SPUTNIK
Por Eliana Gilet
Tras las acusaciones hechas por el Gobierno federal contra un heterogéneo grupo de organizaciones civiles de operar una oposición contra el Tren Maya, el Equipo Indignación de Yucatán, señaló el peligro de «criminalización» que viven.
Primero fue CEMDA, el Centro mexicano de derecho ambiental, la organización civil que respondió a la acusación hecha por las instancias oficiales en la conferencia mañanera del 28 de agosto, que publicó una serie de montos económicos recibidos por organizaciones civiles y medios de comunicación mexicanos, de parte de distintos fondos internacionales, señalando esta colaboración como un intento de incidir en la concreción del Tren Maya, el principal proyecto de infraestructura del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El Equipo Indignación de Yucatán realizó un comunicado conjunto con otras de las organizaciones aludidas, así como escribió una carta para responder a las acusaciones dirigida a los pueblos mayas «a los que acompañamos en la defensa de su derecho a la libre determinación», según declara el Equipo, y a la que accedió Sputnik.
Las acusaciones
Resultó sintomático que la acusación oficial mezclara a organizaciones civiles de base con medios de comunicación, así como fondos de distintas procedencias pero vinculados al Gobierno de Estados Unidos.
© REUTERS / MEXICO’S PRESIDENCY/HANDOUT
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Según la información compartida en el informe presidencial, se indica que la Fundación Kellog aparece como el principal aportante de dinero a CEMDA, al Consejo regional indígena y popular de Xpujil y al Equipo Indignación.
También se señaló el dinero aportado a medios de comunicación por la NED (National Endowment for democracy), una instancia del Gobierno norteamericano con la que se ha financiado a múltiples grupos opositores del continente, como en el caso del Golpe de Estado dado en Bolivia contra el presidente Evo Morales.
Sin embargo, tanto en el caso de Indignación como en el Consejo regional de Xpujil, la financiación fue recibida a partir del año 2013, cuando no existía el proyecto del Tren Maya.
La respuesta de Indignación
El Equipo Indignación lleva la representación legal de tres comunidades Ch´ol que lograron un amparo en la justicia mexicana que paralizó la construcción del primer tramo del Tren Maya, en el área que va desde Escárcega (estado de Campeche) a Palenque (estado de Chiapas) .
© CC0 / PEXELSJusticia suspende obras del Tren Maya en el primer tramo de Chiapas
«Les escribimos hoy para decirles que, más que nunca, nos sentimos honrados por la confianza que nos tienen quienes han puesto en nuestro trabajo la esperanza de conseguir justicia y dignidad en sus luchas», escribieron en su misiva a los pueblos mayas, los doce integrantes del Equipo Indignación, a la que accedió este medio.
En la misma, destacan dos elementos centrales de la información difundida por los responsables del Estado mexicano:
- Las acusaciones, según el Equipo Indignación, esconden una concepción que sostiene que los pueblos no pueden pensar por sí mismos. «Les creen incapaces de pensar por ustedes mismos, de luchar, de planear sus luchas y hasta de contarlas y llevarlas a juicio. No es nuevo que la gente de arriba piense así. Ustedes lo han oído y experimentado ya muchas veces», escriben en la misiva.
- El propósito de las acusaciones es aún poco claro. «No se ve claro qué quiere hacer el presidente, si va seguir hablando mentiras para sembrar división entre los pueblos» o si busca «influir para que los juzgados acepten las mentiras de los dueños de los megaproyectos y pongan más injusticias en nuestra historia», subrayan.
Esta segunda referencia tiene un sustento reciente, con el controversial fallo adoptado por el Tribunal Colegiado en materia administrativa de Chiapas, que revirtió la suspensión original de construcción del tramo 1 del Tren (que ahora quedó forme) en un hecho que fue señalado como una muestra de la «falta de independencia» del Poder Judicial sobre los mandatos del Ejecutivo.
«O tal vez quiere que nosotros ya no les acompañemos porque piensa que ustedes ya no sabrán qué hacer», señalaron desde Indignación.
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Por otra parte, en un comunicado conjunto del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil A.C, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, la organización civil Diálogo y Movimiento A.C, la Fundación para el Debido Proceso Legal A.C. y el mencionado Equipo Indignación denunciaron lo sucedido como una campaña de deslegitimación desde el poder central.
Sostuvieron a su vez que la cooperación internacional para el desarrollo es legal, «tiene como propósito fortalecer las capacidades para la exigibilidad y defensa de los derechos humanos de las personas y colectivos» y que en sus casos han manejado con transparencia.
Exigieron en el comunicado una disculpa pública del presidente de la República mexicana, Andrés Manuel López Obrador, así como solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) «el estricto apego al Estado de Derecho y a los derechos humanos en las investigaciones que eventualmente se hayan comenzado en contra de defensores de derechos humanos, sin que sean utilizadas como mecanismos de criminalización e intimidación».
