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Por Carlos Pichuante
Nayib Bukele ha sido elevado como un “ejemplo” de liderazgo firme en una región asediada por el crimen, la corrupción y la pobreza.
Su imagen de presidente joven, moderno, sin ataduras con los partidos tradicionales, le ha granjeado una popularidad interna y un eco regional inédito.
Sin embargo, bajo la superficie de su discurso triunfalista y sus espectaculares puestas en escena en redes sociales, se oculta una devastadora erosión de la democracia y una economía que, lejos de despegar, sigue atrapada en el estancamiento y la desigualdad.
Desde que asumió el poder en 2019, Bukele ha desmantelado sistemáticamente los contrapesos institucionales.
En 2021, con el control de la Asamblea Legislativa, destituyó de forma ilegal a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general.
Más tarde, reformó la ley para permitir la reelección presidencial, violando el espíritu de la Constitución salvadoreña.
Bajo su mandato, el Estado de derecho ha sido reemplazado por un modelo de gobierno hipercentralizado, donde la figura del presidente se impone sobre todas las instituciones.
El Régimen de Excepción, vigente desde marzo de 2022 y renovado mensualmente hasta la fecha, ha generado más de 80,000 detenciones arbitrarias, muchas de ellas sin pruebas.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia, mientras el gobierno responde con silencio o desdén.
Bukele justifica este giro represivo como una “guerra contra las pandillas”, pero en los hechos, ha instaurado un régimen de terror en los barrios más pobres.
Paradójicamente, la narrativa de “El Salvador seguro” convive con una realidad social y económica alarmante.
Según datos del Banco Mundial, el 26.6% de la población vivía en la pobreza en 2023, con más de el 8.6% en pobreza extrema.
El crecimiento económico ha sido débil: apenas un 2.3% en 2023, muy por debajo del promedio regional.
La deuda pública ya supera el 82% del PIB, lo que genera una carga fiscal insostenible en el mediano plazo.
La apuesta de Bukele por el Bitcoin como moneda legal, lejos de atraer inversiones masivas como prometió, ha sido un fracaso rotundo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y diversas calificadoras de riesgo han advertido del peligro que supone una política fiscal tan opaca y arriesgada.
La adopción del Bitcoin costó al país más de 120 millones de dólares en compras que hoy valen mucho menos, y la mayoría de la población aún no lo usa ni lo comprende.
Mientras tanto, el sistema de salud, la educación y la infraestructura rural siguen en estado crítico.
En términos de empleo, más de 6 de cada 10 salvadoreños trabajan en el sector informal.
El modelo de Bukele no ha generado reformas estructurales ni políticas públicas sostenibles. Todo gira en torno al “milagro de la seguridad”, sostenido por una militarización masiva y la suspensión de derechos constitucionales.
Bukele ha sido exitoso en una sola cosa: construir un relato. Con su dominio casi total de los medios tradicionales y digitales, y una maquinaria de propaganda al estilo de los regímenes más autoritarios del siglo XX, ha silenciado la disidencia y presentado a El Salvador como una “nueva potencia moral”.
Pero la realidad es otra: una nación empobrecida, sin democracia y con instituciones debilitadas.
El presidente no ha transformado el país. Ha perfeccionado el arte del control mediante el miedo y el espectáculo.
Lo que estamos presenciando no es un modelo para América Latina, sino una advertencia.
La democracia no se pierde de golpe. Se desvanece cuando líderes como Bukele, bajo la excusa del orden y el progreso, reescriben las reglas del juego para eternizarse en el poder, mientras millones siguen atrapados en la pobreza, la exclusión y la desigualdad.
No confundamos popularidad con legitimidad. La democracia no se mide en likes.
