imagen: Julio Cesar cruza el Rubicón
por Gustavo Burgos
El Porteño
Una vez afirmadas las instituciones, reforzados los pactos patronales y desplegada una legislación represiva como no se tiene memoria en nuestro país, el régimen se dispone a toda máquina a una nueva institucionalización. Una nueva noche portaliana se anticipa desde la cámara oscura del Consejo Constitucional. Mientras el TPP11 garantiza un marco de seguridad para el gran capital criollo y transnacional, a los trabajadores se les precariza y sus organizaciones son domesticadas, el horizonte político de la clase aparece constreñido a los marcos ascépticos de la democracia patronal cuyo único rasgo distintivo son las elecciones periódicas. Como caído de un platillo volador, el soporífero discurso sobre la probidad se despliega en las páginas de los medios oficiales haciéndose evidente el carácter de clase de la corrupción. El discurso punitivo se apodera de todo, el orden público se transforma en el máximo valor social y los tamborileros del fascismo emergen impunes reclamando una nueva dictadura militar. Porque esto último es el verdadero debate de la burguesía chilena en estos momentos: las dimensiones de la nueva Dictadura.
Como si se tratara de una comedia de humor negro, primero se destapan los multimillonarios fraudes financieros de las fundaciones, luego se produce una seguidilla de robos en los Ministerios y finalmente Carlos Ruiz, el llamado «ideólogo» del postmodernismo chileno, padre de las entusiastas huestes del Frente Amplio, el hombre que jugaba con fósforos en el cráter de un volcán, es aprehendido ebrio en su domicilio imputado de graves actos de violencia de género e intrafamiliar. Aunque resulte inverosímil, tal es la forma como en las altas esferas del poder se ajustan cuentas y se toma iniciativa. Que entre los acusadores se encuentren otros facinerosos y defensores de masivas violaciones a los DDHH no deja de ser parte del escenario. Es lo que vivimos y la razón del título de esta nota: una noche de cuchillos largos, expresión que remite al ajuste de cuentas dentro del movimiento nazi y en la que Hitler despejó el alto mando del movimiento, barriendo con las SA de Röhm. No hay acá —parece necesario dejarlo en claro— un enfrentamiento entre demócratas y fascistas ni mucho menos uno entre probos y corruptos. Se trata de un simple enfrentamiento entre diversas fuerzas del régimen en la perspectiva de su rearticulación por un largo período. Por eso redactan una nueva Constitución, porque deben sellar un pacto, aunque bien puede ser que tal pacto se posponga como se desprende del poco probable resultado aprobatorio del plebiscito de salida en diciembre de este año.
El problema central de todo régimen —despejada la cuestión militar— es el de su legitimidad, más precisamente el de su hegemonía política. La estabilidad de la dominación de clase no alcanza con apoyarse en el natural conservadurismo y en el sentido común de la rutinaria vida burguesa. Las subsecuentes crisis capitalistas requieren maquinaria organizativa que permita controlar los movimientos de las clases sociales. Para ello por supuesto no alcanza con la dócil colaboración de la burocracia sindical, a la burguesía le resulta necesaria partidos que le permitan crear la ficción democrática. Y este último aspecto es la principal debilidad para el orden capitalista en Chile: no tienen partidos. No tienen organizaciones de masas que les permitan ejercer materialmente su tutela ideológica y política. Esto no significa que no vuelvan a tenerlas, como tampoco podemos descartar el reanimamiento de la hoy inexistente iglesia Católica —otra inveterada institución de la oligarquía— sin embargo, tales organizaciones partidarias hoy no existen y subsisten exclusivamente como aparatos burocráticos de funcionarios.
Desde la Derecha hasta el Frente Amplio sus organizaciones carecen de militancia o «voluntariado». La pertenencia a los partidos del régimen se define por un vínculo clientelar. La nueva generación que ha adherido al Frente Amplio —idéntico fenómeno se observó en el PODEMOS español— no adscribe a sus organizaciones, trabaja en ellas. Las estructuras políticas que sostienen al Frente Amplio tienen más que ver con las PYMES que con lo que tradicionalmente se entiende por un partido. La creación de fundaciones para obtener recursos del Estado son efectivamente la única forma como pueden desplegar lo que ellos llaman «trabajo territorial». Ser trata de organizaciones incapaces de convocar fervor militante y solo pueden repartir volantes, hacer charlas o murales en tanto se les pague a quienes lo hagan posible.
No se trata de una cuestión moral —de hacer culto del martirologio militante— se trata de caracterizar correctamente los hechos de la realidad y entender de qué forma actúan en la lucha de clases. Este problema —signado bajo el eufemismo de la desafección de la democracia por los rectores de la opinión pública— es de alcance mundial. En Europa, salvo España, Portugal y Reino Unido, los partidos políticos que agitaron la vida democrática desde el siglo XIX han desparecido en su conjunto. Igual fenómeno se puede observar en América y las excepciones de EEUU y Argentina obedecen a circunstancias antagónicas. En norteamérica porque la estructura partidaria es el soporte del propio imperialismo y en la Argentina porque el Partido Justicialista es la organización de gobierno de la burguesía transandina en su conjunto, desde hace más de 60 años. El derrumbe del sistema partidario es consustancial a la búsqueda de salidas bonapratistas a la crisis en todo el orbe, en un marco en el que tanto la guerra como una agónica depresión, condicionan un brusco e imprevisible cambio de situación en la lucha de clases.
Pero volvamos a Chile. La crisis capitalista en nuestro país busca ser resuelta mediante el expediente bonapartista. Boric mientras era candidato, señaló que deseaba pasar a la historia como un Presidente que salió de La Moneda con menos poder del que ingresó. Bueno, la verdad es que no solo ha gobernado durante todo su mandato con Estados de Excepción Constitucional haciendo de esa supuesta excepción una regla general, sino que además se ha encargado de accionar con la fascista Leyes de Seguridad Interior del Estado encarcelando la máximo dirigente de la CAM, Héctor Llaitul, por un delito de opinión. Finalmente, el proceso constitucional en curso terminará —en el mejor de los casos— no solo con la misma legalidad constitucional con la que se inició, sino que además demostrando que en el actual régimen los programas bajo los que se hace campaña no son sino una forma de definir el voto pero que nada tienen que ver con lo que hace el candidato una vez que se ha encaramado al poder.
Boric es la viva expresión de la degradación de las formas tradicionales de ejercicio del poder bajo formas liberales y su transformación a rasgos bonapartistas. La batería de legislación represiva como la Ley Naín Retamal, la Ley Anti Tomas y la modificación en curso a la Ley Anti Terrorista, ponen al Estado chileno confiriendo facultades de gobierno y de discernimiento en el ejercicio del poder a la policía, de una forma materialmente incompatible con las cánones tradicionales de la democracia liberal. Bajo la mascarada del enfrentamiento farsesco entre la Derecha y el Gobierno —al que el PC le atribuye un contenido antifascista— lo que se encubre es el establecimiento de un nuevo régimen policíaco militar.
El frenesí legislativo —lo hemos señalado en otras editoriales— obedece a que resulta perceptible que la dinámica de la crisis no les volverá a dar 30 años para reconfigurar el régimen. Y este análisis se apoya en el creciente descontento popular que expresan todas las encuestas y en en el reanimamiento de las acciones de resistencia popular luego de la derrota que significara la imposición del Acuerdo por la Paz del 15 de Noviembre. Fragmentaria, pero de forma amplia el movimiento comienza a tomar cuerpo. Son miles los conflictos sociales abiertos en todos los frentes. El conflicto mapuche que sigue abierto en una elevada expresión; el movimiento de los sin casa que protagoniza miles de tomas en todo el país y que se disponen a enfrentar una oleada de desalojos; la resistencia en diversas comunidades a proyectos industriales depredatorios como es el caso de la Planta Desalinizadora en Ventanas, toma que lleva más de 80 días; el conflicto con las salmoneras en la Patagonia; y, en forma amplia, las acciones de resistencia de los trabajadores del llamado ratail que enfrenta una fenomenal ola de despidos y acciones antisindicales.
En esta esfera de conflictividad ha de construirse la nueva dirección política de los trabajadores, con una clara identificación socialista y superadora de toda concepción reformista. La conmemoración de los 50 años del Golpe del 11 de Septiembre de 1973 contribuyen en este sentido. El gran frente antipopular que se opone a los explotados —que va desde el pinochetismo hasta las fuerzas que sustentan al actual Gobierno— quieren hacer de la fecha una oportunidad para ponernos de rodillas ante la institucionalidad patronal. Quieren hacernos creer que lo que ocurrió hace 50 años fue una infracción a las normas constitucionales y una ruptura a la convivencia democrática. Mentiras. Sabemos que no es así. El 11 de Septiembre la burguesía y el imperialismo desplegaron sus FFAA en contra de la revolución obrera en curso. El 11 hubo una contrarrevolución, no una simple asonada palaciega. Los miles de ejecutados y desaparecidos — el aplastamiento de una generación de luchadores bajo el horror fascista— son una tangible medida de la naturaleza del clase del Golpe.
Hoy, la misma clase social e inclusive algunos mismos y vetustos sujetos, siguen conspirando en contra de la mayoría trabajadora. Pretenden calificar esta conspiración como «debate democrático». La institucionalidad que construyen no será la «casa de todos», sino que será un patíbulo, un paredón en la que se fusilarán los reclamos democráticos y sociales que sirvieron de sustento al levantamiento popular de Octubre del 19. Unirnos en la movilización, organizarnos partidariamente y ganar las calles son las condiciones para impedirlo, con urgencia.
