por Franco Machiavelo
Las cifras oficiales hablan de un alza promedio del 7 % en las cuentas de luz. Sin embargo, en la vida concreta de las familias, lo que se observa son aumentos desproporcionados, que alcanzan en muchos casos el 200 o incluso el 300 %. La contradicción es brutal: mientras la propaganda gubernamental y empresarial insiste en un “ajuste moderado”, la realidad de los hogares refleja un saqueo encubierto bajo la máscara de estadísticas frías.
Lo que ocurre hoy no es un simple reajuste tarifario, sino una expresión nítida de cómo funciona el modelo neoliberal: las empresas privatizadas de distribución y generación energética no responden al interés social, sino a la lógica del capital financiero y a la especulación con la necesidad básica de la electricidad. Se trata de una mercantilización de la vida cotidiana, donde prender la luz, refrigerar los alimentos o encender la estufa se convierten en un lujo que no todos pueden costear.
Este abuso, maquillado en discursos técnicos, constituye una forma de violencia económica. El Estado, en lugar de proteger a la ciudadanía, actúa como cómplice al permitir mecanismos de indexación, contratos heredados de las privatizaciones y “compensaciones” que perpetúan la dependencia de los usuarios frente a monopolios eléctricos. La población paga no solo por la energía consumida, sino también por la ineficiencia, la concentración de mercado y la rentabilidad asegurada a unos pocos conglomerados.
El resultado es un escenario grotesco: hogares que pasan de pagar 30 mil a más de 100 mil pesos mensuales; familias que deben optar entre calefaccionar su casa o comprar alimentos; adultos mayores endeudados para cubrir un servicio que debería ser garantizado como un derecho social. La retórica del “7 % promedio” es un insulto frente a la experiencia real de miles de chilenos que ven multiplicarse sus cuentas como si se tratara de un castigo arbitrario.
En el fondo, este no es solo un problema de tarifas eléctricas: es la radiografía de un país capturado por un modelo que defiende al capital sobre la vida, que convierte lo común en mercancía y que normaliza la explotación bajo el lenguaje de la “modernización” y la “estabilidad de precios”. La indignación frente a estos cobros desmedidos debe transformarse en organización, en conciencia crítica y en acción colectiva, porque sin confrontar las raíces de este abuso —la privatización, la subordinación del Estado y la impunidad empresarial—, el pueblo seguirá pagando la cuenta más cara de todas: la del sometimiento.
