Por Héctor Vega.
La previsión del Banco Central para 2020 es una caída del PIB de 2,5% y una baja de la inversión de 8,2%. En un escenario macro de grandes y medianas empresas con pasivos que superan ampliamente los activos, el rol del Estado es preponderante para salvar la estructura productiva en quiebra.
En esas circunstancias no queda otra opción que la estatización temporal de las grandes y medianas empresas en quiebra mediante la compra de bonos emitidos por estas equivalentes a su valor (activo menos pasivo) en el momento de su compra por el Estado.
Las grandes y medianas empresas representan el 4% del total es decir, poco más de 56 mil unidades productivas entre grandes (14172) y medianas (42000) con un 92% de las ventas. El presupuesto público financiará mediante programas especiales a las micro y pequeñas empresas, 875000 unidades que representan el 8% de las ventas totales. Los bonos se emitirán en una moneda de cuenta autorizada por el Banco Central; tendrán un plazo de 10 años y serán reajustables.
El Estado se constituirá garante de los títulos de deuda así emitidos. Formulará un plan de rescate, cuyas metas en el conjunto de la economía real, velarán por mantener y desarrollar el encadenamiento con las grandes y medianas empresas. Las ganancias operacionales y pago a proveedores, se ajustarán a las metas definidas en los diferentes sectores económicos a saber, servicios, agricultura, industria, infraestructura productiva y social. El Estado tendrá el control de la administración de dichas empresas a la cual se incorporarán los antiguos dueños bajo condiciones determinadas en el proceso de estatización.
Con su participación se organizarán las llamadas ‘mesas de mercado’ desde donde se llegará a acuerdos relativos al suministro de insumos, su precio, tiempos de ejecución y entrega final de la producción (Ver mi artículo «Frente al fracaso del gobierno otros hombres y mujeres deben tomar el relevo» en https://hectorvegatapia.com. En el artículo se explica el funcionamiento de las mesas de mercado).
Al término de los 10 años se evaluará el proceso de estatización y retroventa en el mercado local.
Santiago, abril 4, 2020
