por Héctor Vega
«Una reforma previsional que bajo el pretexto de restituir cuentas individuales esconde el propósito de fortalecer las AFP»
Esto recién comienza. No será fácil seguir. Se obtuvo el Tercer Retiro. Pero falta que aquellos que no tienen nada puedan obtener algo en los días que vienen. La tarea no está terminada.
El Pueblo emplazó a un gobierno que nunca entendió que una economía en cuarentena no puede mantener trabajadores involuntariamente desempleados y empresas sin funcionar.
El gobierno de Piñera creyó que las cajas de alimentos y los bonos con letra chica podían sustituir la fuerza de trabajo y la maquinaria productiva. En tiempos de pandemia la economía a media máquina, por tanto la continuidad operacional de la empresa, se obtiene con aportes del Estado, y si ello es necesario, con la administración conjunta pública y privada.
¿Cómo se hace esto?
Todos sabemos que las grandes y medianas empresas representan el 4% del total es decir, poco más de 56 mil unidades productivas entre grandes (14172) y medianas (42000) con un 92% de las ventas. Esas no pueden cerrar ni quebrar por ello el Estado debe intervenir. El aumento de capital en la empresa fallida constituye un aporte del Estado. Dicho de otra manera. En el hundimiento del capital productivo de la Nación el Estado debe hacerse responsable de aquellas empresas rescatables.
El presupuesto público financia mediante programas especiales a las micro y pequeñas empresas esto es, 875000 unidades, que representan el 8% de las ventas totales, pero más del 85% del empleo.
Así mismo todos sabemos que el Banco Central no puede adquirir documentos emitidos por empresas (Art. 109 de la Constitución). Por eso el financiamiento de esta acción del estado (aportes de capital a empresas rescatables) será mediante la emisión de bonos por la Tesorería General de la República, bonos equivalentes al valor de las empresas en vías de intervención, que serán cotizados en Bolsa por el mercado secundario. De esta manera el Estado se constituirá garante de los títulos de deuda así emitidos. Los bonos se emitirán en una moneda de cuenta autorizada por el Banco Central; tendrán un plazo de 10 años y serán reajustables.
Esto es lo que debería haberse hecho y no se hizo y que advertimos en julio del año pasado que se hiciera. Es tarde pero en caso necesario debe hacerse ahora. No creo que nadie piense que el delivery o los pequeños servicios reemplazarán la estructura productiva del país.
Sin una planificación desde la base, las reuniones de los ministros con el presidente de la República a la cabeza carecen de sentido. La economía mundial será afectada por un largo tiempo, nuestra economía no será una excepción, factores básicos de las cadenas de producción se han visto afectados, paralizando o funcionando a medio ritmo los trabajos públicos, la construcción, los servicios en las grandes ciudades.
El sector de las PYME arriesga una crisis severa y con ello a miles de trabajadores a un desempleo temporal sin expectativas de una pronta recuperación. El gobierno propone la contribución de las PYME con un 1% para financiar las cuentas individuales de capitalización de los fondos de pensiones. Eso es inviable. No hay apoyo político para ello. Uno, porque las PYME carecen de fondos. Dos, porque esa es materia de una reforma previsional que bajo el pretexto de restituir cuentas individuales esconde el propósito de fortalecer las AFP, cuyo descrédito por las bajas pensiones del sistema no puede ser ignorado.
Sin un plan de recuperación involucrando a las unidades de producción de todo tipo, grandes, pequeñas, medianas y micro empresas, con la participación de sus trabajadores, empresarios, profesionales, científicos y técnicos de todos los ámbitos y sectores, las expectativas de real recuperación se alejan irremediablemente.
Cobre.
Los planes económicos y sociales se financian con recursos. Los recursos están en el cobre. El precio del cobre ha llegado a su nivel más alto en 10 años. Ahora bien, es necesario cautelar nuestras riquezas básicas. Estamos en circunstancias extraordinarias. Por eso se ha entregado en manos del presidente de la República el mecanismo del Art. 18 del Decreto Ley 1349 de la Ley Orgánica de Cochilco de 1976 que le permite decretar, el control de la venta del cobre y fijar su precio. Debe en consecuencia en estos tiempos de circunstancias extraordinarias y en conjunto con las empresas fijar los términos de la venta del mineral, esto es las exportaciones.
Forman además parte de la agenda económica, la reforma tributaria, el royalty de los recursos naturales y la eliminación de las exenciones tributarias. Los porfiados hechos revelan que la autoridad política ha fallado en toda la línea. En un régimen parlamentario habría bastado que el gabinete renunciara con el Primer Ministro a la cabeza. Sin embargo, esto es más que una incompetencia.
El sistema que siguió a la dictadura cívico-militar durante 30 años fracasó irremisiblemente. Peor todavía. Ese sistema ya no tiene vigencia y otros hombres y mujeres deben tomar el relevo; capaces de interpretar lo que el Pueblo manifestó de manera clara y contundente en estos días del Tercer Retiro.
Una transición de esa magnitud no es posible en cuestión de días. Convoca al Pueblo que en un futuro próximo iniciará la tarea de redactar una Nueva Constitución. Transitamos en tiempos de cambio desde donde surge una nueva práctica económica, una nueva ética y por tanto una nueva sociedad.
Abril 28, 2021
