El pasado viernes 15 de septiembre, aproximadamente a las 07:15 de la mañana, un grupo de funcionarios de la PDI realizó agresivos y violentos allanamientos en al menos 6 hogares de la calle Sánchez Colchero del sector Legua Emergencia, comuna de San Joaquín.
La denuncia fue realizada a nuestro Comité por una de las personas afectadas, A.N, quien relató lo vivido al interior de su casa junto a su compañero y sus hijos de 2 y 9 años de edad. Los funcionarios policiales no se identificaron a la hora del allanamiento, salvo uno, Patricio García, Subprefecto de la PDI. Irrumpieron en el hogar rompiendo la puerta, para luego interrogar a los moradores con insultos y amenazas, todo ello frente a los menores de edad. Llevaron a cabo una revisión exhaustiva del hogar, usando incluso los perros de la institución. Aunque no hallaron lo que pretendían encontrar, presumiblemente droga, sí se encontraron con el dinero que la familia había ahorrado durante todo un año para las vacaciones próximas. Sin mediar explicación alguna, requisaron el dinero, introduciéndolo a bolsas de evidencia. Además, uno de los funcionarios se metió en el bolsillo veinticinco mil pesos que contenía una alcancía que correspondían a los ahorros que el niño pequeño del hogar había realizado.
Terminado el allanamiento y luego de retirarse del lugar, los policías volvieron a ingresar al domicilio para esta vez llevarse detenida a A.N. El subprefecto García le indicó a A.N. que su detención se debió que “no tenía cómo justificar el dinero que tenía en su casa”. A.N. fue luego detenida y trasladada hasta la unidad policial de la PDI en San Miguel. En este lugar fue nuevamente insultada por funcionarias y funcionarios, amenazada, y presionada para firmar un documento en el que se decía que el dinero encontrado en su casa era de $600.000 y no la suma verdadera, que corresponde a $1.500.000 que como familia habían ahorrado.
Cabe destacar que esto es una práctica recurrente, ominosa y transgresora, que no solo atenta contra los derechos esenciales de los pobladores, sino que habla de la probidad, ética y legalidad con que los funcionarios policiales están actuando desde hace mucho tiempo en la población. Un caso similar que adquirió relevancia pública ocurrió durante el 2015. Se trata del caso que afectó a la pobladora Katherine Venegas -residente del sector de Emergencia- cuyo domicilio fue allanado ilegalmente, sustrayéndose también una importante suma de dinero sin justificación, hecho que luego la Corte Suprema reconoció como una actuación ilegal y violenta por parte de Carabineros de Chile.
La violencia, impunidad y replicabilidad de estos hechos evidencian las dinámicas y praxis institucionales que no hacen sino insistir de forma permanente en procedimientos que vulneran los derechos fundamentales de las personas, perpetuando la lógica de violencia con la que conviven hoy las vecinas y vecinos de La Legua. Exigimos, por tanto, que la institución involucrada dé una respuesta a esta familia que fue ultrajada, robada y violentada por el Estado y que hoy se siente temerosa e impotente.
Finalmente, consignamos que la familia, en conjunto con el Comité, harán las denuncias formales respectivas.
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Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua
