Sin ánimo de cumplir
Mientras aumentan los asesinatos de líderes sociales y ex guerrilleros, crece la desconfianza en sectores de las Farc con respecto a la aplicación de los acuerdos de paz de 2016, de los que varios líderes ya se arrepienten. La insurgencia colombiana, ahora convertida en partido político, se encuentra ante una encrucijada de difícil solución.
Decio Machado, desde Quito
Brecha, 26-7-2019
Jesús Santrich, nombre real: Seuxis Pausias Hernández Solarte –su padre era profesor de filosofía y estudioso del mundo griego–, estuvo vinculado desde temprana edad a la juventud comunista y se destacó en la Universidad del Atlántico como líder estudiantil y activista político. Pero en 1990, cuando ejercía como docente en Sucre, tras licenciarse en derecho y ciencias sociales, su mejor amigo y de quien tomó su alias de guerra fue asesinado por agentes de seguridad. Inmediatamente después, Santrich emprendería camino al monte para incorporarse al frente 19 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Casi tres décadas después, y a pesar de los acuerdos de noviembre de 2016 entre el gobierno y la guerrilla –de los que él mismo fue uno de los redactores–, Santrich ha vuelto a la clandestinidad y ha puesto en evidencia la crisis terminal del proceso de paz colombiano.
Ruptura en las Farc
La desaparición de Santrich a comienzos de este mes, cuando se esperaba que declarara ante la Corte Suprema de Justicia por un pedido de extradición a Estados Unidos en su contra, se sumó a la de otros ex altos mandos de la extinta guerrilla devenida en partido político, como Iván Márquez, Hernán Darío Velásquez (alias el Paisa) y Henry Castellanos (alias Romaña). Este sector disidente se encuentra en paradero desconocido desde que, en abril de 2018, Santrich, todavía en Bogotá, fuera capturado por primera vez a pedido de la justicia estadounidense (véase recuadro). El propio Márquez, ex jefe del equipo negociador de las Farc durante el proceso de paz, publicó el pasado mes de mayo una carta desde la clandestinidad en la que manifiesta que fue un “grave error” entregar las armas a un “Estado mafioso”.
“Qué ingenuos fuimos al no recordar las sabias palabras de nuestro comandante en jefe Manuel Marulanda Vélez, cuando nos había advertido que las armas eran la única garantía de cumplimiento de los acuerdos. La triste realidad es que nos pusieron conejo”, afirma la misiva, haciendo uso de una expresión colombiana que indica que no se cumplió lo prometido. La carta de Márquez tuvo una inmediata reacción de Rodrigo Londoño –ex comandante Timochenko y líder político de las actuales Farc–, quien respondió: “No podemos darles cabida a las voces anónimas o no, que vaticinan el fin del proceso de paz, elaborando tesis apocalípticas, sin mostrar una salida coherente, sin indicarnos un camino cierto a seguir”.
Más allá del conflicto entre los ex comandantes, lo cierto es que las reconvertidas Farc se encuentran en un callejón sin salida: sin condiciones y con escasa credibilidad y legitimidad política ante la ciudadanía como para romper los acuerdos de paz, y al mismo tiempo enfrentadas a un gobierno que carece de la más mínima voluntad para cumplir con sus compromisos.
La paz violenta
Lo que ahora es la agrupación política Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común –la heredera política de lo que fueron las viejas Farc insurgentes– denunció a mediados de junio que la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación de los Acuerdos de Paz atraviesa su momento más crítico desde su constitución. Para los voceros de las Farc “es propósito del gobierno de Iván Duque desdibujarla completamente hasta llevarla a los escenarios de la inutilidad”.
Desde la salida de Juan Manuel Santos del Palacio de Nariño, las reuniones de dicha comisión se han distanciado en el tiempo y carecen de puntos relevantes en su orden del día, pese a la presencia en su condición de “notables” de ex presidentes como el uruguayo José Mujica y el español Felipe González. Los voceros de las Farc califican hoy al organismo como “una instancia de mero trámite formal y sin posibilidad alguna de contribuir al mejoramiento de las condiciones de la implementación” de los acuerdos de paz firmados tras seis años de negociación y medio siglo de confrontación armada en el país.
Lo cierto es que el gobierno de Iván Duque lidera en la actualidad el más grande movimiento de opinión y acción en contra de esos acuerdos, impulsados por su antecesor. Por un lado, el presidente deslegitima las funciones de la Justicia Especial de Paz (Jep) –un organismo creado en marzo de 2017 y cuyo objetivo principal era traer verdad, reparación, perdón y garantías de no repetición–, mientras, por otro, desfinancia su implementación. Todo ello en un contexto político en el que se han incrementado los asesinatos a líderes comunitarios y guerrilleros desmovilizados, y ha aumentado también el número de desplazamientos forzados en territorio colombiano, según el último informe anual de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Entidades como la Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, junto con la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación para la Paz y la Democracia en Colombia, manifestaron en abril de este año en un comunicado conjunto: “Existe una profunda preocupación por el desfinanciamiento y la falta de respeto gubernamental a los mecanismos del Sistema de Justicia Transicional. A la Jep, cuya ley estatutaria fue objetada por el presidente Duque, por ejemplo, se le ha asignado en 2019 un presupuesto 28 por ciento menor del previsto para su funcionamiento. La Jep es el instrumento que garantiza los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Tendría que ser intocable”. En paralelo, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz colombiano cifra en 727 a los líderes sociales asesinados en Colombia tras la firma de los acuerdos de paz, y en 140 a los ex guerrilleros masacrados.
La desaparición de Santrich
El congresista fugitivo
En abril del año pasado, Santrich fue acusado por la justicia de Estados Unidos de participar, con los acuerdos de La Habana ya en vigor, de una reunión con miembros del cártel de Sinaloa en la que se habría negociado el envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos, según lo señalado por un presunto infiltrado de la Dea. En los acuerdos de paz se establece que todo aquel que tras su firma reincida en algún delito será juzgado por la justicia ordinaria y perderá los beneficios de la Jep, por lo que puede ser extraditado. Sin embargo, la Jep estableció el 19 de mayo que no había pruebas definitorias que determinaran en qué momento se dieron los hechos de los que se acusa al ex comandante fariano, lo que significó la puesta en libertad de Santrich, detenido durante más de un año. Pese a ello, inmediatamente después la fiscalía indicó tener nuevas pruebas determinantes en su contra, y se lo recapturó apenas cruzaba la puerta de la cárcel La Picota camino de su libertad.
Una semana después, la Corte Suprema de Justicia, institución que pasó a investigar este proceso, volvió a ordenar su libertad, al considerar que el ex guerrillero gozaba de fuero por su condición de congresista –había asumido su escaño tres semanas antes– y que tan sólo podía ser investigado y juzgado por ella. Sin embargo, la Corte dejó abierto un proceso formal en su contra por la “posible comisión de delitos” de narcotráfico. Poco después, Santrich desaparecería y no se presentaría a la cita que el 9 de julio tenía ante dicha institución para dar su declaración.
Los opositores a los acuerdos de paz no tardaron en reaccionar. La Cámara de Representantes dio inicio, el 16 de julio, al proceso de declaratoria de la figura de “silla vacía” contra la banca que ostentaba Santrich. Lo anterior implicaría que el hoy partido Farc podría perder uno de los diez escaños que le fueron otorgados mediante los acuerdos de paz de 2016, pues según el Ministerio Público “en ningún caso podrán ser reemplazados en la Cámara quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico”.
