Hace poco tiempo calificado de oasis de paz en América latina por el presidente Sebastián Piñera, Chile conoce hoy una situación de grave agitación social, y violencia que ha dejado 18 muertos, cientos de heridos, desaparecidos, y cientos de millones dólares de destrucciones. El conjunto del país se encuentran bajo ley de excepción, y toque de queda. El ejercito fue encargado de mantener el orden público, lo que no se había visto desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet. Los principales sindicatos de trabajadores llamaron a la huelga general, aunque ellos, ni ningún partido político, tuvieran la iniciativa del movimiento de protesta nacional.
Sin embargo, el comienzo de este movimiento no fue espontáneo. Muy al contrario, surgió del movimiento social organizado, vino de la acción de los estudiantes de la enseñanza media, opuestos al alza del precio del boleto del metro en Santiago. Esta acción estudiantil fue el detonador de un proceso de acumulación de fuerzas contra el modelo económico, social y político imperante.
Si es difícil prever la evolución de la situación de Chile, varias explicaciones sobre el giro actual de los acontecimientos se dan. La más común proviene del descontento provocado por la inequidad social imperante en el país. La economía chilena esta marcada por el neoliberalismo desarrollado por los “Chicago boys” a partir de los años 1975. Demandaría mucho tiempo contestar que la buena salud económica actual de Chile provendría de la política de los Chicago Boys, como suele decirse. Sin embargo, el resultado social de la política neoliberal de los Chicago Boys es evidente en Chile: según los datos del Banco mundial, su índice de Gini era de 46,6[1] en 2017, haciendo del país uno de los más desigualitarios del mundo. Concretamente, esto está acompañado de condiciones de vida sumamente precarias para la gran mayoría de la población: la
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protección social y las pensiones de vejez no permiten vivir dignamente, la educación pública es de mala calidad, la educación universitaria muy onerosa y obliga a los jóvenes a endeudarse por largos años para pagar los prestamos contraídos para financiar sus estudios. La protección laboral es muy limitada, los salarios bajos y las jornadas de trabajo muy largas. Además, la acumulación del patrimonio nacional entre las manos de pocas familias acentúa el sentimiento de injusticia. A estas realidades económicas y sociales se suman entre otras cosas, el descontento frente a la crisis ecológica que sufre el país, y el trato brutal de las poblaciones indígenas.
Pero este movimiento también proviene de la crisis de legitimidad y de representación. La población chilena no se reconoce hoy en las instituciones heredadas de la dictadura, como la constitución política del país, que limita las libertades públicas, ni en los poderes constituidos (gobierno, senado y cámara de diputados, y justicia).
Al mismo tiempo, la población rechaza a los partidos políticos, muchos de los cuales consagran gran parte de su energía a participar en el reparto del poder del estado sin tener incidencias de transformación social. Los partidos políticos no cumplen entonces con su función natural, de dar dirección política, formar los referentes de las luchas sociales, y se convierten en participes del mercado de la política y en uno de los principales cerrojos frenando la progresión de las luchas sociales. Así los partidos políticos impiden a los grupos más conscientes de la población [RM1] de definirse política y socialmente como una fuerza liberadora, de defensa de sus propios intereses, en general de los trabajadores, y de otras capas de la población asalariadas o no, que viven la violencia de un modelo que los pauperiza y marginaliza.
Todo esto ha llevado a que las fuerzas sociales que han venido dinamizándose desde varias décadas, produzcan nuevas formas orgánicas de emancipación que superaran los antiguos referentes. Estas fuerzas se cristalizan en la voluntad de oponerse al modelo neoliberal y se caracterizan de la manera siguiente:
– Los ciudadanos chilenos, sin organizaciones reconocidas, se oponen a la precariedad y la pauperización que le impone el modelo neoliberal, y parecen actualmente rechazar las simples enmiendas a este modelo que les propone el gobierno;
– el movimiento social de gran diversidad (asociaciones de mujeres, mundo de la cultura, movimiento estudiantil, etc.) participa activamente en las demostraciones;
– el movimiento territorial y las organizaciones ciudadanas y de vecinos se estructuran a nivel nacional, regional, comunal y en los barrios, para defender su patrimonio, material e inmaterial de las agresiones inmobiliarias y de la segregación social que conlleva;
– el movimiento sindical se organiza y expresa en su nuevo referente de Unidad Social, en la cual participaban 100 organizaciones, tales como los sindicatos de profesores, de la salud, de la administración pública, la asociación No +AFP, etc.
A partir estas nuevas condiciones, aparecen los imperativos de la resistencia al Modelo Neoliberal, planteando avanzar en una nueva acción unitaria, definiendo objetivos comunes, para lograr y asumir nuevos espacios de poder y democratizar el conjunto de la sociedad.
A nuestro juicio estas son las tarea más urgentes que pide el pueblo chileno que se cumpla.
Buen análisis
Gracias