Rebelión
Por Fermín Koop | 18/01/2024
Fuentes: Diálogo chino [Imagen: un equipo de limpieza en una playa en Cavero, Perú, una de las 21 playas afectadas por el vertido de petróleo de Repsol en 2022. La tipificación como delito de ecocidio resolvería una laguna jurídica en el derecho ambiental, ya que la responsabilidad jurídica suele depender únicamente de los daños causados a las personas o a la propiedad privada o pública. (Imagen © Musuk Nolte / Greenpeace)]
Ambientalistas y juristas sostienen que el concepto de ecocidio debería ser punible en la Corte Penal Internacional para hacer frente a los crímenes contra el medioambiente
Dirigiéndose a la Corte Penal Internacional (CPI) en 2019, John Licht, embajador de Vanuatu ante la Unión Europea, recomendó convertir la destrucción del medioambiente en un delito internacional. “Esta idea radical merece un debate serio ante las pruebas científicas que demuestran que el cambio climático plantea amenazas existenciales para las civilizaciones”, dijo.
Como pequeño Estado insular amenazado por la subida del nivel del mar, Vanuatu se ha convertido en uno de los principales defensores de una campaña para convertir el “ecocidio” en delito internacional. Sostienen que tales delitos deberían ser competencia de la CPI, que actualmente persigue cuatro crímenes: genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión, que es “el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad o la independencia de otro Estado”.
¿Qué es el ecocidio?
El concepto de ecocidio describe cualquier tipo de actividad que deliberadamente cause un daño ambiental significativo. En 2021, un grupo independiente de expertos convocado por la organización sin ánimo de lucro Stop Ecocide International (SEI) anunció una definición ampliamente aceptada: “actos ilícitos o gratuitos cometidos a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que causen daños graves y generalizados o a largo plazo al medioambiente”.
El concepto de ecocidio se utilizó por primera vez para describir la devastación humana y medioambiental causada por el defoliante Agente Naranja, un arma química utilizada durante la guerra de Vietnam. Más tarde pasó a formar parte de los debates habituales en la ONU y en 1998 se propuso como crimen internacional contra la paz para el tratado que creó la CPI, llamado Estatuto de Roma.
La definición jurídica del ecocidio como delito no llegó a incluirse en el Estatuto de Roma, pero cambiar esta situación se convirtió en el principal objetivo de la abogada escocesa Polly Higgins. Una de las voces más destacadas del movimiento mundial para el reconocimiento del ecocidio, cofundó la organización Stop Ecocide International en 2017 junto a Jojo Mehta, su actual directora, y realizó una activa campaña hasta su muerte en 2019.
En declaraciones a Diálogo Chino, Mehta confía en que se está avanzando y que es probable que la CPI reconozca el ecocidio antes de 2030.
“La palabra existe desde hace 50 años, pero no ha empezado a popularizarse hasta hace poco”, afirma Mehta. “El Estatuto de Roma designó los crímenes más graves que afectan a la comunidad mundial. Los daños graves al medioambiente pertenecen a esa categoría. La destrucción del ambiente está tan mal como los crímenes contra la humanidad”.
¿Debe el ecocidio ser un delito internacional?
En la actualidad, la CPI reconoce la destrucción del medioambiente en el contexto de la guerra, por lo que tiene jurisdicción para enjuiciar estos daños como crímenes de guerra. Si el tribunal reconociera el ecocidio, ampliaría la posibilidad de procesar a individuos por daños como la deforestación; el tribunal sólo responsabiliza a individuos, lo que significa que los altos cargos de industrias y gobiernos se enfrentarían a cargos de ecocidio, en lugar de organizaciones o Estados.
Según activistas, la penalización del ecocidio también resolvería una laguna jurídica relacionada con el medioambiente, ya que la responsabilidad jurídica suele basarse en los daños causados a las personas o a la propiedad privada o pública. Este marco resulta difícil cuando los contaminadores contribuyen a una destrucción más amplia que causa daños a escala mundial.
Tenemos acuerdos medioambientales, pero no son vinculantes; no hay nada con fuerza real. El ecocidio la proporciona (Jojo Mehta, cofundadra y directora de Stop Ecocide International)
En 2018, el informe de la ONU “Lagunas en el Derecho Ambiental Internacional” concluyó que el régimen jurídico ambiental existente es fragmentado, poco claro y reactivo. “Se caracteriza por la fragmentación y la falta general de coherencia y sinergia entre un gran número de marcos normativos sectoriales”, se lee en el informe, afirmando que esto conduce a un déficit de coordinación a nivel legislativo y de aplicación.
Kate Mackintosh, investigadora de la Universidad de California y cocreadora de la definición de ecocidio de SEI, explica a Diálogo Chino que su penalización afectaría sobre todo a las empresas. “Imagínense sentarse en la sala de juntas para discutir un proyecto de combustibles fósiles y que el equipo jurídico diga que existe riesgo de ecocidio: tiene un alto valor disuasorio”, afirma.
¿Qué tan fuerte es el concepto de ecocidio?
En 2022, el Papa Francisco escribió una carta a la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal en la que hacía referencia al ecocidio e instaba al sistema jurídico a “crear un sistema normativo que incluya límites infranqueables y garantice la protección de los ecosistemas.” La activista climática sueca Greta Thunberg también ha apoyado la campaña y ha donado 100.000 euros (109.000 dólares), parte de un premio que recibió, a la Fundación Stop Ecocide en 2020.
En 2021, la Asamblea Nacional de Francia aprobó un proyecto de ley medioambiental que tipificaba el ecocidio como delito civil. Ese mismo año, el Parlamento Federal de Bélgica aprobó una resolución para reconocer el delito de ecocidio a escala nacional e internacional. El pasado noviembre, la Unión Europea acordó actualizar su directiva sobre delitos medioambientales, castigando los casos de destrucción de ecosistemas con penas más duras.
En América Latina, Chile aprobó en agosto de 2023 una ley que añadía un nuevo capítulo a su Código Penal relativo a los delitos contra el medioambiente e incorpora varios elementos de la definición de ecocidio. En junio de ese mismo año, en Brasil, el partido político de izquierda PSOL presentó un proyecto de ley de ecocidio al Congreso, mientras que en México se presentó un proyecto similar en agosto.
“Existe una sólida base de apoyo al ecocidio; hay debates activos en los parlamentos de todo el mundo”, explica a Diálogo Chino Anna Maddrick, analista jurídica de SEI. “El sentimiento general es que si hay suficiente apoyo de los Estados, el tribunal estará a favor. El ecocidio es el elemento que falta en el Estatuto de Roma”.
La CPI también ha hecho hincapié en perseguir los delitos medioambientales dentro de las limitaciones de su jurisdicción actual. Un documento de 2016 sobre la selección de casos destacó la inclinación de la Corte a enjuiciar delitos relacionados con la explotación ilegal de recursos naturales, el acaparamiento de tierras y los daños ambientales. Esto provocó que se presentaran ante la CPI varias denuncias contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, citando su destrucción de las políticas medioambientales y las violaciones de los derechos de los indígenas. Hasta ahora, estos casos no se han llevado ante el tribunal.
“Si ya se hubiera reconocido el ecocidio, algunas de las cosas que ocurrieron en lugares como Brasil habrían ido por otros caminos”, afirma Mehta.
¿Cuáles son los pasos a seguir?
El movimiento para tipificar como delito el ecocidio ha cobrado impulso en los últimos años, pero deben superarse varios retos para lograr su inclusión en el estatuto de la CPI.
124 países podrían reconocer al ecocidio como delito internacional
Estados miembros del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
Nota: Las modificaciones al tratado para reconocer el ecocidio como delito requerirían el apoyo de dos tercios de los miembros.
Inicialmente, un país debe proponer una enmienda al Estatuto de Roma. Para que esta propuesta pase a la etapa de negociaciones, debe ser aprobada por la mayoría de los 124 Estados partes del Estatuto. A continuación, la propuesta se somete a múltiples rondas de negociación antes de volver a estos miembros para otra votación. Para ser aprobada, una enmienda necesita el apoyo de al menos dos tercios de los miembros.
Si una enmienda superara con éxito estas fases, los Estados miembros conservarían el derecho a no ratificarla. Este resultado impondría limitaciones a la jurisdicción de la CPI sobre los territorios y ciudadanos de ese territorio. Además, los Estados que no son parte del Estatuto de Roma no se verían afectados, lo que limitaría aún más el alcance de la legislación sobre ecocidio.
Aunque Vanuatu ha planteado la cuestión en la agenda política, el país aún no ha propuesto oficialmente la modificación del Estatuto de Roma. Queda por ver si algún gobierno dará un paso tan audaz, pero Mehta sostiene que la probabilidad es cada vez mayor: “Cuanto más crece la conversación, más rápido se expande a nivel político”.MPARTIR
Fermín Koop es el director editorial de Diálogo Chino. Vive en Buenos Aires, Argentina, y su cuenta de Twitter es @ferminkoop.
