La desmovilización de las FARC ha disparado la deforestación en Colombia. Los grupos ilegales que ocuparon el vacío de poder promueven la tala ilegal y la ganadería.
Nueve países comparten la Amazonía. Colombia es uno de ellos. Su parte de la Amazonía abarca 483.164 kilómetros cuadrados, lo que conforma el 50 por ciento del territorio nacional, distribuido entre los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés.
En los departamentos de Guaviare (San José de Guaviare este y oeste), Caquetá (Montañita) y Guainía (Cartagena de Chairá) se concentró la guerrilla por más de cinco décadas.
El control de las tierras
El pasado 24 de noviembre de 2016 se firmó el tratado de paz entre el Gobierno y las FARC, que supuso el fin de la guerra. Hoy puede transitarse por la antigua zona de conflicto con mayor seguridad, gracias a la desmovilización y entrega de armas. Sin embargo surge un nuevo problema: «la tala de árboles” en regiones como Caquetá y Guaviare.
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Walter Pachón, Director de la Seccional Guaviare de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente de la Amazonía (CDA) dice: «ya no existen control sobre las tierras, todo es informal; debido a ello comienza agravarse la deforestación, llevada a cabo para obtener más tierra para el ganado”.
«La ganadería aumenta, cada hectárea deforestada da espacio a 20 animales. Eso puede verse, por ejemplo, en los municipios de El Retorno, Calamar y Miraflores», agrega.
En el primer trimestre del 2017 fueron detectados ocho núcleos de tala de árboles en territorio colombiano, dos de ellos en la Amazonía. Se intensifican la explotación agropecuaria, los cultivos de uso ilícito y la tala ilegal de árboles, como es el caso en las márgenes de los ríos Yari Cagüan, en Caquetá, y la Marginal de la Selva, en Guaviare.
Pachón dice: «ahora en las veredas del Retorno, Calamar y Miraflores se registran incidentes provocados por los guerrilleros que no se sometieron a la entrega de arma, y bandas criminales, lo que genera desorden e ilegalidad y agrava la deforestación”.
El fin de las normas
En el departamento de Caquetá, la deforestación ha aumentado porque los campesinos que regresan encuentran su predio en muy mal estado, «entonces colonizan en otro lado, talan y con eso construyen los cercados para la finca”, dice el concejal Cabrera.
Antes, las FARC imponían normas. Se repartía un manual que se entregaba a las «juntas comunales”. Las normas incluían multas y sanciones para todo aquel que incumpliera las reglas. Fue así como las FARC impusieron la estrategia de «preservar el medio ambiente”, que facilitaba a la guerrilla mantenerse escondida en la espesura.
Las periodistas Juanita Vélez y Natalia Arenas, del portal Web La Silla Vacía, dicen que los guerrilleros querían evitar a toda costa que se talaran árboles y se botara basura en los ríos, ya que de esa forma era más difícil para las brigadas móviles rastrearlos, porque no dejaban huellas de haber estado ahí.
El plan del Gobierno
Ahora el Gobierno está implementando una estrategia contra la deforestación llamada «Burbuja ambiental”. Se hizo una prueba inicial en el departamento de Caquetá y en los últimos seis meses se ha extendido a otros departamentos del país (Guaviare, Meta, Norte de Santander y a partir de la próxima semana, Chocó).
En Caquetá, la «Burbuja ambiental” comenzó a implementarse en diciembre del año pasado. «La idea es capacitar a la gente, para que tome conciencia y cuide el medio ambiente; también que el ejército opere en carreteras y ríos para frenar el contrabando de madera”, indica Walter Pachón.
En los últimos meses han sido detenidas por lo menos 21 furgonetas con más de 70 personas que transportaban madera ilegal: en total han sido incautados setecientos mil metros cúbicos.
Sin embargo, las estadísticas indican que la deforestación sigue aumentando, particularmente en el Guaviare, donde el ejército tiene menos recursos. Muchas de las brigadas ambientales son terrestres y carecen de capacidad para controlar desde el aire, lo que dificulta identificar muchas zonas deforestadas.
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