INFORME A LAS BASES
Chile enfrenta la crisis política y social más profunda de las últimas décadas.
El modelo extractivista neoliberal se agota ante una sociedad que se manifiesta hastiada de vivir en la inequidad e impunidad, mismas que se hacen aún más evidentes ante la situación sanitaria de pandemia que ya suma decenas de miles de muertes, especialmente entre los más pobres. Ante este escenario, los poderes del Estado y especialmente el Ejecutivo, se muestran incapaces de dar conducción y perfilar un curso de resolución política más allá de la mera represión y estigmatización de los ciudadanos. Esto en términos de seguridad ciudadana y derechos humanos es gravísimo puesto que pone en serio riesgo el bien común que están mandatados y por ello obligados, a garantizar.
En este contexto, las organizaciones integrantes del Comando Unitario de Ex Prisioneros Políticos y Familiares de Chile, permanecemos activas y cohesionadas sosteniendo con fuerza nuestras denuncias y reivindicaciones históricas que hoy se suman a las de nuestros pueblos y organizaciones que alzan la voz a la consigna de ‘hasta que la dignidad se haga costumbre’.
Para ello -junto con avanzar lado a lado con las organizaciones sociales-, hemos incrementado el trabajo con organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos – ACNUDH, la Relatoría Especial para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición; así como con las y los parlamentarios que apoyan nuestras reivindicaciones.
En éste sentido, nuestro especial reconocimiento a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile, que además de apoyar por años nuestra demanda de Justicia, en el día de hoy por moción del Diputado Tucapel jiménez, acaba de oficiar al Ministerio de Hacienda para que se considere a los Ex Presos Políticos.
Así mismo, estamos desarrollando una intensa agenda con las organizaciones y los personeros mencionados, para exigir que cesen las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, se libere a todes los prisioneros políticos encarcelados y se aborde con seriedad la Reparación a las Víctimas de la acción criminal del Estado.
Actualmente y en el contexto específico de una crisis que no afecta a todos por igual, las personas calificadas por las Comisiones de Prisión Política y Tortura, hemos sido invisibilizadas y marginadas arbitrariamente de todo apoyo o ayuda estatal. Esto en razón de que al establecer un Bono Reparatorio Anual en vez de una Pensión Reparatoria, el Gobierno de Ricardo Lagos y sus sucesores, dejaron fuera a los sobrevivientes de prisión política y tortura, de todo beneficio a los pensionados.
Quienes resistimos a la Dictadura, hoy somos personas de la tercera edad. La persecución brutal de la que fuimos objeto no nos permitió insertarnos laboralmente hasta bien avanzados los años 90. Razón por la cual, la inmensa mayoría hoy apenas puede sobrevivir con una pensión mal llamada “de reparación” que no llega a superar los 200 mil pesos mensuales. Por ello estamos planteando en todas las instancias pertinentes, la necesidad de terminar con esta injusta y arbitraria discriminación estableciendo un mecanismo que permita a los sobrevivientes –ya muchos fallecidos- calificados Valech, acceder a las ayudas estatales.
Agradecemos al Senador Carlos Montes, el haber puesto en la agenda este tema y las gestiones que realizan diputadas como Camila Rojas, que hoy nos acompañó en la reunión que sostuvimos con la Presidenta del Senado, la Senadora Yasna Provoste, para tratar el tema y solicitar su apoyo. Encontramos en la Senadora disposición a escuchar y atender las justas peticiones expuestas por las y los dirigentes del Comando quienes hicimos una breve exposición sobre la histórica lucha por Verdad, Justicia, Memoria, y Reparación Integral, con los magros resultados ya conocidos.
También se informó sobre el rol del Comando Unitario en la creación de las Comisiones Calificadoras de Prisión Política y Tortura, la dictación y sucesivas propuestas de modificación de las leyes 19.992 (2004) y la 20.405 (2011). Por razones de tiempo, dejamos apenas señalado el sinnúmero de esfuerzos nacionales e internacionales de gestión y denuncia que nos llevaron en 2018, hasta las tajantes respuestas que hemos tenido de este Gobierno, del tenor de lo planteado por la Subsecretaría de DD.HH., Lorena Recabarren en una reunión a poco de asumir: “Uds. No son prioridad para el Gobierno, no están en nuestra Agenda”, a partir de lo cual, el actual gobierno retiró el bono reparatorio comprometido por el gobierno anterior y eliminó del Plan Nacional de Derechos Humanos toda medida reparatoria. De ahí en más, en nuestras sucesivas interpelaciones, solo trataron de eludir su responsabilidad en los compromisos establecidos a nivel nacional e internacional por el Estado de Chile en estas materias.
Al finalizar, la Presidenta del Senado expresó su disposición a perseverar en sumar fuerzas para resolver la arbitraria discriminación que agrava a nuestra condición de sobrevivientes, al ser población de riesgo por edad y abandono de las medidas económicas compensatorias de protección ante la crisis sanitaria. Asimismo destacó el compromiso a trabajar en conjunto con el Comando Unitario, para avanzar seriamente en una Agenda que se haga cargo de la deuda histórica del Estado con los sobrevivientes de prisión política y tortura, lo que constituiría un hito a establecer, para garantizar la NO REPETICIÓN de las graves vulneraciones de derechos humanos que hoy nuevamente se verifican de parte de los agentes del Estado en contra de nuestros pueblos.
¡SIN MOVILIZACIÓN NO HABRÁ SOLUCIÓN!
COMANDO UNITARIO DE EX PP Y FAMILIARES
Chile 28 de abril 2021
