por Felipe Portales
En todos los períodos históricos en que las sociedades entran en profundas transformaciones se suscitan fuertes conflictos entre las elites que buscan defender lo más posible lo antiguo (en nuestro caso los “30 años”); y los que están en búsqueda de un nuevo orden. Una de las expresiones clásicas de este conflicto es el de la legitimidad versus la legalidad. De este modo, las elites existentes pretenden estrechar lo más posible los cambios a través de la recurrencia a la antigua legalidad; y quienes son portavoces de las ansias de transformaciones de las grandes mayorías buscan naturalmente lo contrario: Que la nueva legitimidad no quede entorpecida u obstruida por aquella legalidad expresiva del sistema antiguo.
No debiese, por tanto, llamar para nada la atención el conflicto actual entre los sectores mayoritarios y minoritarios de la Convención Constituyente. Los primeros buscan naturalmente ser libres para representar efectivamente a las mayorías populares que los eligieron; y los segundos –conscientes de su minoría electoral y política; y, sobre todo, de su creciente pérdida de legitimidad- buscan colocarle una camisa de hierro a la Convención. No sólo a través de hacer efectivo el antidemocrático quórum de los dos tercios; sino también con intentos de hacerlos “jurar” el respeto a una condición de organismo con un poder completamente derivado de un Congreso cuyas cotas de ilegitimidad son difícilmente comparables internacionalmente. Y, por cierto, teniendo como último recurso, ¡un control de la Corte Suprema sobre el comportamiento de la Convención!
Es lo que pasa en los procesos históricos de cambios profundos. Lo viejo se resiste a desaparecer; y lo nuevo no nace plácidamente. Y a lo viejo, acostumbrado al antiguo marco conceptual, le es muy difícil incluso comprender lo que viene. Y trata de hacer como si todo básicamente siguiese el orden preestablecido. ¡Tratan de “domesticar” en la antigua legalidad el profundo significado histórico del “estallido”, “revuelta” o “rebelión” de octubre de 2019! ¡Buscan engañarse a sí mismos creyendo que el Congreso electo en 2017 sigue teniendo la misma legitimidad después de 2019!
Es cierto que el maquiavélico ardid del 15 de noviembre de 2019 representó el último “magnífico” intento de las dos derechas que legitimaron, consolidaron y perfeccionaron el modelo neoliberal impuesto por la dictadura, por continuar engañando a la sociedad chilena. Tan notable fue el intento que ¡hasta lograron engatusar a varios partidos del Frente Amplio; incluyendo a su precandidato presidencial actual! Sin embargo, ni los más esclarecidos o más manipuladores políticos de la historia pueden torcer, en definitiva, su curso. La derecha tradicional no alcanzó a obtener el tercio de la Convención que le había previsto la dirigencia de la antigua Concertación (para de este modo haber podido “culpar” a la “derecha” de no haber podido obtener una Constitución mejor; como lo hicieron análogamente en 1989). Y en la Convención, el PDC, el PPD y el PR desaparecieron virtualmente del mapa. Y los convencionales del PS –¡en lo que puede constituirse la salvación futura del socialismo chileno!- están planteando una postura política de transformación profunda del modelo que su dirigencia contribuyó tanto –como las dirigencias del PDC, PPD y PR- a consolidar en estos 30 años.
Porque no nos olvidemos que los dirigentes socialistas en estos años fueron tanto o más responsables (dada la militancia de Lagos y Bachelet) del regalo de la mayoría parlamentaria a la derecha en 1989; de la política de destrucción de los medios de comunicación de centro-izquierda seguida por los sucesivos gobiernos concertacionistas; de la consolidación de las AFP, Isapres, Plan Laboral, etc.; de la condonación de las corruptas privatizaciones de la dictadura, y de la progresión de ellas al litio, a la mayoría del cobre, al mar, al agua, a los puertos, a los caminos, etc.; de la “exitosa” búsqueda de la impunidad internacional y nacional de Pinochet; y de la entusiasta aprobación consensual de ¡la actual Constitución!, refrendada por Lagos y todos sus ministros (incluyendo Vidal, Eyzaguirre y Provoste); y definida entusiastamente en su ceremonia de inauguración por aquél como una “Constitución democrática que ya no nos divide”…
