UN BONAPARTISMO OLIGÁRQUICO, REGRESIVO Y AUTORITARIO
Una caracterización sucinta del gobierno de Daniel Noboa
Mario Unda. Quito, 13-11-2025
Correspondencia de Prensa, 14-11-2025
Daniel Noboa inicia su mandato el 23 de noviembre de 2023, tras unas elecciones anticipadas surgidas de la “muerte cruzada” decretada por su antecesor, Guillermo Lasso. Una simple revisión de los principales hitos del gobierno de Noboa permite ir armando, como un atropellado rompecabezas, los contornos que lo caracterizan.
1. RECUENTO
2 de enero de 2024: anuncia una consulta popular con 11 preguntas, 9 de ellas encaminadas a temas relacionados con la inseguridad y la violencia, dándole más atribuciones a las Fuerzas Armadas, a la Policía y a organismos de seguridad. Las otras dos se refieren a someter a arbitraje internacional las controversias del Estado con las transnacionales, y permitir los contratos laborales por horas. 1
9 de enero de 2024: declara la existencia de un “conflicto armado interno” contra “grupos del crimen organizado transnacional” a los que califica como “terroristas”. 2
29 de marzo: Noboa mantiene una reunión privada con Trump. Según CNN, Noboa llegó con una propuesta para el regreso de tropas estadounidenses al Ecuador. Por su parte, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional norteamericano aseguró que Trump “está firmemente comprometido a fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y está considerando ampliar nuestros esfuerzos combinados contra las organizaciones criminales transnacionales”. 3
1 de abril de 2024: aumento del IVA del 12 al 15%, justificándolo en la necesidad de financiar la guerra contra el “narcoterrorismo”. 4 El nuevo impuesto afecta a más de 200 productos de la canasta básica, y a 21 de los 215 alimentos que integran esa canasta. La medida había sido anunciada el 16 de marzo.
5 de abril de 2024. Noboa ordena invadir la embajada de México en Quito para apresar al exvicepresidente Jorge Glas, acusado de actos de corrupción durante el gobierno de Rafael Correa. Glas se hallaba asilado en esa sede diplomática. 5
Abril-mayo de 2024. Primera crisis eléctrica con cortes y racionamientos. Noboa acusa de sabotaje a la ministra de Energía, Andrea Arrobo, le pide la renuncia y presenta una denuncia contra ella en la Fiscalía. Antes de que se desate la crisis, varios sectores profesionales y laborales habían anunciado el riego de cortes de energía a causa del fuerte estiaje, mientras el gobierno insistía en tenerlo todo controlado. Durante el juicio político que se le siguió, Arroba aseguró que el presidente estaba al tanto del problema. 6
21 de abril de 2024: se realiza la consulta popular. Gana el Sí ampliamente en las 9 preguntas sobre seguridad; gana el No ampliamente en las preguntas sobre arbitraje internacional y contratación laboral. 7
31 de mayo – 7 de junio de 2024: firma la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 8 El gobierno se compromete a implementar las políticas neoliberales, complementándolas con medidas sociales focalizadas.
Septiembre-octubre de 2024. Segunda crisis eléctrica, con cortes y racionamientos más drásticos, de hasta 14 horas diarias en algunas provincias, y que durarían hasta diciembre (en ninguna de las dos crisis se produjeron protestas contra el gobierno, aunque sí críticas de distintos sectores).
13 de marzo de 2025: rotura del oleoducto transecuatoriano en Esmeraldas. El gobierno dice que fue un sabotaje.
5 de mayo de 2025: Noboa visita Israel, se entrevista con Netanyahu, a quien le dijo que Ecuador e Israel “tienen los mismos enemigos”. 9
24 de mayo de 2025, inicia el nuevo mandato de Noboa y emprende una furibunda avalancha de leyes, decretos y acuerdos (y la lista que sigue a continuación está lejos de ser exhaustiva).
10 de junio de 2025: Ley Orgánica de Solidaridad Nacional.
11 de junio de 2025: Ley Orgánica de Inteligencia.
16 de junio: el gobierno reabre, luego de cinco años, el catastro minero con el fin de realizar nuevas concesiones para pequeña minería no metálica (hasta 300 toneladas diarias en minería subterránea y hasta 1.000 toneladas diarias a cielo abierto). A partir de septiembre se prevé otorgar concesiones para minería metálica.
20 de junio. La Asamblea Nacional, con el voto favorables de ADN y RC, aprobó modificaciones en el Código de la Democracia. Resalta la modificación del método de asignación de escaños, sustituyendo el método Webster por el método D´Hont, que provoca una representación inflada de las listas más votadas y una subrepresentación de las minorías.
26 de junio de 2025: Ley Orgánica de Integridad Pública. Entre los varios aspectos que contiene se encuentran, por un lado, los mecanismos que permiten despedir a trabajadores públicos, amparándose en “evaluaciones” (de hecho, los despidos comenzaron antes de que hubiera ninguna evaluación), y, por otro lado, disposiciones que anulan intereses y multas por mora de las deudas al SRI. Se eliminó el artículo que impedía beneficiarse a familiares del presidente, constante en una ley de diciembre de 2024 (con esa nueva ley, Corporación Noboa eliminó su deuda). 10
4 de Julio: Decreto que elimina varios ministerios del área social: por ejemplo, Ambiente se convierte en una dependencia del ministerio de Energía y Minas, el de la Mujer y Derechos Humanos pasa a depender del ministerio de Gobierno
11 de julio: comienzan jornadas de protestas encabezadas por el Frente Unitario de Trabajadores y el Frente en Defensa de la Salud, Educación Pública, Trabajo Digno, Seguridad Social, Derechos Humanos y de la Naturaleza. En las siguientes semanas realizarán varias movilizaciones plantones y eventos hasta enlazar con el paro decretado por la CONAIE.
14 de julio de 2025: Reglamento a la Ley Orgánica de Inteligencia.
15 de julio de 2025: Reglamento General a la Ley Orgánica de Solidaridad.
23 de julio de 2025: Reglamento General a la Ley Orgánica de Integridad Pública.
24 de julio de 2025: Decreto 60 (“reformas institucionales de la Función Ejecutiva”).
26 de Julio de 2025: Ley Orgánica de Integridad Pública (la cobertura para iniciar el despido masivo de trabajadores públicos)
26 de julio de 2025: “Reglamento de organizaciones laborales para el ejercicio del derecho de libertad y autonomía sindical” (Acuerdo ministerial Nro. MDT-2025-082, conocido como “Acuerdo 082”). Este reemplaza al Acuerdo ministerial Nro. MDT-2024-012, que la misma ministra había dictado en enero de 2024 con el mismo nombre. Los cambios entre uno y otro son significativos: añadiendo la prohibición de reelección inmediata y la exigencia de que los dirigentes sean “trabajadores activos bajo relación de dependencia”.
4 de agosto de 2025: la Corte Constitucional (CC) suspende temporalmente 17 artículos de las leyes de Solidaridad, Integridad e Inteligencia.
16 de agosto: la convención nacional del Frente Unitario de los Trabajadores convoca a una movilización nacional para el 11 de septiembre. A partir de entonces, trabajadores, campesinos y enfermos renales realizaron varias marchas y plantones.
27 de agosto de 2025: se publica en el Registro Oficial la “Ley Orgánica de Transparencia Social”, para el control de fundaciones y organizaciones no gubernamentales.
12 de septiembre: El gobierno decreta el incremento del precio del diésel y establece un esquema de flotación e incrementos parciales. Al mismo tiempo, anuncia bonos de compensación para transportistas y agricultores.
16 de septiembre: marcha por el agua en Cuenca con la participación de más de 100.000 personas.
17 de septiembre. Mure un enfermo renal en las afueras del Hospital General de Ambato mientras participaba en una protesta.
18 de septiembre: la Conaie convoca a un paro nacional indefinidos en protesta por la subida del diésel, contra el paquetazo neoliberal, la crisis en salud y educación, el abandono estatal y en rechazo al modelo extractivista. La protesta se mantendrá durante 31 días. La acción represiva de la policía y las fuerzas armadas causó tres muertos (dos por disparos de arma de fuego y una por asfixia debido a los gases lacrimógenos) y un número indeterminado de heridos.
1 de octubre de 2025: Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia que, entre otras cosas, obligar al BIESS a vender su cartera.
5 de octubre: Noboa anuncia que el Estado adelantará el pago del décimo tercer sueldo para el 14 de noviembre, dos días antes de la consulta popular.
27 de octubre de 2025: Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia Social. Entre otras cosas, prohíbe a las organizaciones “ejecutar acciones destinadas a la paralización de actividades mineras”
3 de noviembre: Noboa se reúne con grupos de migrantes ecuatorianos en Queens. Ofrece mil bonos del programa Emprende para negocios de ecuatorianos en el exterior.
2. UN INICIO YA POCO RECORDADO
Quizás ya nadie recuerde (y puede que recordarlo no aporte mucho) que Daniel Noboa hizo campaña electoral en 2023 definiéndose como una persona de centroizquierda y un cuasiecologista.
Así que, en el discurso de su primera posesión, 11 Noboa trató de presentar una imagen totalmente nueva: su propia condición de joven, un discurso corto, que duró unos 7 minutos, y promesas de dejar atrás la polarización y las confrontaciones.
Más allá de las revanchas: “aquellos que ven la política como una realidad de extremos y revanchas no tendrán el respaldo popular […]. [S]iento la obligación de poner a mi país primero y romper el ciclo de revanchas”. Y, para completar, sentenció que “El anti tiene un techo y el pro es infinito” […:] no soy un anti-nada, soy un pro-Ecuador”.
Además, se ufanó de la diversidad de sus ministros y ministras: “Pocos gabinetes en la historia han sido tan diversos como este. Nunca hemos tenido la participación de tantas mujeres ni de jóvenes”. En consonancia, ofreció “un Ecuador que incluya a todos”.
¿Promesas y propósitos?: “Creo en un estado que tiene como primer objetivo reducir la violencia y volver el progreso una costumbre”. ¿Cómo enfrentar la violencia?: “Para combatir la violencia hay que atacar la desocupación”, y anunció que, para el efecto, “enviaremos reformas urgentes”.
Para resolver los problemas del Ecuador, dijo, deben desecharse “los viejos esquemas políticos” y trabajar juntos “para acabar con el enemigo en común: la violencia y la miseria”. Con ese discurso, el que arrastraba
Otros dos hechos marcaron esa primera fase del gobierno de Noboa. Por un lado, la conformación de su gabinete ministerial, que muestra un intento de establecer un gobierno de unidad oligárquica, pero con rostros nuevos y la participación de las nuevas generaciones; representan a familias de diversos sectores económicos, como quiera no los más grandes (excepto sus propios grupos familiares). 12
Por otro lado, el establecimiento de una alianza parlamentaria entre ADN (Acción Democrática Nacional), el partido Socialcristiano (PSC) y Revolución Ciudadana que se repartieron las dignidades de la Asamblea y la conducción de las Comisiones parlamentarias. El acuerdo político seguía y completaba a la alianza social. El gobierno situaba el juego institucional y las alianzas parlamentarias como un elemento central de sus posibilidades de gobernabilidad.
Pero la situación cambió drásticamente al comenzar el nuevo año, con el pretexto de la violencia generada por el narcotráfico, que se disparaba sin control y a la que la población señalaba como su principal preocupación. En 2021, Ecuador tenía una tasa de homicidios de 13,7 por cada 100.000 habitantes, y en 2022 saltó a 25,9. En 2023 era ya de 49 por cada 100.000 habitantes 13, incluyendo el asesinato de un candidato a la presidencia de la república, de alcaldes y concejales. Aunque en 2024 bajó a 39,14, se incrementaron los robos, los secuestros y las “vacunas” (extorsiones): Ecuador se había convertido en el país más violento de América Latina. 14 En Guayas se concentró el 46% de homicidios, seguida por Manabí (12,34%) y Los Ríos (11,59%). Guayaquil, el principal cantón de la provincia del Guayas contaba el 27,87% de todos los homicidios registrados en el país, superando en cuatro veces Durán y en siete veces a Manta, que estaban en el segundo y tercer puesto. La población, atemorizada, inerme, clamaba por la protección de gobiernos fuertes y medidas de mano dura.
De manera que, cuando Noboa decreta el estado de guerra interno contra los grupos terroristas y el crimen transnacional organizado, recibió el beneplácito de la población y su aceptación creció notablemente. Más aún porque la declaratoria incluía estados de emergencia, militarización y la formación de un Bloque de seguridad que apareció como una nueva institución estatal que concentraba la acción política y militar y que, en consecuencia, quedaba convertida en el eje real de gobernabilidad a partir de entonces. En consecuencia, los estados de emergencia se convirtieron en la forma de la democracia bajo Noboa: como se sabe, una democracia restringida, una democracia que se anula de a trozos supuestamente para protegerse a sí misma y para proteger a sus ciudadanos. En adelante, todo el tiempo, incluso en períodos electorales, por lo menos una parte del país -y en ocasiones todo el territorio nacional- ha caído bajo su férula.
El presidente ha establecido una fuerte relación con los militares y la policía, cuya penetración por los carteles de la droga había sido denunciada por un exembajador norteamericano ya bajo el gobierno de Lasso (2021-2023). 15 Por un lado con los altos mandos, cuya proximidad se asegura con cambios calculados; por otro lado, la adulación a la tropa, que ejecuta la guerra contra el narcotráfico y la guerra contra el pueblo: Noboa ha otorgado dos bonos a policías y militares; uno de 507,60 dólares en marzo de 2025, entre la primera y la segunda vuelta electoral, y el otro de 470 dólares, entre el fin de las protestas y la consulta popular. 16
Pero es justamente su alianza con los militares (ejemplificada en el bloque de seguridad) la que afirma en un primer momento su carácter bonapartista, porque afianza sus posibilidades de situarse materialmente y al mismo tiempo sobre el Estado, sobre el conjunto de su clase y sobre la sociedad.
De esta manera, la anterior estrategia de las alianzas parlamentarias quedó obsoleta, y Noboa precipitó su defunción el 5 de abril, con el asalto a la embajada de México, donde se encontraba asilado Jorge Glas, el ex vicepresidente de Correa, convertido en el trofeo que constantemente esgrimen las derechas. El correísmo pasó a la oposición, pero nunca pasó de una oposición parlamentaria de escasas repercusiones igual en el plano legislativo que en el social.
Desde entonces vivimos la segunda fase del noboísmo, que con la reelección tras los comicios de febrero y abril de 2025 no hizo más que consolidarse. Al situarse, gracias al recurso al miedo de la violencia, Noboa logra que la sociedad, sobre todo la sociedad atemorizada y agotada, lo sitúe por encima de ella. Es la primera piedra del edificio bonapartista, de un nuevo bonapartismo, oligárquico por su contenido social, y regresivo por su carácter político.
3. ¿NADA NUEVO EN ECONOMÍA?: NEOLIBERALISMO TÍPICO Y ALGO MÁS
El programa económico de Noboa está contenido casi íntegro en la Carta de Intención firmada en 2024 con el Fondo Monetario Internacional 17 para obtener un crédito “de acceso excepcional”. El eje es, como de costumbre “mitigar las vulnerabilidades fiscales estructurales del Ecuador y [… ] cimentar la sostenibilidad fiscal a mediano plazo: equilibrar ingresos y gastos y reducir la dependencia del petróleo, eso sí “protegiendo al mismo tiempo el gasto esencial en seguridad, la red de protección social y la inversión pública” -según palabras de Kristalina Georgieva, Directora Gerente y Presidenta del FMI.
El documento señala 5 objetivos:
“ i) reforzar la sostenibilidad fiscal protegiendo a los grupos vulnerables; ii) salvaguardar la dolarización y la estabilidad macroeconómica; iii) recomponer las reservas de liquidez; iv) afianzar la estabilidad e integridad financieras, y v) seguir avanzando en el programa de reformas estructurales para promover el crecimiento sostenible e inclusivo.”
La sostenibilidad fiscal se lograría a través de “una movilización significativa de los ingresos no petroleros”, es decir, impuestos temporales y, especialmente, el incremento del IVA del 12 al 15%. Sin embargo, dado que una parte de la sostenibilidad depende de medidas de efecto temporal, se requerirán “más esfuerzos sostenidos” dirigidos a “medidas permanentes de alta calidad por el lado del ingreso y del gasto”.
¿Cómo lograrlo? No hay misterios, porque la receta se repite. El plan contempla, en primer lugar, “la contención del gasto en salarios y bienes y servicios”. Y añade: “pero sin dejar de proteger el apoyo social focalizado ni los proyectos de inversión prioritaria”.
En segundo lugar: Eliminar lo que el FMI y el gobierno llaman “subsidios”. En sus palabras: “una mejora del saldo primario no petrolero del SPNF, incluidos los subsidios, que se concentraría al inicio del programa y equivaldría a 2,2% del PIB en 2024, con un 3,3% adicional del PIB en el período 2025-2028, para totalizar un 5,5% del PIB durante el período del programa” (tómese en cuenta que el monto esperado de reducción es significativamente alto). E insiste: “El plan irá acompañado de una optimización de la red de protección social que se lograría al ampliar la cobertura de las transferencias sociales para los hogares vulnerables”.
Luego, “movilización de ingresos fiscales” concentrada en “racionalizar gastos tributarios ineficientes” y reemplazar las medidas transitorias por otras permanentes, entre ellas “eliminar gradualmente el ISD” (impuesto a la salida de divisas). Ahora, si se eliminan impuestos y se perdonan otros, así como multas e intereses, ¿de dónde pueden provenir los ingresos más permanentes?
Entonces, movilizar otros ingresos: eliminar el subsidio al diésel; contener los aumentos salariales (“equiparando el crecimiento de los salarios a la inflación”); reducir gastos, manteniendo solo los “urgentes”. Y privatizaciones, sea por venta directa o a través de “una mayor participación del sector privado” y de alianzas público-privadas (mecanismo instituido ya durante el gobierno de Correa). Los sectores que tiene en mira son el petróleo (para el que se plantea también “incrementar la competencia en la distribución de los mercados internos de combustible”), la energía eléctrica (“proyectos de inversión privada”)
El plan se centra también en “salvaguardar la estabilidad financiera” ya que observan una “compresión de los márgenes” de las tasas de interés (luego, permitir que vuelvan a ampliarse). Entre otras medidas, “desarrollar el mercado de deuda interna” (finalmente las leyes recientes sobre el IESS y el BIESS).
Finalmente, “reforzar la eficacia del marco de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo” (ver las leyes respectivas en el recuento presentado al inicio).
Un siguiente punto se plantea “fortalecer la competitividad y estimular el potencial de crecimiento”. Los elementos que deben enfrentarse son: la incertidumbre en las medidas políticas, la inseguridad, “la rigidez del mercado laboral”, las regulaciones “engorrosas” y los costos de endeudamiento. Para ello es necesario “restablecer la estabilidad macroeconómica”, la apertura a las privatizaciones y las “reformas del mercado laboral” para eliminar “los contratos de trabajo rígidos, los fuertes costos de separación del servicio” (es decir, las indemnizaciones por despido) “y los salarios mínimos altos”. Como es costumbre, se asegura que “aumentar la flexibilidad del mercado laboral” (es decir: precarizar el trabajo) promoverá el empleo formal.
Pero más allá de estas declaraciones -medio ideológicas y medio cínicas- el documento no puede dejar de reconocer “el impacto adverso” de tales políticas, con el consiguiente “descontento social”, con posible impacto “alto”, aunado al riesgo de un “nuevo bloqueo político”.
Recomienda entonces “políticas para proteger a los pobres y más vulnerables” (las ya mencionadas transferencias monetarias) y… propaganda (“Continuar interactuando con el público en general y explicar las ventajas del programa de reformas”). Así, pues, el neoliberalismo tradicional se combina con políticas sociales o, mejor, con acciones políticas no solo focalizadas, sino puntuales y temporales, pero ampliamente extendidas, y con una preocupación incrementada por la propaganda y la comunicación, que empata muy bien con una familia presidencial que ya era tiktokera antes de llegar al palacio de Carondelet.
4. EL CARÁCTER POLÍTICO (1): CONCENTRACIÓN DEL PODER, CONTROL DE TODAS LAS FUNCIONES DEL ESTADO, AUTORITARISMO Y ALIANZA CON LAS FUERZAS ARMADAS
Desde el primer momento, antes incluso del gran viraje de enero de 2024, Noboa emprendió su tarea de concentrar todo el poder. El primer paso parecía ser apenas un capricho anecdótico: exilar a la vicepresidenta de su primer período. Apenas instalado en la presidencia, ideó un exilio diplomático para Verónica Abad, enviándola a Israel como “colaboradora para la paz”. Luego siguió (Fiscalía mediante) un juicio al hijo de Verónica Abad, acusado de tráfico de influencias y encarcelado en el penal más peligroso del país. En el ínterin, nombró dos vicepresidentas para reemplazarla. Por fin, Abad fue destituida de facto por un acto administrativo del ministerio de Trabajo, que la acusó de abandono del lugar de trabajo. No hubo organismo de control que notara las irregularidades.
Pero eso no fue más que el inicio. La campaña para la reelección fue un muestrario de cómo el presidente eludió normas legales. 18 Incluso la muy prudente Misión de Observadores de la OEA no pudo evitar señalar “ciertas condiciones de inequidad observadas en la contienda”. La Misión dijo “observar con preocupación que el proceso electoral estuvo marcado por condiciones de inequidad durante la campaña, así como por indicios sobre el uso indebido de recursos públicos y del aparato estatal con fines proselitistas”. 19
Entre otras cosas, decidió el mismo qué días pedía licencias para hacer campaña aleando ambigüedad de la norma; los ministros estuvieron repartiendo cocinas eléctricas en pleno período electoral; puso en marcha bonos con duración precisa para que cubriera las semanas previas a las votaciones. Pero ni la Asamblea, ni el Consejo Nacional Electoral, ni el Tribunal Contencioso Electoral ni la Corte Constitucional hicieron nada significativo para poner las cosas en orden: quedó sellada y evidenciada la subordinación de todos los poderes e instituciones del Estado a la voluntad del Ejecutivo. Eso sí, cuando alguna institución no se allanó completamente a su voluntad, Noboa recurrió a las amenazas, a la deslegitimación y al acoso a sus miembros (caso de la Corte Constitucional).
Este control del Estado se complementa con el control de la prensa: a más de los medios públicos que están en sus manos, cuenta con el beneplácito de gran parte de la prensa tradicional, motu proprio o vía pautados. Y recientemente un asambleísta suplente de ADN compró dos importantes medios con presencia en la radiofonía y en redes sociales; 20 la gran desproporción entre el monto pagado y los bienes declarados por el legislador es apenas otra anécdota del período.
Las presiones incluyen campañas de desprestigio, persecuciones jurídicas y administrativas (Expreso), pero también censura abierta y cierres de las señales, como se vio durante las protestas de septiembre y octubre de 2025, afectando sobre todo a medios indígenas y comunitarios.
El control sobre el conjunto del andamiaje estatal se fortaleció -como ya se indicó- con la creación “bloque de seguridad”. Y esta es la segunda piedra del edificio bonapartista: el presidente, que ya estaba situado por encima de la sociedad, se sitúa también por encima del Estado.
5. EL CARÁCTER POLÍTICO (2): LAS RELACIONES CON LOS DIVERSOS SECTORES DE LAS CLASES DOMINANTES Y CON LA NUEVA GEOPOLÍTICA GLOBAL
El gobierno de unidad oligárquica tuvo corta vida, y el presidente afirmó su control sobre el Estado; sin embargo, no logró un acuerdo total de la burguesía. A medida que afianzaba su proyecto (y a medida que utilizaba el Estado para realizar acciones o promulgar leyes que favorecían directamente a las empresas de su grupo familiar), algunos sectores comenzaron a tomar distancias. Esto se hizo visible en el tratamiento que la prensa formal le ha dado a su gobierno, pues algunas de sus decisiones merecieron críticas, incluso bastante fuertes (Primicias, Ecuavisa, Teleamazonas). Expreso es un caso particular, por la confrontación iniciada por el gobierno (el SRI lo acusa de fraude tributario en la distribución de periódicos), pero antes de eso, ya algunos de sus editoriales tenían un tono cuestionador, y suele publicar artículos de fondo que desmienten narrativas oficiales.
En el ámbito político el gobierno mantiene la iniciativa y controla en solitario la conducción de la Asamblea Nacional. Los restantes partido de las clases dominantes, incluido el partido Socialcristiano y las agrupaciones más recientes están fuertemente debilitados. Revolución Ciudadana mantiene en general un discurso de oposición, aunque sus iniciativas no han tenido éxito. Por el contrario, aunque los acuerdos iniciales terminaron con el asalto a la embajada de México, no ha tenido inconvenientes en coincidir con el oficialismo en la reforma al Código de la Democracia para sobrerrepresentar a las agrupaciones políticas que obtengan mayor votación. También el PSC se ha alejado del acuerdo inicial con Noboa, e intermitentemente se opone o critica algunas de sus medidas. Esto va reduciendo esa base clasista amplia, y el gobierno se sitúa no solo por encima de la sociedad, sino por encima de su propia clase. Evidentemente la unidad se produce en torno a dos temas: las medidas neoliberales y la represión a las protestas sociales.
Así como se situó por encima de la sociedad, también se ha situado por encima de su propia clase, plantando la tercera piedra de su proyecto bonapartista. No obstante, no ha dejado de representar, en cierto modo, los intereses del conjunto de la clase dominante. Por eso, y por la configuración ideológica y cultural de la oligarquía, sus diversas fracciones apoyan decididamente al gobierno cuando se trata de la agudización del conflicto de clases, como ocurrió durante las últimas jornadas de protesta popular.
Siendo como es el Ecuador un país dependiente, adquiere gran importancia la relación con las disputas por la hegemonía del capitalismo global. Todavía en la época de la firma de la Carta de Intención con el FMI, se hablaba de la necesidad de firmar cuantos tratados de libre comercio se pudiera, y el documento del FMI alababa el acuerdo con la China.
Pero los escenarios se modificaron drásticamente tras la elección de Trump a la presidencia de los Estados Unidos y la ofensiva emprendida por él para modificar el orden global en beneficio de los intereses estadounidenses. Del mismo modo, el lenguaje comercial y diplomático que dominaba anteriormente ha sido reemplazado pronto por una retórica guerrerista. En esas condiciones, los gobernantes latinoamericanos, sobre todo aquellos que se ubican a la derecha del espectro político han adoptado muy rápido el papel de piezas subordinadas al imperialismo del Norte y a sus avanzadas geopolíticas, Milei y Noboa en primera línea.
En ese marco se inscribe la propuesta -incluida en la consulta popular del 16 de noviembre- de reabrir en territorio ecuatoriano bases militares de potencias extranjeras, señalando abiertamente a Estados Unidos y a Israel como socios y beneficiarios. La isla de Baltra, la antigua base de Manta y Salinas han sido señaladas en diversos momentos por Noboa como potenciales ubicaciones de dichas bases. Y, más recientemente, apenas un poco después de que la Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos visitara al Ecuador, el ministro de Defensa prometió “más bases”. 21
6. EL CARÁCTER POLÍTICO (3): RELACIONES CON LAS CLASES SUBALTERNAS. CLIENTELISMO EN GENERAL Y CLIENTELISMO ELECTORAL
Las relaciones con las clases subalternas contemplan específicamente dos aspectos. En primer lugar, estimular y reforzar los mecanismos clientelares como mediación entre gobernantes y gobernados. La ya citada Carta de Intención es explícita en la necesidad -dice- de “fortalecer la red de protección social”. Esto significa ampliar la cobertura de “transferencias monetarias” directas a las familias pobres en todo el país, para protegerlas “del impacto adverso de las medidas de consolidación fiscal”. El argumento es a primera vista es reducir la pobreza, pero no se esconden los motivos de fondo: enfrentar el previsible descontento social y alejar los riesgos de crisis políticas. Por eso los bonos se han entregado profusamente en dos momentos: elecciones y agudización de las luchas sociales.
Los bonos de épocas electorales se entregaron en medio de las campañas y fueron válidos mientras duró la campaña. Veamos los bonos de la reelección, con votaciones previstas para el 9 de febrero y el 13 de abril. Cuando el país soportaba los golpes más fuertes de la crisis energética el gobierno introdujo un subsidio a los primeros 180 kw de consumo para todos los hogares; validez: noviembre y diciembre de 2024 y enero-marzo de 2025. En diciembre de 2024 y enero de 2025, el gobierno entregó gratuitamente 80.000 cocinas de inducción; encargados del reparto fueron los ministerios de Inclusión y Energía, la Corporación de Electricidad y las Fuerzas Armadas.
También en diciembre de 2024 se estableció el bono “Jóvenes en acción”: 400 dólares mensuales, durante seis meses, para jóvenes de entre 19 y 30 años a cambio de trabajos diversos para ministerios. En marzo de 2025 se presentó “Ecuatorianos en acción”: un bono de 400 dólares mensuales, durante dos meses, para personas de entre 30 y 65 años de edad. El 26 de marzo se entregaron bonos especiales de unos 500 dólares por única vez para policías y militares activos. El 27 de marzo se anunció el programa “Incentivo emprende”: entrega de 1000 dólares, por una sola vez, a propietarios de pequeños negocios de la economía popular y solidaria afectados por la fuerte temporada invernal. El 28 de marzo apareció un nuevo bono: una sola entrega de 800 dólares en beneficio de pequeños y medianos productores agrícolas afectados por desastres.
La siguiente coyuntura electoral, la de la consulta popular y referéndum prevista para el 16 de noviembre, prácticamente se traslapó con las movilizaciones de septiembre y octubre. En este nuevo momento, el gobierno reactivó el “Incentivo emprende” para entregarse en zona afectadas por el paro y entre los migrantes en Estados Unidos. En septiembre de 2025 estableció el “Bono raíces”: una transferencia de 1000 dólares, por una sola vez, para agricultores pobres. También en octubre se restableció el programa “Jóvenes en acción”. En octubre, tras el incremento de los precios del diésel, estableció una compensación para transportistas que, tras varios anuncios, quedó fijado en montos que van de 400 a 1800 dólares mensuales; los transportistas urbanos tendrán la compensación durante ocho meses, y los interprovinciales durante seis meses. Este sector también se beneficia del “bono de chatarrización”, de hasta 23.000 dólares, para transportistas que busquen renovar sus vehículos. Se complementa con créditos al 9% anual.
La entrega de bonos agota prácticamente la propuesta de políticas sociales en el gobierno de Noboa. Pero estas “transferencias directas” no fueron solo en dinero: si en la campaña electoral se repartieron centenares de miles de muñecos de cartón con la imagen de Noboa, ahora, previo a la consulta, se regaló a los niños de Esmeraldas muñecos de Daniel Noboa, al modo de un nuevo Ken criollo. También se regalaron chanchos.
La importancia que el gobierno ha dado a los bonos -y, al mismo tiempo, el abandono en que ha dejado otras acciones e inversiones- queda retratado en el titular de esta nota de prensa del 31 de octubre de 2025: “El Gobierno ha gastado USD 120 millones en obra pública, menos de la mitad de lo que ha destinado en bonos”. 22
Por esta vía se busca atraer a una población empobrecida y dispersa, incapaz de valerse ni social ni políticamente por sí misma, y prevenir que sea atraída por la irradiación generada por los movimientos sociales más organizados.
7. EL CARÁCTER POLÍTICO (4) RELACIONES CON LAS CLASES SUBALTERNAS. PERSECUCIÓN Y REPRESIÓN
La mediación clientelar es la primera política de relacionamiento con las clases subalternas. La segunda es un combo de campañas de desprestigio: acusaciones de que las organizaciones sociales están vinculadas y financiadas por el narcotráfico, que son “terroristas” y que su objetivo es desestabilizar a la democracia; de persecución, espionaje, infiltración, control y debilitamiento de las organizaciones sociales y de asociaciones no gubernamentales que las apoyan: bloqueo de cuentas bancarias, llamados a declarar a la Fiscalía acusados de terrorismo y paralización de servicios públicos; censura de prensa; 23 despidos masivos de trabajadores y aunados a presiones para que los empleados participen en las marchas a favor del gobierno y en los actos de las campañas electorales. Finalmente, el ejercicio de la violencia directa en momentos de (y no solo en contra de) las protestas sociales.
El menú completo contempla la expedición de leyes y decretos para normalizar dichas actividades estatales en contra de las formas asociativas de los sectores populares y de sus dirigentes (leyes de inteligencia, de transparencia financiera, decretos sobre organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales, etc.) y la movilización de todo el aparato estatal: ministerios, fuerzas armadas, policía, organismos de propaganda, Fiscalía, SRI, Unidad de Análisis Financiero: no se había visto un despliegue tal tan concentrado en el tiempo.
Durante septiembre y octubre, fuerzas armadas y policía invadieron comunidades indígenas con un uso dispendioso de gases lacrimógenos creando una neblina artificial que asfixiaba a los residentes (y que, de hecho, causó una muerte en Saraguro) y disparos de armas de fuego (otras dos víctimas mortales y varios heridos que perdieron un ojo o sufrieron amputaciones), allanaron viviendas para apresar a jóvenes indígenas. También se bloqueó el paso de ambulancias y se entró violentamente en hospitales para detener a manifestantes heridos. Se trasladó arbitrariamente a varios detenidos a cárceles de ciudades donde se habían realizado masacres de presos. Varias comunidades de Otavalo, Cotacachi, Calderón y Saraguro sufrieron esas violentas arremetidas.
Los predios de la Universidad Central fueron igualmente invadidos, contrariando disposiciones constitucionales. Y manifestaciones y plantones pacíficos sufrieron acosos, requisas, amedrentamientos y ataque de la policía. Varias demostraciones fueron reprimidas y dispersadas apenas iniciaban la marcha.
La tecnología también fue convertida en campo de batalla. Ciudades de la provincia de Imbabura, como Otavalo y Cotacachi sufrieron el corte de la señal de Internet y el bloqueo de la telefonía celular.
Además, volvió la censura de prensa: las radios Inti Pacha (Cayambe) e Ilumán (Otavalo) y TV Micc (Cotopaxi) fueron clausuradas temporalmente y se iniciaron sumarios administrativos en su contra y amenazas de enjuiciamiento. La policía impidió grabar y registrar los actos violentos que cometía y dañó teléfonos celulares y equipos de video de los reporteros. Varios periodistas, fotógrafos y camarógrafos, sore todo de medios comunitarios, pero también de medios tradicionales, fueron golpeados y heridos por la represión estatal. 24 Fundamedios registró 55 agresiones contra la libertad de expresión durante los 31 días de protestas. 25
También fueron censurados, interrumpidos y dispersados eventos artísticos y actos públicos por la paz organizados por colectivos sociales y grupos de religiosas. El grupo Mugre Sur sufrió la censura e interrupción de dos conciertos, uno en Quito y otro en Cuenca.
Antes de desatar la andanada de violencia, el gobierno intentó también otros mecanismos para acallar la voz de la protesta. Para impedir o desalentar una manifestación de varios colectivos en Quito, que habían anunciado reunirse en el Parque de El Arbolito, el gobierno organizó un encuentro artístico, en el mismo lugar y a la misma hora. De igual modo, organizó marchas (como la que hizo contra la Corte Constitucional en Quito, o en respaldo de Noboa en Latacunga) y contramarchas, como lo hizo en Quito para “contrarrestar una manifestación del Frente Unitario de Trabajadores y otros colectivos. Este fue el lado “buenoide” de la represión. Y así fue como la guerra contra la delincuencia organizada y el narcotráfico se convirtió en guerra contra el pueblo.
Por esta vía pretende derrotar a los movimientos sociales más organizados que han encabezado las grandes protestas sociales en el último período y atemorizar a la población en general para que esta última no ose seguir su ejemplo.
El edificio del proyecto bonapartista está casi completo con estas dos mitades de esta tercera piedra.
REFLEXIONES FINALES
Sin embargo, el proyecto bonapartista de Noboa no está completamente afirmado y listo.
Hacia la sociedad, para obtener su aprobación en el curso autoritario, se postula como su protector frente a la violencia de los carteles del narconegocio, bautizados como “terroristas”. Hacia las clases medias y los pequeños negocios se presenta como el pacificador frente a las movilizaciones sociales para que así puedan “volver a trabajar”. Ante las diversas fracciones de la clase dominante se plantea como el gobierno que pondrá fin a la secuencia de protestas sociales y que derrotará por fin a los movimientos sociales, particularmente a los movimientos indígena y sindical; que desarticulará a las organizaciones sindicales; que aplicará a fondo el programa neoliberal con el que la burguesía ha soñado desde 1981 sin obtenerlo nunca completo hasta ahora. Frente a las fuerzas armadas aparece como el encargado de reconstruir su buena imagen, de reequiparlos, ampliar su presupuesto y otorgarles un mayor espacio en el ejercicio del poder. Frente al gobierno de los Estados Unidos se presenta como su servidor solícito.
Pero para que todo eso resulte creíble, debe fortalecer material y simbólicamente el poder estatal y su poder personal dentro del Estado y hacia la sociedad. Y debe destruir las formas de organización y representación propias de las clases subalternas. Las diversas formas de represión utilizadas son un mecanismo; el clientelismo es otro; otro más son los intentos de división y fraccionamiento; finalmente, la profusión diaria de cadenas, tiktoks y presencia en las redes sociales.
Las movilizaciones de septiembre-octubre terminaron casi abruptamente, sin resolución clara. El escenario se trasladó a la consulta popular (Ver Anexo al final). Terminamos de escribir este artículo antes de esas elecciones; los resultados que se den marcarán con mayor nitidez las posibilidades objetivas de afirmación del proyecto noboísta o de sus límites.
Quito, 13 de noviembre de 2025
Anexo
LA CONSULTA POPULAR DEL 16 DE NOVIEMBRE
La consulta popular tiene 4 preguntas:
A. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?
B. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?
C. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo al último censo nacional?
D. ¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum? Fuente: https://www.cne.gob.ec/preguntas-anexos-y-estatutos/.
Las tres primeras preguntas son las preguntas “de enganche” que el gobierno espere que atraigan la votación en plancha hacia la cuarta pregunta, el verdadero corazón de la consulta.
Notas
