por Marcelo Ipinza
Hacia el Pronunciamiento Civil
Sabía usted que los actuales miembros del poder parlamentario y el ejecutivo, quienes dictan las leyes de la República de Chile, pudieron acceder al codiciado escaño público gracias a la vulneración de una ley constitucional que permitió el fraude electoral más grave de nuestra historia?
Primero los hechos:
Es tal la magnitud del daño infligido a la democracia el año 2017 que podemos sólo enunciar que Chile no se encuentra en democracia, sino que sometido al control de un sistema de concentración fraudulenta de poder. Desde el ejecutivo hasta los ministros por él nombrados, pasando por diputados, senadores y hasta alcaldes. Todos especulando con la ignorancia y la falta de hábitos de participación de la ciudadanía para perpetuar no sólo sus grosos privilegios monetarios, sino que también el goce adictivo de un poder mediático tan beneficioso y siempre complaciente, la vitrina, el mesón del matinal.
Ocurrió entonces en ese momento, primer trimestre del 2017, los partidos políticos carecían del número mínimo de militantes -obviamente como consecuencia de la odiosidad que su misma falta de transparencia y probidad provocó en la ciudadanía- se encontraban a días de su disolución y de perder el acceso a 7 mil millones de pesos que todos los años sustraían de la bóveda del estado. Se acercaba el fin del plazo de un año con fecha de inicio en abril del 2016 y dentro del cual estaban obligados a revalidarse
como organismos representativos, so pena de disolución. Los dos mecanismos de verificación y validación de militancia en partidos políticos permitidos por parte de un árbitro electoral, cuya versión criolla es el SERVEL son (más bien, eran): clave única para cada militante o mediante el uso de ministros de fe. Sin embargo, gracias a la presión ejercida transversalmente por partidos de todo el espectro ideológico sobre el presidente del consejo directivo del SERVEL de aquel entonces Patricio Santamaría, quien perteneció a la también agonizante Democracia Cristiana y que además fue designado por Sebastián Piñera en su primer gobierno, se obtuvo el permiso -otogado por él y no por la ley- para rodear y evitar el cumplimiento de la ley constitucional 20.900 (art.2) 1 de los partidos políticos. Pero, ¿vulnerar una ley implica castigo penal no?, bueno digámoslo de esta manera, desde ese momento se encuentran prófugos del juicio ciudadano.
Esto les permitió, en un hecho inverosímil, enviar por correo electrónico al servicio electoral una copia de cualquier cédula de identidad que pudiesen conseguir y de este modo dejarla enrolada sin exigir la verificación de que esta haya sido notificada, así de simple. De este modo miles de personas fueron involuntariamente refichadas como militantes. Probablemente muchas personas que se consideran exmilitantes aun lo son sin
siquiera saberlo. También hay que dejar en claro que mucha gente que jamás ha participado en política aparece en los inflados registros de varios partidos políticos chilenos.
Este fraude reboza de detalles y pasajes oscuros que la prensa oficialista, también prófuga del juicio ciudadano, barrió debajo de la alfombra. No obstante, la pregunta más importante y lógica que debemos hacernos es la siguiente: ¿qué tiene que ver esto con los procesos sociales que enfrenta Chile en este momento, el plebiscito, la estrategia de gobierno en torno al control de la pandemia, el blindaje de las AFP, TTP11 y otros tantos?
La respuesta es: tiene que ver con absolutamente todo.
Vamos por parte:
i. El gobierno de Sebastián Piñera fue elegido con un 26,46% de los sufragios dentro del universo de votantes inscritos (no olvidar el 52% de abstención). Sin embargo, y he aquí el gravísimo hecho y error que cometieron. Su candidatura fue inscrita por la coalición Chile Vamos el 2 de mayo del 2017, constituida por RN, UDI, Evópoli y el PRI, todos ellos resucitados justo antes del toque de campana mediante el refichaje de militantes fantasmas, exacto, antes de tener que disolverse pues en realidad no representaban a nadie, por ley debían disolverse y obviamente quedaban impedidos de patrocinar candidaturas parlamentarias y menos presidenciales, pero así lo hicieron. Entonces, tenemos hoy la obligación, en pos de la sanidad republicana, de deliberar en relación a la siguiente pregunta: ¿es
legítima la presidencia de un ciudadano cuya candidatura fue inscrita a través de una coalición ilícita que vulneró una ley constitucional?, el mismo cuestionamiento es válido para cerca del 95% de parlamentarios que hoy dictan nuestras leyes.
ii. El acto final. Fue un 15 de noviembre del 2019 cuando estos mismos partidos políticos resucitados con militantes fantasmas elaboraron y firmaron un pomposo acuerdo por la paz, estos se dividen en dos nefastos grupos -los que participaron del fraude de los refichajes del 2017 y por otro lado (o del mismo lado en realidad) los cómplices silenciosos, ex pingüinos y convenientemente díscolos. Esto permitió encajonar las feroces demandas sociales, subyugándolas (aunque duela decirlo) a un poder político ya en aquel entonces ilegítimo, y desvirtuarlas activando su poder propagandístico en noticieros y matinales de todos los medios de comunicación tradicionales, esos mismos que han sido y son actualmente
propiedad de los oligarcas postdictadura, sí ellos, quienes brindan un excelente palco mediático a sus soldados del parlamento (y del ejecutivo) en tiempos de campaña, haciendo gala de un verdadero mutualismo antidemocrático. En síntesis, el acuerdo por la paz nació ilegitimo, por transitividad, dada la ilegitimidad de sus propios firmantes, no hace falta decir más nada.
¿Se entiende entonces lo que sucederá en octubre del 2020?
Entraremos ahora nosotros en el juego siguiendo la flauta mágica y con nuestros votos les quitaremos por fin el peso de la culpabilidad a la pandilla, pues estaremos validando mediante un plebiscito el fraude político más espantoso y más prolijamente maquillado del siglo XXI en la historia de un Chile eternamente ultrajado y nuevamente seremos el
ejemplo a no seguir por los países desarrollados, seremos la continuación de un experimento que provocará nuevas décadas de fracturas sociales.
Es por tanto que ahora mismo debemos alzar la mirada y hacer uso de uno de nuestros derechos fundamentales, un pronunciamiento civil oficial y verdaderamente democrático, que emerja puramente del poder de decisión que tiene la ciudadanía sobre sí misma. Sólo tras ese umbral se haya el país libre y desarrollado que tanto anhelamos, por primera vez, una verdadera República.
(1) https://www.servel.cl/disposiciones-transitorias-leyes-20-900-20-914-20-915-20-916/
