Antes de aprobar la normativa secreta que aún hoy garantiza el ocultismo sobre el comercio de la industria militar, el Gobierno de entonces permitió el envío a Chile de todo tipo de armamento. España compró además aviones militares fabricados por una empresa estatal fundada por aquella dictadura.
BILBAO 14/08/2020
DANILO ALBIN@danialri
Fuente de millones, fuente de secretos. La industria militar española mueve cada año cantidades ingentes de dinero, y lo hace amparada en el hermetismo que otorga el Estado a este negocio. Hasta ahora, todos y cada uno de los intentos de acceder a la información relativa a las autorizaciones de exportaciones de armamento han caído en saco roto: a pesar de los reclamos formulados por distintas organizaciones de derechos humanos, la administración mantiene en riguroso secreto el contenido de las reuniones en las que se conceden las licencias para tales ventas.
El carácter confidencial de las actas de la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMMDU), organismo encargado de analizar las solicitudes de comercio de armamento en España, acaba de ser avalado por el Gobierno por partida doble: además de negarse a informar sobre recientes ventas de armamento a Arabia Saudí amparándose en el carácter secreto de esos acuerdos, el Ejecutivo se ha negado incluso a aportar el acuerdo del Gobierno de Felipe González que decretó ese silencio, tal como había solicitado vía Ley de Transparencia la organización Greenpeace.
Ahí radica la clave de esta historia. El 13 de marzo de 1987, el Consejo de Ministros encabezado por González declaró secretas las actas de la JIMDDU, amparándose para ello en las competencias que le otorgaba la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura franquista.
Aquella decisión tenía sus antecedentes. Entre 1985 y 1986, el Gobierno ya había calificado como como secretos diez expedientes sobre «compra de material militar», mientras que el 28 de noviembre de 1986, el Consejo de Ministros otorgó «con carácter genérico» la clasificación de secreto al «contenido de las conversaciones conducentes a la adopción de Acuerdos o Convenios Internacionales en materia de defensa o de carácter militar». En ese mismo consejo se declaró como materia reservada «la producción, adquisición, suministros y transportes de armamento, munición y material bélico».
No era un momento cualquiera. Por entonces, el Gobierno de Felipe González estaba en el centro de las críticas por permitir la venta de armas a la dictadura chilena que encabezaba Augusto Pinochet. No en vano ese país sudamericano, víctima entonces de un salvaje régimen militar que provocó miles de muertes y desapariciones, figura en la lista de Estados a los que se vendió material de defensa entre 1983 y 1986. En esa lista de clientes aparece también Paraguay, que al igual que Chile se encontraba en esas fechas bajo un régimen dictatorial.
«Democrático o no»
Según consta en las actas de la Comisión de Exteriores del Congreso celebrada el 22 de diciembre de 1986, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordoñez, aseguró que ya no se vendían armas a Chile, al tiempo que justificó los negocios militares con esa dictadura. «Tradicionalmente, ni en España ni en ningún país se establece como criterio para autorizar o no vender el que un régimen sea democrático o no democrático«, afirmó.
«Si determinado producto se va a vender solamente a los países que nosotros consideramos como democráticos, entonces nos encontraríamos con ciertas dificultades, primero para ponernos de acuerdo y segundo sencillamente para poder vender. Esto es un criterio general aceptado como pragmático en todos los países del mundo», defendió. Alegó además que «no ha habido en los años pasados ningún embargo de venta de armamento y munición a Chile».
En cualquier caso, el entonces ministro aseguró que «teniendo en cuenta la evolución política de Chile, el agravamiento de toda la situación en relación con la oposición, el clamor popular», el Gobierno de González había prohibido «la exportación de armamento y munición a Chile«. Otros documentos permiten establecer que el cese de venta de armamento a Chile se produjo en agosto de 1986, casi cuatro años después de la llegada del PSOE a La Moncloa.
Aviones y ametralladoras
Hasta entonces, la industria militar española había realizado millonarios negocios con la dictadura pinochetista. «Chile es el país de América Latina que ha recibido mayor volumen de material bélico de origen español. En el periodo 1980-1987 ha recibido armamentos por un valor mínimo de 30.000 millones de pesetas, a precios constantes de 1987, aunque el valor de los contratos firmados asciende a una cantidad bastante superior», señalaba el investigador Vicenç Fisas en un trabajo publicado por el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB).
El ya fallecido Enrique Curiel, exdiputado de IU, denunció en 1986 en el Congreso que a partir de 1982 se habían vendido a Chile cuatro lanchas de ataque fabricadas por el astillero Bazán, así como 37 aviones militares de la empresa Construcciones Aeronáuticas S.A. (CASA), camiones militares de ENASA o bombas de aviones, cañones sin retroceso y ametralladoras de la compañía Santa Bárbara.
Fisas destacaba en su estudio que en 1984 se firmó un acuerdo complementario «por el que CASA suministra partes para la fabricación en Chile de 21 unidades» del avión C-101. «Las dificultades del Gobierno chileno para pagar esta compra de aviones C-101 ha dado pie para establecer una relación entre esta exportación y la compra por España de 40 avionetas de entrenamiento ‘Pillán’, fabricadas en Chile bajo licencia norteamericana, y valoradas en 2.500 millones de pesetas», recordaba el investigador.
En efecto, el Gobierno de González suscribió un acuerdo con la dictadura chilena para la compra de 40 aviones militares fabricados por ENAER, la empresa estatal de aeronáutica que había fundado la dictadura de Pinochet. En 1987, el entonces diputado de Coalición Popular José Antonio Trillo López Mancisidor le preguntó por escrito al Ejecutivo por qué no se había informado a la Comisión de Defensa del Congreso sobre esa compra, así como cuáles serían las «contrapartidas» de esta operación.
El Gobierno alegó que no había enviado información porque «no se ha requerido tal informe» y reveló que el coste total del contrato llegaba a la astronómica cifra de 2.503.528.400 pesetas. «El Ministerio de Defensa no ha tenido participación alguna en la gestión de posibles contrapartidas relativas a esta operación», añadía la respuesta gubernamental. Para entonces, ya estaba vigente la orden del Ejecutivo de Felipe González que cubrió este tipo de operaciones de absoluto secretismo. Hoy continúa igual que entonces.
