Saúl Escobar Toledo
El Sur, México
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acaban de publicar su informe 2018 sobre el empleo en América Latina y el Caribe. Los resultados no son muy positivos. Dos asuntos preocupan fundamentalmente: el primero, que, en el pasado reciente la región ha enfrentado una situación económica de bajo crecimiento. De esta manera, el aumento de la demanda por una ocupación remunerada tuvo como respuesta un incremento del trabajo informal. Ello, dice el informe, representa un retroceso en la región respecto al avance que se había observado hasta más o menos el año 2010.
El aumento de la informalidad ha afectado sobre todo a las mujeres pues éstas se han incorporado en mayor número al mercado laboral, pero tuvieron que aceptar puestos de mala calidad. Por su parte, los hombres, frente a la falta de empleos asalariados, respondieron de manera distinta. Una parte de ellos, los más jóvenes, decidieron alargar su permanencia en los sistemas educativos. Los de mayor edad, en cambio, simplemente renuncian a seguir buscando un empleo. Ello, a su vez, ha creado mayores desigualdades entre los géneros.
Se crea así una dinámica perversa: un ritmo económico menor lleva a una caída en la oferta de puestos asalariados y consecuentemente a una mayor necesidad de completar el ingreso para las familias, lo que a su vez conduce a las mujeres a aceptar ocupaciones de baja remuneración y sin protección social.
No hay duda, dice el informe, que existe una estrecha correlación entre la tasa de ocupación y el crecimiento económico. Tal cosa se muestra con claridad entre 2010 y 2016, período en el que el empleo asalariado se expandió a un menor ritmo que el trabajo informal. Aunque los números han mejorado un poco en los años recientes, ello no ha sido suficiente para alcanzar los niveles anteriores. Además, fue un fenómeno que se observó de manera bastante generalizada: de los 14 países estudiados, sólo en tres creció más rápidamente el número de puestos asalariados.
Se observó, asimismo, que el mayor dinamismo del empleo se ubicó en el sector terciario. Particularmente, los servicios comunales, sociales y personales; el comercio; y los restaurantes y hoteles. La manufactura se contrajo cuatro años seguidos, entre 2012 y 2016 y apenas está repuntando levemente. Desafortunadamente, el trabajo sin protección prolifera más fácilmente en los servicios que en la industria.
Ahora bien, el documento señala que el aumento de la informalidad laboral no sólo obedece a la caída en la generación de empleos asalariados, sino también a las estrategias de las empresas para reducir costos. En lugar de ofrecer plazas estables y protegidas por la seguridad social, optan por diversas formas de contratación que evaden estas responsabilidades.
Desde hace muchos años, se conocen diversas modalidades de empleo que ignoran los derechos laborales. Por ejemplo, el trabajo a domicilio (principalmente para la elaboración de prendas de vestir); el reclutamiento de jornaleros rurales sin contratos escritos; y el trabajo asalariado doméstico no reconocido como tal. En algunos países, se ha tratado de reglamentar estas ocupaciones, pero sin grandes resultados prácticos. En otros, simplemente se les ha ignorado, como si se tratara de trabajadores invisibles.
A estas viejas formas de informalidad laboral, hay que agregar ahora nuevos fenómenos derivados de la tecnología, particularmente aquellos que tiene que ver con el uso del internet, las llamadas plataformas digitales. Estamos hablando por una parte del trabajo a distancia, por ejemplo, una empresa que contrata el servicio específico de una persona para realizar una tarea, digamos el diseño de un plano de ingeniería. A veces, una vez realizado el pago, termina la comunicación entre ambos. Pero en otras, la relación es frecuente e intensa y entonces surge la interrogante: ¿se trata de un trabajo que debería considerarse como subordinado bajo la responsabilidad de la empresa contratante y que por lo tanto genera derechos para el trabajador? En estos casos se habla ya de la existencia de jornaleros digitales.
En lo que concierne al uso de las plataformas, se trata de diferentes modalidades que oscurecen la relación entre la empresa y el trabajador y que no permite distinguir con nitidez el trabajo asalariado del independiente. La contratación mediante plataformas digitales se ha extendido muy rápidamente en varias partes del mundo: Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia. En las regiones angloparlantes, a este tipo de trabajo se le ha llamado economía gig. En la región latinoamericana y caribeña avanza más lentamente, pero se le puede reconocer ya abiertamente.
Estas plataformas digitales abarcan una gran diversidad de servicios como el transporte de pasajeros (taxis) y el reparto de comida a domicilio. Empresas como Uber y Cabify proporcionan a sus clientes una red de transporte mediante una plataforma virtual que se conecta por internet y que está disponible en teléfonos celulares. Otras como Cornershop, Ubereats y muchas otras, se dedican a la compra, recolección y envío de pedidos a través de repartidores, mediante mecanismos similares.
Aunque las formas de relación entre el cliente final, el trabajador y la empresa son diversas, en muchas ocasiones se ha probado que esta última exige ciertas calidades del empleado, le impone un ritmo y la forma de trabajo, y que la retribución se fija unilateralmente en función de las tareas desempeñadas sin mediar negociación. Igualmente, se pudo apreciar que los trabajadores no están protegidos por la seguridad social ni tiene posibilidades de asociarse entre ellos. Los estudios realizados indican que, frecuentemente, existe una relación subordinada entre el trabajador y la empresa, aunque formalmente se oculte o se le pierda la pista debido a que es el cliente final el que, mediante el internet, solicita el servicio.
En síntesis, el avance de la tecnología no ha redundado en una mejoría de la calidad del empleo, sino como hemos visto en formas de contratación vulnerables. Por ello, la OIT y la CEPAL recomiendan el estudio de estas tendencias más recientes para elaborar una legislación adecuada, una regulación factible por las autoridades, y el diálogo social mediante el respeto la libre asociación de los trabajadores.
México no ha sido la excepción en el panorama descrito por la CEPAL-OIT. Aquí también hemos tenido un crecimiento muy bajo, una oferta insuficiente de empleos asalariados y una informalidad que afecta a más del 50% de los trabajadores ocupados. Asimismo, se observan fenómenos como la subcontratación y la oferta de servicios por medio de plataformas digitales.
Aún es muy temprano para evaluar las perspectivas del empleo en el actual sexenio. Tendremos que ver, durante los próximos meses y años, cómo afecta el panorama laboral asuntos tan novedosos como las reformas a la Ley Federal del Trabajo, el programa de capacitación para jóvenes, y en general las políticas adoptadas por el gobierno para alentar el crecimiento económico y abatir la pobreza.
Sin embargo, las conclusiones del documento que comentamos son muy claras: se requiere de manera indispensable acelerar la economía para aumentar la oferta de empleos; pero también es necesario continuar con el fortalecimiento de las leyes y las instituciones laborales para combatir las diversas formas de contratación que vulneran los derechos básicos de los trabajadores. Entre otras, la subcontratación para evadir el pago de prestaciones y la seguridad social, y la situación de los trabajadores rurales y domésticos. Ahora, adicionalmente, se tendrá que investigar el uso de las plataformas digitales sobre todo en aquellos casos en que existe una relación subordinada del trabajador hacia la empresa.
La construcción de un país más justo requiere estos esfuerzos. No podemos conformarnos con un panorama que ofrece pocos empleos y de mala calidad.
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