El Ministerio Público prepara el proceso de formalización contra ejecutivos de la compañía (hoy llamada Enel Generación Chile) por la eventual contaminación generada por el complejo termoeléctrico Bocamina, ubicado en Coronel. En paralelo, trabajadores propios y contratistas acusan que se han muerto dos personas por exposición al asbesto en la unidad 1 de ese recinto y que hay más de 50 casos con problemas respiratorios y pulmonares. La empresa, por su parte, rechaza ambas acusaciones.

Un escenario complejo enfrenta Endesa (hoy llamada Enel Generación Chile) en la VIII Región, debido a los diversos daños ambientales y a la salud de las personas que habría generado su complejo termoeléctrico Bocamina, ubicado en Coronel.

Dos son los principales flancos que se le han abierto a la empresa. El primero está relacionado con una inminente formalización de sus ejecutivos, debido a la contaminación de la bahía de Coronel. Dicha formalización se concretaría en las próximas semanas, de acuerdo a fuentes ligadas a la investigación.

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El segundo, en tanto, está vinculado con acusaciones de exposición histórica al asbesto que han sufrido trabajadores propios y contratistas. La autoridad ambiental de la zona, de hecho, cursó multas por esta materia a Endesa, una empresa contratista y la Mutual de Seguridad.

La formalización que está preparando el Ministerio Público en contra de los ejecutivos de la generadora eléctrica es por el artículo 291 del Código Penal, que tipifica delitos relativos a la salud ambiental, vegetal y el abastecimiento de la población.

La fiscal a cargo de la investigación, Ana María Aldana, de la Fiscalía local de Talcahuano, también incluirá en la acción delitos contemplados en el artículo 136 de la Ley de Pesca y Acuicultura, que sanciona a aquellos que introducen o mandan a introducir en el mar, ríos, o lagos, agentes contaminantes que causen daño a los recursos hidrobiológicos, dicen fuentes ligadas al proceso.

“Técnicamente, a los ejecutivos se los formalizará por propagar indebidamente organismos, productos o agentes químicos que sean susceptibles de poner en peligro la salud animal o vegetal o el abastecimiento de la población”, dice Paula Villegas, abogada querellante en esta causa en representación de la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile (Confepach) y cerca de 700 pobladores de Coronel.

Felipe Urbina, otro abogado querellante, que representa a nueve dirigentes vecinales de Coronel, complementa la versión de Villegas. “Estamos esperando que la Fiscalía realice esa formalización. Más que los ejecutivos hubiesen realizado actos de contaminación intencionalmente, lo que se pretende determinar es que ellos no pudieron no saber que se estaba contaminando”, detalla.

El litigante precisa que los delitos más graves involucrados son la emisión de material particulado al medio ambiente y la contaminación de las aguas, tanto de las napas subterráneas como del mar.

Esta causa partió el 2012 a partir de una querella presentada por pescadores artesanales, quienes acusaron a la compañía de contaminar la bahía. Luego se fueron agregando nuevas querellas, por lo que se agrupó todas las acciones legales en una única investigación. La inminente formalización está sustentada, en gran parte, por varios informes elaborados por la Policía de Investigaciones (PDI) que dan cuenta del daño ambiental provocado por Enel Generación Chile en la zona.

El otro flanco que enfrenta la empresa está ligado a la unidad más antigua del complejo: la central Bocamina 1, que funciona, principalmente, en base a carbón. Según los testimonios y documentos aportados a Radio Bío Bío por trabajadores propios y contratistas, dos operarios murieron (uno propio y otro contratista) tras haber estado expuestos al asbesto que estuvo presente en la planta desde sus inicios, en 1970, hasta 2015, cuando se retiró el mineral tóxico de ese lugar.

El asbesto, también conocido como amianto, corresponde a un mineral que se utilizaba antiguamente como aislante térmico en las construcciones, pero su uso está prohibido en Chile desde el 2001, por las graves consecuencias que genera para el medio ambiente y la salud de las personas. De hecho, según un estudio realizado en 2010 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición al mineral -por vía respiratoria o contacto directo- causa más de 107 mil muertes anuales.

Los operarios que han muerto y los peligros que conlleva el asbesto han provocado alarma entre los trabajadores que se desempeñan o han desempeñado en Bocamina 1, ya que hay cerca de 50 casos que presentan problemas respiratorios y pulmonares que habrían surgido de la exposición a ese elemento. Muchos tienen miedo de que sus enfermedades empeoren y lleguen a ser letales, sobre todo aquellos que han desarrollado placas pleurales y fibrosis pulmonar.

Del total de los casos con problemas respiratorios y pulmonares, en torno a 20 corresponden a trabajadores propios de Endesa, de los cuales algunos han trabajado por varias décadas en la central, según cuenta René Ceballo, director del sindicato regional de Endesa, quien se desempeña en Bocamina 1 desde 1978. Y otros 30 están ligados a contratistas que participaron del retiro de amianto de la planta, entre mediados de 2014 y la primera mitad de 2015.

Su representante, Omar González, presidente de Trabajadores Unidos Contra el Asbesto (TUCA), acusa que ni Endesa ni las empresas contratistas cumplieron con los procedimientos para resguardar la seguridad y salud de los trabajadores en esa faena, lo que -acusa- causó la muerte de uno de los contratistas y las enfermedades que padece el resto.

Esta versión, al menos la parte del incumplimiento de procedimientos, ha sido respaldada por la seremi de Salud de la Región del Bío Bío. En septiembre de 2015, por medio de un sumario, el ente regulador multó con 500 UTM ($ 22 millones, según el valor de la UTM de esa época) a Akeron CAF, una de las firmas contratistas encargadas del retiro de asbesto, por infringir leyes y reglamentos en los procedimientos, lo que dejó expuesta la salud de los trabajadores contratistas. A su vez, también multó con 500 UTM a Endesa, en su condición de empresa mandante, por su responsabilidad en las infracciones detectadas a Akeron. En esa ocasión, además, sancionó a la Mutual de Seguridad con 1.000 UTM ($ 44 millones).

Luego, en noviembre de 2016, tras un nuevo sumario por el mismo tema, multó con 850 UTM ($ 36,8 millones, según UTM de la época) a Akeron, con 350 UTM ($ 16 millones) a Endesa y con 200 UTM ($ 9 millones) a la Mutual.

Valter Moro, gerente general de Enel Generación Chile, descarta el daño ambiental generado por Bocamina (Ver entrevista). “Se puede afirmar con números científicos que es una planta que no tiene impacto ambiental después de las mejoras que se le han hecho (desde 2014 en adelante). No tiene sentido relativo. Efectivamente tiene emisiones, pero muy por debajo del límite de la Ley”, argumenta, aunque no se refiere a si pudo causar impacto antes de las mejoras.

Respecto a las muertes y enfermedades que se le endosan a Bocamina 1 por la presencia de asbesto y la falta de resguardos, el ejecutivo asevera que “estamos en un campo complejo porque ante cualquier patología médica tendría que revisarse la historia clínica de la persona para ver todos los factores de exposición que tiene en su hogar, en sus actividades personales e industriales. No se puede determinar un nexo directo, sobre todo si uno maneja y gestiona el asbesto en el lugar de trabajo con las medidas que la misma autoridad sanitaria gestiona y certifica que se están utilizando todos los procedimientos correctos”.

La estrategia de la Fiscalía

En los últimos meses, la fiscal Ana María Aldana ha realizado múltiples diligencias en el marco de la investigación por contaminación ambiental que lidera contra Endesa. Entre ellas, ha incautado documentos desde las dependencias de la empresa y ha tomado declaraciones a las víctimas e imputados, entre los cuales hay ejecutivos de Endesa. De hecho, en diciembre de 2016 la Fiscalía tomó declaración a Valter Moro, con lo que dio cierre a la investigación desformalizada por la contaminación generada por Bocamina en la zona. Radio Bío Bío intentó acceder a la declaración de Moro, pero la persecutora aún la mantiene bajo reserva.

Gran parte de la estrategia desarrollada por la fiscal Aldana se sustenta en informes elaborados por la PDI y sus equipos de expertos. Uno de esos informes, emitido por la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural (Bidema) de Valdivia, analizó cenizas extraídas desde el vertedero de cenizas de Bocamina. Justamente, una de las acusaciones que hay contra la empresa es el mal manejo que ha realizado de ese elemento, al menos antes de las mejoras aplicadas desde 2014.

En dicho análisis se detectó la presencia de elementos denominados “tierras raras”. De acuerdo a un especialista en el tema, que prefiere mantener en reserva su identidad, la mayoría de estos elementos tienen impacto para el medio ambiente. El lantano, por ejemplo, causa daño en las células de membranas de animales acuáticos, incidiendo negativamente en la reproducción y en las funciones del sistema nervioso.

En tanto, el cerio se acumula gradualmente en el suelo y en el agua que hay bajo de él, lo que incide en un aumento de la concentración del elemento en seres humanos, animales y partículas de la tierra. Esto, además, provoca daños a las membranas celulares, impactando en la reproducción y en las funciones del sistema nervioso.

El vanadio, por su parte, causa inhibición de ciertas enzimas de animales, lo cual tiene diversos efectos neurológicos, explica el especialista. De hecho, puede generar desórdenes respiratorios, parálisis y efectos negativos en el hígado y riñones, provocando, asimismo, daño en el sistema reproductivo de animales machos y alteraciones del ADN.

Otro informe de la PDI profundiza sobre estos elementos y establece que “todos presentan efectos adversos a la salud de las personas”, aunque enfatiza que el más peligroso es el lantánido denominado gadolinio. “Produce efectos debido a su exposición, tales como náuseas, vómito, daño a la piel, presentando efectos negativos sobre el sistema cardiovascular, siendo antagonista de los canales de calcio, aumentando la actividad de la enzima convertidora de la angiotensina, el cual traería como consecuencia efectos perjudiciales sobre el organismo, abarcaría la elevación de la presión arterial, riesgo aumentado de trombosis, inflamación e hipertrofia vascular y miocárdica”, consigna el documento.

En vista de estos antecedentes, una fuente ligada a la investigación plantea que es muy posible que una vez efectuada la formalización por contaminación ambiental, se abra una arista ligada al daño generado a las personas de la zona aledaña a Bocamina.

Valter Moro, de Enel Generación Chile, rechaza esa tesis. “En Coronel hay un plan de descontaminación, ya que es considerada un área saturada, donde hay decenas de elementos antrópicos, como el tráfico de vehículos, el puerto, la calefacción doméstica, actividad de pequeños y medios industriales, etcétera, donde una termoeléctrica la única culpa que tiene es su chimenea visible, bien alta”.

Un retiro peligroso

El 20 de mayo de 2015, a las 09:35 horas, en el Hospital Regional Guillermo Grant Benavente, en Concepción, dejó de existir Gonzalo Bulnes. El joven, de tan solo 31 años, había agonizado por casi 20 días. En el recinto hospitalario le dijeron a la familia que la causa de su deceso fue una neumonía grave.

Su padre, Andy Bulnes, en tanto, acusa que Gonzalo murió por haber estado expuesto al asbesto en Bocamina 1, ya que fue uno de los trabajadores contratistas que participó del retiro del mineral. Este proceso se hizo entre agosto de 2014 y mayo de 2015, como parte de las mejoras que realizó la empresa para poder operar luego de que la Corte Suprema paralizara Bocamina 1 y 2, a inicios de 2014, por no respetar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

De acuerdo a la empresa, el programa de remoción contempló el retiro de 200 toneladas de asbesto friable (en mal estado de conservación), el que se trasladó hasta un centro de acopio autorizado. Además, se retiraron 126 toneladas de asbesto no friable (en buen estado de conservación).

“Mi hijo participó del retiro de asbesto prestando servicios a la contratista Akeron CAF. Para poder trabajar ahí le hicieron un examen preocupacional en la Mutual de Seguridad que arrojó que estaba sano. Después de que lo finiquitaron lo enviaron a la Mutual nuevamente, donde lo encontraron sano. Esto ocurrió en marzo de 2015. Sin embargo, a las semanas comenzó a presentar una tos muy fuerte, dolor de pecho, espalda y fatiga”, dice Andy Bulnes.

“Entonces, tuvimos que llevarlo a urgencia, donde sólo le detectaron un resfriado simple y lo mandaron para la casa. Al día siguiente tuve que volver a llevarlo a urgencia, le hicieron un escáner y ahí lo mandaron al hospital de Concepción. Los doctores dijeron que era neumonía, pero nunca lo ligaron al asbesto, pese a que les informamos sobre la exposición, y está claro que él se enfermó tras haber tenido contacto con este mineral tóxico”, agrega.

La muerte de Gonzalo ha alarmado a los otros contratistas que participaron del retiro del amianto, pues muchos presentan síntomas similares. De hecho, crearon la agrupación TUCA para denunciar las irregularidades cometidas en el proceso por Endesa, las firmas contratistas y la Mutual de Seguridad, y para resguardar la salud de los trabajadores, entre otros objetivos.

El presidente de los TUCA, Omar González, quien también asegura tener problemas respiratorios surgidos tras el retiro de asbesto, presentó una querella en 2015 junto a Andy Bulnes. La acción legal está dirigida en contra de todos aquellos que resulten responsables por su participación en calidad de autores, cómplices y/o encubridores en los delitos de homicidio de Gonzalo Bulnes y lesiones graves de González, y de los demás ilícitos penales que resulten acreditados, entre ellos, los del artículo 291 del Código Penal (ligados a medio ambiente).

Posteriormente, se han sumado a la querella decenas de otros contratistas afectados por el tema. Actualmente, son cerca de 30 los casos de contratistas que participaron de la faena de remoción que presentan algún problema respiratorio o pulmonar, según constatan los exámenes médicos correspondientes que este medio revisó. Al igual que Gonzalo Bulnes, todos ellos habían sido diagnosticados como sanos antes de ingresar a trabajar en el proceso y comenzaron a exhibir los síntomas cuando ya estaban expuestos al asbesto o al poco tiempo después de terminar su participación en el retiro.

Algunos de los casos más graves son los de Alfonso Garcés, quien tiene placas pleurales y calcificaciones a nivel pulmonar; Javier Jérez, con nódulos pulmonares, bronquiolito y bronquiectasias; Claudio Soto, con nódulos pulmonares; y Moisés Hernández, quien tiene nódulos calcificados y nódulo pulmonar espiculado.

“En Chile está prohibido el uso del asbesto y hay distintos tipos de asbesto, pero ni los mejores son inocuos. Si hay exposición al asbesto tarde o temprano puede aparecer un porcentaje importante de las personas con cáncer o asbestosis. O las placas pleurales pueden ir creciendo, es decir, una vez que se están formando las placas van formando una fibrosis pulmonar. Por lo tanto, estas van a ir aumentando pese a que la persona ya no esté expuesta al asbesto”, explica el doctor Andrei Tchertnitchin, experto en toxicología y director del Laboratorio de Endocrinología Experimental y Patología Ambiental ICBM de la Universidad de Chile.

Omar González, de TUCA, dice que esta situación también ha generado problemas psicológicos en los trabajadores y, en algunos casos, en sus familiares. Además, plantea que los TUCA le endosan la responsabilidad de todo esto directamente a Endesa y las empresas contratistas que participaron del retiro del asbesto. De esta forma, acusan que las compañías no cumplieron con los procedimientos y protocolos para resguardar la salud y seguridad de los trabajadores durante dicha faena. En efecto, exhiben como prueba decenas de vídeos que dan cuenta que no se utilizaron, en algunos casos, implementos esenciales, como lo son las burbujas, por lo que estuvieron en contacto directo con el elemento peligroso.

Estas acusaciones fueron respaldadas por la seremi de Salud de la Región del Bío Bío mediante los dos sumarios antes mencionados. En el primero de ellos, emitido en septiembre de 2015, el organismo constató que Akeron CAF, entre otras cosas, “no cuenta con ningún registro bajo firma del trabajador que acuse recibo de máscaras y/o filtros como lo indican los procedimientos de trabajo con exposición directa a asbesto”.

En el mismo sumario, la seremi sancionó a Endesa como empresa mandante y también a la Mutual de Seguridad. Entre otras infracciones, detectó que la Mutual no acreditó “estudios de puestos de trabajo y/o mediciones ambientales para evaluar la exposición a asbesto en zonas críticas”.

En otro sumario, publicado en noviembre del año pasado, la seremi de Salud del Bío Bío nuevamente multó a Endesa. La sanción se debió, explicó el ente regulador, a que “a través de vídeos y evidencias presentadas y revisadas fue posible encontrar incumplimientos e irregularidades en los procesos presentados ante esta autoridad sanitaria, que fueron el respaldo para otorgar resolución de autorización previo al inicio de las faenas de retiro de asbesto”.

Añadió que “se puso en riesgo la vida y la salud de trabajadores contratados para esta labor (…) por lo que se sancionará a dicha empresa por incumplimiento del Artículo 3 del D.S. 594 al no mantener en los lugares de trabajo las condiciones ambientales necesarias para proteger la salud de los trabajadores que se desempeñaban en el saneamiento de asbesto en Bocamina 1”.

En tanto, a Akeron CAF la sancionó por “no suprimir en el lugar de trabajo, los factores de peligro que afectaron la salud de sus trabajadores”. Detalló que “se evidenció en los vídeos acompañados, actividades de retiro de asbesto sin sometimiento a los procedimientos correspondientes, sin burbujas, sin uso de mascarillas fullface, con acumulación de restos de asbesto al interior de las instalaciones, cortes de asbesto con oxígeno, en ocasiones éste cayendo libremente al interior de las dependencias en que desarrollaban sus funciones los trabajadores y otras siendo retirado directamente por los trabajadores”.

En este segundo sumario la seremi también multó a la Mutual de Seguridad.

Pese a todos estos antecedentes, Valter Moro niega cualquier incumplimiento legal y normativo. “El trabajo se realizó bajo la supervisión de la autoridad de control y con el máximo estándar técnico, ambiental y de seguridad, yendo incluso mucho más allá de la Ley chilena”, afirma. Agrega que “nosotros nunca entramos en el área de trabajo porque la entregamos y la empresa contratista se encarga de hacer su trabajo. En ese período, el trabajo fue fiscalizado continuamente por parte de las autoridades de control y no se detectó nada”.

Décadas de exposición

El 2010, tras el terremoto del 27 de febrero, una empresa externa advirtió de los peligros que conllevaba la presencia de asbesto, por lo que los trabajadores propios de Bocamina 1 le exigieron a Endesa que les hicieran exámenes para detectar si tenían algún problema derivado de la exposición al elemento peligroso.

Siempre supieron que estaba presente este mineral tóxico en la planta, pero cuestionan que Endesa nunca les informó sobre las consecuencias que podría conllevar para su salud, ni tampoco aplicó medidas de seguridad para resguardar su integridad. Así lo aseguran René Ceballo, Gabriel Vidal y Luis Reyes, quienes se desempeñan desde hace más de 40 años en la central termoeléctrica.

La empresa accedió y envió a sus trabajadores a hacerse radiografías al pulmón. Los resultados arrojaron que solo un caso presentaba placas pleurales, las que luego pueden transformarse en fibrosis pulmonar y, consecuentemente, en una asbestosis o cáncer. El desafortunado resultó ser Luis Reyes.

“En un principio, la empresa trataba de tapar el sol con un dedo, pero el sindicato insistió para que se me hicieran más exámenes y lograron que me mandaran a Santiago, a la Clínica Alemana, donde se confirmaron las placas pleurales”, cuenta Reyes, quien trabaja en Bocamina desde 1974. Si bien su enfermedad se ha mantenido estable y no se ha agravado desde entonces, confiesa que el miedo a desarrollar asbestosis o algún cáncer lo ha afectado mentalmente, por lo que ha tenido depresión y ha debido realizar tratamientos psiquiátricos, costeados por él mismo.

Posteriormente, en 2013 ocurriría un hecho que encendería aún más las alertas entre los trabajadores propios de la central. En marzo de ese año falleció Oscar Vega Torres, quien trabajaba en Endesa desde 1969 y se desempeñó varios años, en dos períodos diferentes, en Bocamina 1, donde incluso llegó a ser jefe de central.

De acuerdo al relato de sus excompañeros de trabajo, Vega sufrió de un cáncer a la pleura (o mesotelioma) que le diagnosticaron a fines de 2012, momento en que los médicos le informaron que solo le quedaban algunos meses de vida.

“El mesotelioma, que es el cáncer a la pleura, es típico de la exposición al asbesto y ningún otro componente lo produce”, explica el toxicólogo Andrei Tchernitchin.

Radio Bío Bío se contactó con uno de los hijos de Oscar Vega, pero prefirió no dar declaraciones.

Producto de estos acontecimientos y de que otros trabajadores presentaban problemas respiratorios y pulmonares, el sindicato siguió presionando para que la empresa se hiciera cargo y tomara acciones más concretas para enfrentar el tema. De ese modo, según el relato de René Ceballo, director del sindicato regional de Endesa y trabajador de Bocamina 1 desde 1978, lograron tres cosas: que la empresa tomara nuevos exámenes, esta vez más sofisticados, a los trabajadores; que estableciera una política sobre el asbesto aplicable a todas sus operaciones a nivel nacional; y el retiro del amianto desde la central Bocamina 1.

Así, entre 2013 y 2014 la empresa desarrolló un programa de vigilancia médica sobre el “agente de riesgo asbesto”, considerando todas sus centrales en el país. Los resultados parciales de este plan arrojaron que de 255 trabajadores examinados, en 32 casos (13% del total) se detectó presencia de placas pleurales.

René Ceballo detalla que de los 32 casos identificados con placas pleurales, 11 eran trabajadores activos de Bocamina 1 en ese minuto y que cerca de otros 10 habían trabajado en algún momento en la central. Ceballo también se encontraba entre esos casos, al igual que Gabriel Vidal Meyer, quien se desempeña en la planta desde 1972. Esto, a su vez, da cuenta que otras centrales de la firma tenían asbesto y podrían haber más casos de trabajadores afectados tras exponerse al mineral.

En paralelo, en septiembre de 2014 la compañía lanzó una política de control y saneamiento del asbesto, donde, entre otros aspectos, incluye medidas de control y prevención, medidas de asistencia para el trabajador y compensaciones económicas para los trabajadores afectados por la exposición al mineral.

Pese a ello, Ceballo, Vidal y Reyes precisan que la empresa estableció algunas “letras chicas” para las compensaciones económicas: solo se entregan a los trabajadores que se retiran y no a los que continúan activos. Como sea, en esta política la empresa reconoce el peligro que representó la exposición al asbesto para sus trabajadores.

Respecto al retiro del amianto desde la central, este fue aprobado por la seremi de Salud del Bío Bío y fue ejecutado a través de empresas contratistas entre agosto de 2014 y mayo de 2015, según informa la compañía. Como se ha mencionado, en esta faena se incumplieron algunos procedimientos que pusieron en riesgo la salud de los trabajadores contratistas que participaron de ella, lo que habría derivado, según dicen desde TUCA, en la muerte de uno de ellos y en las enfermedades de al menos otros 30.

Consultado sobre el peligro y las consecuencias que generó el asbesto a los trabajadores propios, Valter Moro asegura que “no porque exista asbesto en un lugar eso significa automáticamente que uno tiene un problema. Cuando existe el asbesto en forma compacta no pasa absolutamente nada”.

El ejecutivo añade que “siempre se trató el asbesto según los procedimientos que estaban vigentes. Básicamente, con una gestión correspondiente con lo que era la regla de la autoridad, que además siempre vigila sobre este tipo de cosas”.