La resolución judicial que otorga prisión preventiva por 30 meses a Yenifer Paredes, cuñada del presidente Castillo, y a Nenil Medina, alcalde del distrito de Anguía, representa un paso adelante en el marco de la estrategia antidemocrática del Poder Judicial orientada a destituir al presidente Pedro Castillo.
La Izquierda Diario Martes 30 de agosto
José Rojas, Militante de la Corriente Socialistas de las y los Trabajadores «CST» de Perú
La última resolución del juez Jhonny Gómez que les da prisión preventiva por dos años y medio, tanto a la cuñada del presidente como al alcalde del distrito cajamarquino de Anguia, es un salto cualitativo en la escalada destituyente de Pedro Castillo, estrategia que ahora viene implementando el Poder Judicial de la mano del Ministerio Público. Esta estrategia se sostiene en supuestos ilícitos al momento de concretar las licitaciones para diversas obras públicas en algunas provincias del interior del país (sobre todo en Cajamarca), las mismas que, a decir de los magistrados y la fiscalía, habrían beneficiado a personas muy cercanas al mandatario a quien acusan de encabezar una “red criminal”.
Es en ese marco que, la fiscalía y el Poder Judicial, sostienen su argumentación en las declaraciones de los denominados “colaboradores eficaces” y en lo manifestado por los hermanos Espino Lucana quienes se acogieron a la figura legal de la “colaboración anticipada”. Estos mecanismos utilizados para obtener información de supuestos implicados en hechos irregulares, son muy utilizados en el continente y sirven para promover la judicialización y la posterior proscripción política de personajes públicos como bien lo demuestran el caso de Lula da Silva en Brasil y hace poco el de Cristina Fernández en Argentina.
Estas medidas están orientadas a hacer que los detenidos terminen diciendo y asumiendo lo que quiere escuchar el juez, para en función de ello poder sancionar a quien realmente quieran hacerlo. Dicho de otra manera, las figuras de la colaboración eficaz y la colaboración anticipada se convierten en instrumentos de coacción que obligan a que la persona detenida, o sujeta a este “beneficio”, termine delatando a quien los jueces y fiscales quieren realmente comprometer.
De esta manera, estos mecanismos legales les terminan dando plenas potestades a los jueces para determinar discrecionalmente quién sale libre y quién queda detenido. Este instrumento judicial que hoy utilizan contra los opositores de turno, se convierte en un peligro ya que más adelante será utilizado contra las organizaciones sociales y políticas del pueblo trabajador. Además de ello, en muchos casos se ha podido apreciar que los empresarios que fungen de colaboradores eficaces en un determinado momento, terminan liberados de toda responsabilidad penal a cambio de delatar a los políticos de turno.
Como lo mencionamos en otras notas, es muy probable que Pedro Castillo y su entorno más cercano, realmente estén inmersos en la promoción de licitaciones amañadas para obras públicas, pero este no es un problema que se haya iniciado con el actual gobierno, sino recordemos al famoso “club de la construcción” y a todos los presidentes, políticos y altos funcionarios públicos, incluyendo a jueces y fiscales, que colaboraron diligentemente con grandes empresas constructoras como Odebrecht, por ejemplo.
Así pues, recordemos las millonarias sumas que recibió de los empresarios Keiko Fujimori en sus diversas campañas electorales, así como lo hicieron también Ollanta Humala y la misma Susana Villarán, además de Alan García quien termino suicidándose para no ser sancionado por esta razón. A ellos se suman el conocido lobista Pedro Pablo Kuczynski a quien no le tembló la mano para favorecer a grandes consorcios empresariales cuando era Ministro de Economía de Alejandro Toledo, quien actualmente también se encuentra prófugo en los EEUU por haberse beneficiado de los “favores” empresariales cuando fue presidente.
La corrupción, por tanto, es un problema consustancial al sistema capitalista el cual pone, por encima del bien común, el frio interés de los empresarios quienes cotidianamente explotan a sus trabajadores, contaminan el medio ambiente y corrompen a los políticos de turno y a los funcionarios públicos con tal de concretar sus cálculos basados en la necesidad de acumular más ganancias. Para lograr estos objetivos se valen también de una serie de poderes e instituciones como el Poder Judicial y el Ministerio Público, cuyos funcionarios y representantes son ajenos al pueblo trabajador, por esa razón, son elegidos de espaldas al pueblo, no pueden ser removidos por iniciativa popular y gozan de jugosos sueldos distantes a la dura situación que padecen cotidianamente las grandes mayorías.
Es precisamente ese mismo Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación, los que hoy fungen de celosos guardianes de la justicia, los mismos que han estado inmersos en diversos casos de corrupción generalmente por favorecer intereses de los grandes empresarios y personajes vinculados a la casta política.
Uno de los casos más sonados fue el de los denominados “cuellos blancos” y el último tendría que ver con la responsabilidad de la actual Fiscal de la Nación Patricia Benavides en la remoción de un juez que venía investigando a su hermana por presuntos vínculos con el narcotráfico. Y esto, como ya lo dijimos, se da porque el Poder Judicial y el Ministerio Público, no son órganos al margen de los intereses políticos y económicos, sino todo lo contrario, su función principal en una sociedad de clases como la actual, es legalizar los intereses de los poseedores de los medios de producción, por esa razón no se conocen ni se concretan fallos que condenan los abusos laborales o ambientales que cometen a diario los capitalistas.
Lo que busca ahora el Poder Judicial y el Ministerio Público es destituir, por la vía judicial, a Pedro Castillo, ante el inminente fracaso del Parlamento, el cual, en lo que va de la presente gestión presidencial no pudo concretar la vacancia al no alcanzar la cantidad de votos requerida para este fin (87 votos). Con esta iniciativa también se busca desde arriba empoderar al Poder Judicial, que es la institución más reaccionaria y antidemocrática del régimen burgués. Si esto se concreta, ese mismo Poder Judicial tendrá toda la legitimidad para arremeter contra los trabajadores y el pueblo cuando estos empiecen a luchar por sus derechos y reivindicaciones.
Es verdad que Pedro Castillo y su gobierno no merecen ya la más mínima confianza del pueblo trabajador ya que no solo incumplieron con sus más elementales promesas de campaña, sino que también porque han continuado aplicando las mismas medidas de ajuste contra las y los trabajadores y las grandes mayorías empobrecidas, medidas que solo han contribuido a favorecer a los ricos de siempre, valiéndose para ello de los mismos métodos clientelares de los partidos tradicionales. Sin embargo, esto no justifica avalar la estrategia destituyente del Poder Judicial, sino más bien implica retomar la lucha por cambios profundos que, entre otras cosas, se propongan imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que nazca de la movilización y la auto organización obrera y popular, la cual deberá acabar con la Constitución de 1993 y su régimen político que es en el que se sostienen las facultades reaccionarias y antidemocráticas del Poder Judicial y los grandes empresarios.
En ese marco, lucharemos para materializar nuestro planteamiento de que el conjunto de jueces y fiscales dejen de ser designados en función de componendas entre los partidos del régimen y los poderes facticos, y que todos ellos pasen a ser elegidos por el voto popular. En relación a la lucha contra la corrupción, pelearemos para que esta no quede en manos de jueces y fiscales designados arbitrariamente por los poderes de turno, sino más bien que sea a través de juicios llevados adelante por jurados integrados por miembros imparciales elegidos entre el pueblo trabajador de tal manera que, no solo sean sancionados los políticos y funcionarios públicos, sino también los empresarios que son los principales promotores de la corrupción.
