por Fundacion FNES
Desde que los partidos políticos opositores a Pinochet asumieron en 1984 la tesis de Aylwin de aceptar la Constitución Política de 1980 (CP80), dejar de cuestionar su legitimidad y “abandonar las barricadas”, esos partidos han mantenido esa postura hasta el presente, acrecentada por su aceptación del capitalismo neoliberal.
Pero desde casi toda nuestra historia nuestros gobernantes -excluyendo a Salvador Allende-, han despreciado y dejado fuera de las grandes decisiones nacionales al pueblo, usurpando su soberanía en forma autoritaria y excluyente, con el argumento de que el pueblo no tiene las virtudes republicanas, los conocimientos, destrezas, competencias ni los saberes para ejercer el poder constituyente.
Por más de 200 años la elite económica, política y simbólica usurparon y expropiaron el poder constituyente al pueblo. Solo tuvo que mediar el miedo y el terror de los sectores dominantes y de la clase política que les provocó la insurgencia popular de octubre de 2019, para que estuvieran dispuestos a sacrificar la CP80 y aceptar un proceso deliberativo popular como forma de evitar el derrumbe de su dominación.
Eso sí, no se convocó a una Asamblea Constituyente donde la ciudadanía ejerciera de manera directa y sin intermediarios el poder constituyente, entregando un poder limitado y controlado, a través de una Convención Constitucional, en la que la ciudadanía, de manera paritaria, con la presencia de representantes de los pueblos originarios y variados sectores independientes, se encargaran de elaborar y redactar una Nueva Constitución Política (NCP) para Chile.
Luego de un año de duro trabajo -en especial de 117 convencionales, con la tenaz oposición obstruccionista, discriminadora, racista y patriarcal de la mayoría de lxs 37 convencionales de derecha-, redactaron una Nueva Constitución, para que el pueblo la Apruebe o la Rechace el 4 de septiembre.
Así, se puede poner término a 42 años de vigencia de una Constitución, impuesta a sangre y fuego por el peor dictador de la historia política de Chile y de A.L., se tendrá la posibilidad de derogarla y abrir nuevos caminos históricos para nuestra Sociedad.
Todos los errores, limitaciones, omisiones y otras falencias que pueda contener la NCP, deben ser consideradas a la luz de sus virtudes políticas, por ser ética y moralmente superior a la actual, que ha devastado tanto a la vida humana como a la naturaleza, y cuyo texto es considerado muy superior a todas la Constituciones de 1833, 1925 y 1980, porque fue elaborado por las y los representantes de los pueblos de Chile. Pueden faltar muchas cosas, pero puede considerarse como una plataforma político-institucional para luchas sociales y políticas futuras.
La historia la siguen escribiendo los pueblos en lucha. Está concluyendo una fase. Y, desde ya, se abre otra.
