Diario Universidad de Chile 20 de febrero 2025
El Ministerio Público decidió no perseverar en 1509 casos vinculados con el uso desproporcionado de la fuerza durante el estallido social. El doctor en Derecho aseguró que esta determinación es ilegítima y que debiera modificarse.
Amnistía Internacional comunicó la decisión del Ministerio Público de no perseverar en 1509 casos relacionados al uso desproporcionado de la fuerza durante el estallido social, alegando falta de antecedentes para continuar con las investigaciones.
Además, agregaron ejemplos como el de una adolescente de 15 años que, tras un disparo de Carabineros, sufrió un trauma ocular severo. También el de Jorge Ortiz, observador de derechos humanos que recibió 6 balines.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, doctor en Derecho, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile y presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano, Claudio Nash, aseguró que esto “deja sin posibilidad de justicia a un grupo importante de casos”.
Desde su perspectiva no se está cumpliendo el deber de la debida diligencia, que implica investigar seriamente como un compromiso del Estado en su conjunto y aseguró que “nuevamente estamos fallando”.
Amnistía Internacional, en su informe anual de 2023-2024, señaló que un 99,6% de los casos denunciados de violaciones de derechos humanos estaban en la impunidad, esto sustentado con datos del Ministerio Público, indicó Nash.
Lo anterior, junto a la decisión de no perseverar de parte de la justicia, determinan un escenario general para las víctimas del estallido social. “La situación de impunidad se va configurando, se va instalando y lo peor de todo es que se va normalizando. Frente a eso tenemos que elevar la voz y decir que no corresponde en una sociedad democrática y que se debieran tomar medidas para modificar esta decisión del Ministerio Público”.
Negacionismo y el rol de las autoridades
El académico explicó que “todavía estamos en una batalla cultural donde se intenta negar esos hechos (de violaciones a los derechos humanos en el estallido social), se intenta desvirtuarlos, la idea de la criminalización de la protesta social todavía opera con mucha fuerza. Se ha generado ahí un contexto donde la impunidad puede operar con mayor facilidad”.
“En un ambiente como el que estamos viviendo, este tipo de decisiones se facilitan, no las hacen legítimas. Sigue siendo, a mi juicio, una decisión ilegítima por parte del Ministerio Público, pero es una decisión que se facilita atendido este contexto”, agregó.
Por lo anterior, el rol de las autoridades es clave. “El propio Presidente, frente a crímenes que han conmovido en distintas materias, ha dicho, vamos a perseguir, vamos a hacer todo lo posible porque esto no quede en la impunidad. En materia de derechos humanos no hemos visto ese mismo compromiso”, dijo el experto.
Agregó que “ha habido una total omisión por parte del gobierno respecto de los crímenes ocurridos durante el gobierno de Sebastián Piñera. Más aún, se protegió permanentemente al ex Director General de Carabineros para que no se presentara ante la justicia, eso lo hizo este gobierno, no el de Piñera. El compromiso con la impunidad de este gobierno ha sido firme, no por la justicia, sino que por la impunidad y eso duele decirlo”.
Finalmente, sobre la decisión del Ministerio Público de no perseverar en 1509 casos el doctor en Derecho afirmó que “aquí hay una decisión que implica impunidad y hay que impugnarla en todas las esferas, políticas, judiciales e internacionales. Yo espero que las víctimas que están quedando en impunidad recurran a los organismos internacionales”.
