon, enumeró más de 120 expedientes remitidos a sus servicios por violencia policial desde enero de 2023, la inmensa mayoría de ellos desde mediados de marzo, fecha del 49,3 (adopción por el ejecutivo de la ley, sin voto parlamentario, ndt). Las exacciones se multiplican, las intervenciones policiales, los encierros en las manifestaciones, los apaleamientos de personas en el suelo, las detenciones policiales arbitrarias.
Al día siguiente del 13 de abril, el Consejo Constitucional emitió dos dictámenes: uno sobre la constitucionalidad de la ley de jubilaciones y el procedimiento adoptado, y otro sobre la solicitud de la NUPES (LFI, PC, PS, Verdes) de un “referéndum de iniciativa compartida” (RIP; por sus siglas en francés) sobre la base de que “la edad legal de jubilación no puede fijarse más allá de los 62 años”. Muchos esperaban que lo que no se pudo conseguir con la moción de censura (que obtuvo 278 votos, nueve por debajo de los 287 necesarios) las huelgas y las manifestaciones se lograra con una decisión del Consejo Constitucional, que dictaminara que la ley no era conforme y obligara al gobierno a volver al parlamento. Muchos esperaban también, como mínimo, que se organizara una campaña de recogida de firmas para el RIP: unos 4,8 millones de firmas en un plazo de 9 meses, el 10% de los electores inscritos. En una escena digna de una dictadura, el edificio del Consejo Constitucional, en pleno centro de París, fue rodeado el 13 de abril por más de un centenar de CRS (Compagnie Républcaine de Sécurité) y gendarmes móviles para impedir cualquier manifestación.
Si bien había motivos jurídicos muy sólidos para no avalar la ley, hacerlo habría sido obviamente una elección política paradójica viniendo de un órgano compuesto por nueve notables vinculados a Macron y a sus políticas, de cerca o de lejos. Este Consejo no podía acentuar aún más la crisis política. Del mismo modo, el rechazo del RIP, que podría haberse convertido en una espina en el pie de Macron, infectándolo tanto a él como a su gobierno durante al menos nueve meses, fue una elección muy política.
La noche del 14 de abril, las calles de París y de decenas de ciudades vibraron con la ira de miles de personas, que manifestaron una vez más su rechazo a la reforma. En cuanto se anunció la validación de la ley, la Intersindical le pidió a Macron que aplazara la promulgación de la ley y que la recibiera. Éste, por el contrario, aunque disponía de quince días para hacerlo, se apresuró a promulgar la ley, pocas horas después del anuncio de la validación. Estos dictámenes del Consejo Constitucional, últimas esperanzas de bloquear legalmente la ley, esta promulgación urgente, fueron vividos como un nuevo diktat destinado a acallar la indignación popular.
El lunes siguiente (17 de abril), Macron intentó una primera «salida de crisis» televisada con un discurso a las 20.00 horas. Reconoció lo evidente: “¿La reforma es aceptada? Evidentemente no”, lo que no le impidió repetir sus argumentos para justificarla. Macron hacía pensar furiosamente en un director general de una gran empresa, que justifica una vez más sus decisiones durante un CSE (Comité Económico y Social), frente a los sindicatos en huelga contra un plan de despidos. Como el director general no tiene ninguna obligación de escuchar a los sindicatos ni a los empleados, el que fuera banquero de inversiones (Macron fue socio-gerente en Rothschild, donde empezó a trabajar 10 días antes de la crisis de Lehman Brothers, ndt) considera evidentemente que su única obligación es cumplir los objetivos financieros del capitalismo liberal y los imperativos comunitarios (Unión Europea). Las instituciones políticas son para él sólo un accesorio, estorboso; la voz popular y mayoritaria de las huelgas y de la calle, un contratiempo embarazoso, pero sin consecuencias, mientras sus mandatarios sigan confiando en él. Así que la única prueba que quería dar en este discurso era que seguía a cargo del timón. Sabe que su poder real y cotidiano procede de los grandes inversores, empresas e instituciones.
Su discurso sirvió para otorgarse 100 días que le permitan conseguir el “apaciguamiento”, y cerrar el “episodio de las jubilaciones” y hablando de salud, desempleo, inmigración y seguridad, como si todas estas cuestiones pudieran permitirle dar vuelta a la página y no fueran ámbitos en los cuales se ejerce la misma política de clases, las mismas desigualdades y discriminaciones. La asociación ATTAC había lanzado la idea de grandes concentraciones “cacerolazos” durante su discurso. La idea fue ampliamente difundida, con miles de personas en más de 300 concentraciones.
Estas concentraciones con caceroleos se han repetido desde entonces, a cada intento de Macron, (de la primera ministra) o de sus ministros de trasladarse. Tanto es así que el miércoles 19 de abril, mientras Macron visitaba una pequeña ciudad del suroeste, Ganges, el prefecto del departamento emitió un decreto para “establecer un perímetro de protección”, invocando la amenaza de atentados, las leyes antiterroristas que, una vez más, se utilizan de facto para prohibir la libertad de manifestación. Peor aún, las fuerzas policiales, amparándose en ese decreto, confiscaron sistemáticamente las cacerolas y latas de conservas que llevaban los manifestantes, determinados a hacerse oír. Una vez más, la protesta social fue equiparada a una “empresa terrorista”.
Las señales de los excesos del gobierno se multiplican, más allá del episodio de Ganges. A las amenazas contra la Liga de los Derechos Humanos (LDH) proferida por Gérald Darmanin [2] siguieron las de Elisabeth Borne. El Conseil d’orientation des retraites (Consejo de Orientación de las Jubilaciones, COR por sus siglas en francés), cuyo informe de 2023 no confirmaba la novela de Macron sobre la catástrofe anunciada, ha sido presionado desde entonces para que su informe de 2024 se ajuste a la versión oficial del poder.
A pedido de Macron, y para tranquilizar a las agencias de notación sobre la «calidad de la gestión» del gobierno, Bruno Le Maire, ministro de Economía y Finanzas y de Soberanía Industrial y Digital, acaba de publicar su nueva «hoja de ruta para las finanzas públicas». Mientras el BCE (Banco Central Europeo) sigue subiendo las tasas de interés, él quiere acelerar la aplicación de los criterios de convergencia con el objetivo de reducir el déficit presupuestario al 2,7% del PIB y la deuda al 108,3% del PIB de aquí a 2027. El año pasado, Bruno Le Maire preveía sólo un 2,9% y un 112,5%. Este año, el déficit presupuestario debería ser del 4,9%. Por este motivo, todos los ministerios acaban de recibir cartas de intenciones para ahorrar un 5% para acercarse al objetivo fijado por Bruno Le Maire. Recortar drásticamente el gasto público agravará aún más la carencia de servicios públicos.
En este contexto, el movimiento de movilización, a pesar de la ira social, desacelera. Lo que está en juego es la capacidad o no de imponer a Macron un retroceso sobre los 64 años, pese a la promulgación de la ley. Es evidente que esto dependería aún de la capacidad de ampliar la crisis política y de paralizar el gobierno. La parálisis parlamentaria va a persistir, ya que ahora está claro que Los Republicanos (LR, derecha) no van a formar una alianza parlamentaria para asegurarse la mayoría. Pero Borne y Macron esperan superar nuevas mociones de censura y seguir gobernando a base de eludir y proceder al máximo mediante decretos que no impliquen una votación en el parlamento. Sólo la movilización popular puede poner realmente de rodillas al gobierno.
El objetivo anunciado por la Intersindical es convertir el Primero de Mayo en el próximo acontecimiento con manifestaciones unitarias masivas en todas las ciudades. Será sin duda una primera vez histórica, ya que desde 1945, el movimiento sindical en Francia nunca ha participado unido en una sola manifestación el 1 de mayo. Se trata de un signo positivo de la relación de fuerzas construida en el movimiento.
Pero, ¿cuál es el objetivo? ¿Hacer de ello un punto de partida para retomar la iniciativa, un nuevo impulso para enfrentarse a Macron? Evidentemente, esto sería decisivo para imponer una derrota a Macron, pero revela también los límites de la Intersindical. La unidad se mantiene sobre el rechazo de la edad de 64 años y la negativa a dialogar con Macron si éste no retrocede en su reforma, y esto es un factor de dinamización de las movilizaciones que siguen siendo numerosas en todo el país. Pero, ¿cuál será el objetivo después del 1° de mayo?
Establecer nuevos resortes de movilización, contra los 64 años, ampliándose a las cuestiones sociales más urgentes, empezando por los salarios y el costo de la vida, manteniendo la dinámica unitaria, pero avanzando hacia una nueva confrontación para hacer que Macron ceda, tales son los desafíos de los próximos días.
* Léon Cremieux, sindicalista de Sud-Aviación, Solidaires.
Notas de Correspondencia de Prensa
1] El Consejo Constitucional está compuesto por nueve miembros (tres designados por el presidente de la República, tres por el presidente de la Asamblea Nacional, tres por el presidente del Senado). Su mandato de nueve años no es renovable y es incompatible con otras funciones, como las de ser miembro del Parlamento, del CESE (Consejo Económico, Social y Medioambiental, CESE por sus siglas en francés), etc. Los ex presidentes de la República tienen la posibilidad de ejercer como miembros de por vida.
2] El miércoles 5 de abril, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, declaró su voluntad de “examinar” las subvenciones estatales otorgadas a la Ligue des droits de l’homme (LDH, asociación que forma parte de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, FIDH).
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«Macron y los rencores de clase y raciales»
Sébastien Fontenelle *
A l’encontre, 21-4-2023
Traducción de Correspondencia de Prensa
Los días en Macronia se suceden y se parecen entre sí: las infamias llegan unas tras otras siguiendo un ritmo inmutable.
Desde hace 48 horas, el jefe del Estado francés y sus ministros de cabecera pretenden atizar los resentimientos más sucios de la población francesa: el odio de clase y la xenofobia sin límites.
El propio Emmanuel Macron marcó la pauta de este nuevo desmadre de bilis al declarar en su discurso del 17 de abril: “La lucha contra todas las formas de delincuencia, contra todos los fraudes, ya sean sociales o fiscales, estará (…) en el centro de la acción del gobierno”. Luego añadió: “También reforzaremos el control de la inmigración ilegal”. [1]
Así pues, por un lado, este manipulador equipara el fraude social al fraude fiscal, aunque sabe perfectamente que el primero es infinitamente menos costoso para la colectividad que el segundo y que, por su parte, es mucho menos reprimido: Macron sugiere así, sin decirlo explícitamente -porque rara vez asume sus malicias- que los pobres son delincuentes, cuyo “bandidaje” debe ser reprimido.
Por otra parte, cuando menciona la “inmigración” inmediatamente después de haber mencionado la “delincuencia”, está diciendo (una vez más, sin decirlo tampoco explícitamente) que para él -como para Gérald Darmanin, ministro del Interior, que ya había alimentado esta confusión unos meses antes- la delincuencia y la inmigración están estrechamente vinculadas.
Acoso a los inmigrantes y a los pobres
Después de que el jefe del Estado francés marcara la pauta de este nuevo ataque contra los inmigrantes y los pobres, varios ministros macronistas retomaron a coro el obsceno estribillo.
Darmanin, súbitamente más atento a lo que “quieren”, según él, “los franceses” que cuando éstos rechazan categóricamente la reforma macronista de las jubilaciones, declaró: «Los franceses, quieren más autoridad y quieren una lucha más intensa contra la inmigración irregular.»
Una vez más Darmanin, siempre muy a gusto cuando se trata de estigmatizar a los más necesitados: “Para los que reciben el RSA [Ingreso de Solidaridad Activa, RSA por sus siglas en francés], si siguen una vía de inserción, si muestran esfuerzo, hay que ayudarlos, evidentemente. Pero si no quieren tomar el camino del trabajo, es normal que les impongamos sanciones”.
Bruno Le Maire, ministro de Economía, Finanzas y Soberanía industrial y digital: “Nuestros compatriotas están legítimamente hartos del fraude. Ya no soportan más ver que hay personas que reciben ayudas financiadas por ellos mismos -es el contribuyente quien paga-, no tienen ningunas ganas de ver a personas beneficiarias de ayudas que las envían al Magreb (países árabes del norte africano, ndt) o a otros países.”
Olivier Véran (ex miembro del PS, ndt), ministro delegado para la Renovación democrática y portavoz del gobierno, que por su parte parece haber redescubierto súbitamente -tras la represión ultraviolenta de las manifestaciones contra la reforma de las jubilaciones- algunas virtudes de la movilización ciudadana: “Los sistemas de inmigración y de integración en nuestro país, (…) es un tema maravilloso, por el que podemos movilizar a los franceses en el marco de una convención ciudadana.”
En abril de 2022, Emmanuel Macron fue reelegido gracias a los votos de millones de franceses que votaron por él en la segunda vuelta contra su voluntad, porque era la única forma de evitar la elección de la candidata del Rassemblement National (Marine Le Pen, extrema derecha, ndt).
Inmediatamente después de su victoria, declaró: “Sé (…) que muchos de nuestros compatriotas votaron hoy por mí no para apoyar las ideas que sostengo, sino para bloquear las de la extrema derecha. Y quiero darles las gracias y decirles que soy consciente de que este voto me compromete para los años venideros.”
Un año después, «enarbola», alto y claro, y en «conciencia», esas «ideas» infectas para las que asistencia social e inmigración se mezclan en un mismo oprobio, y contra las que decía querer levantar una barrera. Pero estaríamos equivocados si consideráramos, como lo siguen haciendo algunos comentaristas, que esos ataques, de los que las víctimas sienten evidentemente los efectos muy concretos, son una «maniobra de distracción» destinada a desviar nuestra atención de la lucha por nuestras jubilaciones.
Porque cuando un jefe de Estado alimenta los rencores de clase y raciales para consolidar su poder, debe ser visto como lo que es: un aborrecible mercader del odio.
(Artículo publicado previamente en el semanario Politis el 20-4-2023 https://www.politis.fr/articles/2023/04/macron-marchand-de-haine/]
* Sébastien Fontenelle, periodista y escritor. Colabora con el semanario Politis. Autor de Les Éditocrates. Ou comment parler de (presque) tout en racontant (vraiment) n’importe quoi (en collaboration, La Découverte, 2009) y Vive la crise !, (Seuil, 2012)
Nota de Correspondencia de Prensa
1] El “fraude” social corresponde al cobro indebido de asignaciones familiares u otras ayudas sociales. El monto se estima entre 300 millones y un máximo 2.300 millones de euros, según el semanario Alternatives Économiques. En cambio, el fraude o evasión fiscal (cometido por la burguesía y las grandes empresas) se estima entre 13.700 millones y 100 millares de euros. Otra forma de evasión es el no pago de cotizaciones sociales, que se estima entre algo más de 700 millones de euros y 8.400 millares. (Datos cruzados de la central sindical Solidaires y del Tribunal de cuentas). Por definición, la evasión fiscal es difícil de evaluar con exactitud.
