Los países con las tasas más altas son Honduras, Belice, República Dominicana, El Salvador, Guyana, Bolivia y Brasil.
La Diaria, 12-12-2022
4.473 mujeres fueron asesinadas en 2021 por razones de género en América Latina y el Caribe, de acuerdo con los últimos datos oficiales informados por los países al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). La cifra representa un promedio de 12 femicidios por día en los 29 países de la región que proporcionaron información.
El organismo señala en el informe que, “desde hace una década y media, los Estados de América Latina y el Caribe han reconocido la gravedad de la violencia femicida y las muertes violentas de mujeres por razón de género, lo que se ha expresado institucionalmente en la aprobación de leyes y protocolos y la construcción de institucionalidad específica”. Sin embargo, asegura que, pese a estos avances, “el femicidio persiste como una realidad y no se observan señales claras de que el fenómeno vaya en disminución”.
En 2021, las mayores tasas de femicidio en América Latina se registraron en Honduras (4,6 casos por cada 100.000 mujeres), República Dominicana (2,7), El Salvador (2,4), Bolivia (1,8) y Brasil (1,7). En el caso del Caribe, los países con las tasas más altas fueron Belice (3,5) y Guyana (2,0).
Por otra parte, el organismo destaca que en diez países de América Latina –de los 18 analizados– las tasas de femicidio se mantuvieron iguales o superiores a un caso por cada 100.000 mujeres entre 2019 y 2021, un grupo que integra Uruguay junto con Argentina, Bolivia, Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y República Dominicana.
En Uruguay se percibe un leve aumento respecto a los años anteriores: según el informe, la tasa de femicidios en nuestro país fue de 1,4 cada 100.000 mujeres en 2019, 1,1 en 2020 y 1,5 en 2021. Podría aumentar también este año: el Ministerio del Interior registró 24 femicidios entre el 1º de enero y el 31 de octubre de 2022, dos más que durante el mismo período de 2021. El registro de las organizaciones sociales es superior: la Coordinadora de Feminismos denuncia 31 femicidios en lo que va del año y la Intersocial Feminista contabiliza un total de 44.
La Cepal asegura, además, que existe “una diferencia importante entre las dinámicas registradas en diferentes países de la región” respecto a la relación entre víctimas y femicidas. En países como Chile, Paraguay, Ecuador, Perú, Uruguay y Argentina, la mayoría de las muertes de mujeres por motivos de género ocurrieron en el ámbito de las relaciones de pareja. Este vínculo fue identificado en la mitad de los femicidios en República Dominicana y Costa Rica. Mientras, en El Salvador y Honduras se observa una “dinámica particular”, ya que sólo 25% de los femicidas tenían o habían tenido una relación de pareja con la mujer asesinada. Para la Cepal, en estos casos, “dinámicas más amplias relacionadas con la delincuencia organizada y la conflictividad social, expresadas en la violencia de género en el ámbito público, cumplen un papel importante”.
En cuanto a las edades de las mujeres asesinadas, el documento afirma que las adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años componen el tramo etario en que se concentra la mayor proporción de casos de femicidio, de acuerdo con datos de 16 países de la región entre 2019 y 2021. Más de 4% del total de esos delitos corresponden a niñas y adolescentes de menos de 14 años.
Además, se estima que, en 2021, 781 niñas, niños, adolescentes y otras personas dependientes perdieron a su madre o cuidadora a causa del femicidio en sólo diez países de la región que cuentan con datos al respecto. “Este número revela el gran impacto que tiene la violencia de género no sólo en las mujeres víctimas, sino también en sus familias, la comunidad y la sociedad en su conjunto”, resalta la Cepal, y la importancia de contar con marcos legales y políticas públicas que las contemplen.
En Uruguay, la única respuesta pública diseñada específicamente para hijas e hijos de mujeres víctimas de femicidio es la Ley 18.850, aprobada en 2011, que establece una pensión y asignación familiar especial para esta población. Por otro lado, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia del Instituto Nacional del Niño y Adolescente presentó en octubre de este año una guía con recomendaciones a corto, mediano y largo plazo para la atención de niñas, niños y adolescentes huérfanos por femicidio.
