Cuando una sociedad retrocede en materia de justicia, no lo hace por accidente: lo hace porque el poder decide reescribir las reglas de lo tolerable. La reciente ley de prisión alternativa aprobada por el Senado aparece envuelta en un lenguaje administrativo y técnico —reinserción, eficiencia penal, racionalización del sistema carcelario—, pero detrás de esa retórica se abre una grieta profunda en el edificio de los derechos humanos.
El problema no es la existencia de medidas alternativas en sí mismas —que en muchos sistemas pueden ser herramientas racionales—, sino a quién terminan beneficiando en la práctica y qué tipo de crímenes pueden quedar bajo su alcance. Cuando la arquitectura legal se diseña sin una frontera ética clara respecto de delitos gravísimos, se produce una distorsión peligrosa: la ley deja de ser un instrumento de justicia y comienza a operar como mecanismo de protección para quienes históricamente han ejercido el poder con impunidad.
En sociedades atravesadas por memorias traumáticas, como la chilena, los crímenes contra los derechos humanos no son delitos comunes. No pertenecen al mismo orden moral ni político que otros ilícitos. Son actos cometidos desde el aparato del Estado o con su amparo, dirigidos contra la propia población. Por eso, durante décadas se ha sostenido un principio fundamental: la sanción frente a esos crímenes debe ser efectiva y proporcional a su gravedad histórica.
Cuando el sistema penal abre la puerta a beneficios que pueden terminar alcanzando a quienes cometieron tortura, desapariciones o asesinatos políticos, se erosiona algo más que una sentencia judicial: se erosiona la memoria colectiva y el pacto ético que prometía que aquello no volvería a repetirse.
Lo que ocurre entonces es un fenómeno conocido en la historia política: el poder redefine silenciosamente los límites de la responsabilidad. Primero se relativiza la gravedad del crimen; luego se introduce una excepción jurídica; finalmente se instala la idea de que “ya pasó demasiado tiempo”. Así, lo que comenzó como justicia termina deslizándose hacia una normalización de la impunidad.
Pero el problema no se limita a los crímenes de la dictadura. Si la legislación se vuelve ambigua respecto de delitos de alta gravedad —como los sexuales o aquellos que implican violencia sistemática—, el mensaje que recibe la sociedad es devastador: la protección de las víctimas queda subordinada a cálculos políticos y equilibrios de poder.
En ese punto, la ley deja de expresar un consenso moral y pasa a reflejar una correlación de fuerzas. El discurso jurídico intenta presentarse como neutral, pero nunca lo es completamente: siempre expresa quién tiene la capacidad de definir qué vidas importan y qué crímenes pueden relativizarse.
Por eso Chile tiene una pena. No es solo una discusión legal. Es una discusión sobre qué memoria se protege, qué justicia se defiende y qué tipo de país se quiere construir.
Porque cuando una sociedad empieza a flexibilizar la sanción frente a quienes violaron derechos fundamentales, no solo libera a algunos culpables: abre la puerta para que el pasado vuelva a presentarse disfrazado de normalidad.
Y cuando eso ocurre, la democracia no se derrumba de un día para otro; se vacía lentamente desde adentro.
