Ya resultaba evidente, no, evidente no, demasiado evidente la total desproporción entre la realidad en la Araucanía y la formación según las lógicas de la guerra colombiana de los cuadros que dieron lugar al Comando Jungla. Una desproporción en el análisis de alguna autoridad que puede ocurrir en un escritorio, pero que luego tiene consecuencias graves porque como consecuencia mueren seres humanos, como ha ocurrido ayer. La aparatosa puesta en escena en el estreno de este escuadrón de élite, muy en la línea de la puesta en escena de la Operación Huracán en el gobierno pasado, ya daban a entender que el Gobierno y el Comando Jungla se preparaban para una guerra. Con un detalle que, nos parece, es de sentido común para cualquier observador: al otro lado no hay un ejército regular, ni siquiera hay grupos con armamento pesado, y salvo la repudiable muerte del matrimonio Lushinger Mackay, sin registro de acciones contra la integridad de las personas, sino contra la propiedad privada en reivindicación de lo que describen como el robo de sus tierras ancestrales. Este argumento es perfectamente plausible al punto que no solo muchos historiadores le dan razón, sino que además lo describen como parte de una política de Estado.

Parte central de esta desproporción que mata es el exacerbado valor que se le da a la propiedad privada, puesto que ayer el director general de Carabineros, Hermes Soto, ensayó explicar la muerte de Camilo Catrillanca al vincularla con el robo de un automóvil, asunto que en todo caso está aún lejos de ser probado y que lamentablemente, por la experiencia previa en el funcionamiento de la Justicia y de las policías en la región, nos induce a partir desde la desconfianza en vez de la confianza en los funcionarios del Estado. Ya los testigos han negado cualquier vínculo entre el comunero asesinado y el robo del automóvil, han dicho que Catrillanca volvía de su trabajo y que la única causa de su muerte es el operativo descomedido con que el Comando Jungla irrumpió, como muchas otras veces, en la comunidad de Temucuicui.

Esta exacerbación de la propiedad privada, lo que se traduce al final en falta de humanidad, no es solo propia de la Araucanía sino que caracteriza a la institucionalidad y la sociedad chilenas del siglo XXI. En estos mismos micrófonos, el ex ministro de la Corte Suprema, Carlos Cerda, nos alertaba respecto a que el Código Penal privilegia la propiedad privada por sobre la vida de las personas, tal como, hace un par de días, la profesora de la Universidad de Chile, Alejandra Mohor, cuestionaba que los medios de comunicación calificaran de héroes o heroínas a las personas que arriesgaban su vida para impedir el robo de su automóvil, cuando en realidad se trata de una reacción criticable que quita valor a la propia existencia.

Dentro como estamos todos y todas del microclima chileno, hay cosas que tienden a parecernos normales o dejan de producir indignación. Un diario esta mañana ha seguido la línea argumental del general Soto y entrelazó la suerte del comunero con el robo del automóvil. El otro ni siquiera lo llevó como titular principal y dijo que Camilo Catrillanca murió en un “incidente”. De más está decir que para estas construcciones mediáticas los mapuche no son asesinados, sino que simplemente mueren, como lo hacen los enfermos o los viejos por obra de la naturaleza.

Para conjurar el peligro de hacernos parte de esas creencias son necesarias voces que hablen por ojos que nos miren desde afuera, como ayer lo hizo Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, quien afirmó que “Chile debe asegurar que nadie pierda la vida de esta forma y de inmediato investigar estos hechos. La persecución y criminalización del pueblo mapuche debe parar de inmediato”.

Estimados auditoras y auditores: no son hechos aislados. Son injusticias de siglos y ésta es la última.