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Si la nueva Constitución se aprueba, el Tribunal Constitucional tendrá que interpretar el Artículo 16. Esto podría tomar varios años, y durante ese tiempo habrá incertidumbre sobre si el narcotráfico sigue siendo un delito.
La propuesta constitucional en Chile ha suscitado controversia, especialmente en torno al Artículo 16, que aborda la penalización del narcotráfico. La modificación clave en la redacción es la adición de la palabra “precisa“, lo que según algunos expertos podría dificultar la persecución de delitos vinculados al tráfico de drogas.
El Artículo 16, inciso 8, establece que ninguna ley puede imponer penas o medidas de seguridad sin que la conducta sancionada esté “precisa y expresamente descrita en ella“. Este cambio se compara con la actual Constitución, que exige que la conducta esté “expresamente descrita en ella“.
Abogados constitucionalistas, como los académicos de la Universidad Adolfo Ibáñez, han advertido que este cambio haría inconstitucional la penalización del narcotráfico.
El ex fiscal Carlos Gajardo señaló “El nuevo texto puede generar un problema de constitucionalidad para combatir delitos como el narcotráfico”.
Cristián Riego, académico de la Universidad Diego Portales, destaca el principio de legalidad y la necesidad de que los delitos estén descritos en la ley. Critica la modificación, preguntándose por qué cambiar una norma que ya funciona bien y que ha sido interpretada de manera consolidada.
