La campaña empresarial es racista y tiene un discurso culturalmente asimilador. En este contexto los salmoneros y la burocracia gubernamental, repiten como un mantra que la ley lafkenche y los pueblos originarios “constituyen un obstáculo para el desarrollo, progreso e inversiones en las regiones y el país”.
Santiago, 24 de Octubre de 2017 (Ecocéanos News)– Un fantasma recorre la agenda empresarial: La ley 20.249 sobre uso del borde costero de los Pueblos Originarios, conocida popularmente como ley Lafkenche. En el contexto de las próximas elecciones se ha venido desarrollando un intenso lobby corporativo para demonizar el reconocimiento y la aplicación de los derechos territoriales de los pueblos originarios en las áreas marino-costera, estrategia que ya ha tenido sus primeros frutos, al comprometerse el candidato Sebastián Piñera a revisar quirúrgicamente dicha normativa, para dejarla convertida en papel mojado.
Los cinco encuentros empresariales y reuniones con candidatos y funcionarios públicos que se han realizado este mes, se han caracterizado por una visceral reacción de los gerentes y dueños de empresas contra las crecientes solicitudes comunitarias de áreas de Espacios Marinos Costeros de Pueblos Originarios (EMCPOs). Con ello se ha dado inicio a una ofensiva patronal contra el ejercicio democrático de los derechos de acceso y uso ancestral en el extenso Ñuke Lafken Mapu, o los territorios de la Madre Mar.
Cuando los salmones no dejan ver al mar
Llama la atención que la creación de un amplio frente empresarial liderado por la mega industria salmonera -cuyo fin es tratar de contener tardíamente el pujante movimiento indígena de recuperación de los territorios marino-costeros, y del uso de derechos ancestrales en sus maritorios-, ocurra nueve años después de haberse aprobada la ley 20.249, bajo el amparo del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT/Naciones Unidas), herramienta jurídica de rango constitucional ratificado por el Estado de Chile y promulgada el 16 de febrero del 2008.
Resulta paradojal que la cuestionada ley Lafkenche haya contado en su tramitación con un activo y transversal apoyo político, el que incluyó a importantes políticos derechistas, como Pablo Longueira, Iván Moreira y Enna Von Baer, entre otros. Por ello resultan no creíbles las declaraciones del actual senador y actual candidato por la región salmonera de Los Lagos, Iván Moreira (UDI), quien luego de haberla votado positivamente, hoy la califica como “ un abuso de poder”.
El reciente seminario Aquaforum organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y Salmón Chile en Puerto Varas, región de Los Lagos, no fue una excepción a lo antes descrito. Allí, Carlos Vial Izquierdo (RN) , vicepresidente del holding Frío Sur, propiedad de la familia Del Rio, financista histórico del partido democráta cristiano y el mayor controlador de la pesca y salmonicultura en la región de Aysén, señaló que la ley Lafkenche es “un disparate de marca mayor”, ya que se trata de “una legislación poco estudiada y poco elaborada, y que se hizo sin mucha perspectiva de tratar de identificar que es lo que iba a pasar (sic)” . Vial-Izquierdo alertó que todas las concesiones marítimas en aguas chilenas “están en peligro”.
Por su parte Arturo Clément, ex gerente general de MultiExport Foods y actual CEO de la plataforma de transacción electrónica Salmón Ex, calificó a la normativa indígena como “la brutalidad mas grande que ha salido del parlamento chileno (…) Es una aberración jurídica”.
Buscando ampliar el efecto político de sus declaraciones, Clément aseveró que “no sólo hay impactos en los salmoneros, sino que también en la Armada. En la construcción de puertos , en la conectividad, y en la pesca, entre otros aspectos (sic)”
Matizando estas visiones apocalípticas, Gerardo Balbontín, gerente general de la pesquera y salmonera Blumar, afirmó que la ley lafkenche tiene “un fin muy noble”, pero que sin duda “deben hacerse modificaciones. Hoy se prestan para abusos y especulaciones (…) Hoy paraliza a otras industrias que también tienen derechos”.
Empresariado salmonero: A la vanguardia de la ofensiva anti-derechos territoriales indígenas
El tema de fondo tras la reacción empresarial, es el hecho que la ley Lafkenche creó la figura jurídica del EMCPO la cual reconoce y protege derechos de uso ancestral de los pueblos originarios en su maritorio, ya sea con fines económicos, laborales, religiosos o recreacionales.
Esto ha dado paso a un activo empleo de este instrumento, existiendo a la fecha 68 solicitudes de EMCPOs, cuya superficie se concentra en un 83,5% en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. Esto contrasta con el hecho que el sector acuícola industrial, ocupa intensivamente los espacios acuáticos mediante 3.135 concesiones en las mismas regiones.
La cruzada empresarial anti-ley Lafkenche está llevando la conflictividad de las áreas terrestres al mar, lo cual tendrá insospechadas consecuencias políticas, si consideramos el nuevo contexto nacional e internacional en el que se ubican las demandas de autonomía del pueblo Rapa Nui y la defensa de su territorio marino de parte del pueblo Kawésqar. Sumado a esto, toda la lucha del Pueblo Mapuche para recuperar sus territorios ahora en el mar, ríos y lagos.
Es llamativo que sea la mas destructiva industria del ambiente marino-costero, lacustre y estuarino, quien lidere la amplia coalición anti-derechos de los pueblos originarios. La integran hasta la fecha las patronales Sofofa, CMPC, Sonapesca, SalmónChile, AMI Chile (empresarios miticultutores), empresas inmobiliarias y del sector minero, energía, la Cámara Maritima Portuarias de Chile, Armadores del Sur (Armasur), las Cámara de Comercio de Puerto Montt y Castro, junto a algunos dirigentes de la pesca artesanal y diversos estudios jurídicos.
La campaña empresarial es racista y tiene un discurso culturalmente asimilador. En este contexto los salmoneros y la burocracia gubernamental, repiten como un mantra que la ley lafkenche y los pueblos originarios “constituyen un obstáculo para el desarrollo, progreso e inversiones en las regiones y el país”.
Esto evidencia que el imaginario decimonónico de civilización versus barbarie o la existencia de “razas inferiores” siguen presentes en estos tiempos de neoliberalismo criollo.
En el intertanto, el fantasma del artículo 10 de la ley de borde costero de los Pueblos Originarios -que otorga prioridad a la tramitación de solicitudes de EMCPOs por sobre cualquier otra de concesión marítima, acuícola, minera, de energía o portuarias-, seguirá recorriendo los ministerios, los bufetes de abogados y las oficinas empresariales.
Como toda acción genera una reacción, este viernes 20 de octubre, a la misma hora en que ocurría la reunión empresarial de Aquasur en Puerto Varas, se reunieron las comunidades Mapuches-Lafkenches, Mapuches-Williches y Kawesqar de las regiones del Bío Bío, Los Ríos, Los Lagos/Chiloé, Aysén y Magallanes
