El gobierno y algunos parlamentarios de oposición firmaron un protocolo de acuerdo por el reajuste del salario mínimo, por lo que la iniciativa ingresó con discusión inmediata a la comisión unida de Hacienda y Trabajo. En medio del ajetreo para sacar el proyecto cabe preguntarse, ¿cuál fue la posición de los trabajadores en el debate?
Martín Espinoza C.
Diario Universidad de Chile
Los desencuentros y discusiones en torno al reajuste del salario mínimo finalmente se zanjaron en un nuevo proyecto que se verá este miércoles en la sesión de sala de la Cámara.
El origen
Tanto los diputados como los senadores habían aprobado la propuesta de reajuste salarial del gobierno, que proponía un alza inmediata a los $286 mil, alcanzando para marzo los $300 mil. No obstante, lo que además proponía el gobierno era la plurianualidad, es decir, que el salario mínimo no volviera a votarse en un plazo de cuatro años y que se reajustara en torno al IPC más un 2% por ciento real. Esa fue la parte que rechazó el Congreso, forzando al Ejecutivo a presentar un nuevo proyecto.
Según declararon los parlamentarios opositores, la medida impulsada por el gobierno buscaba privar a los trabajadores de la negociación periódica del reajuste salarial, derecho que se encuentra en el principio de diálogo social en el Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, la Cámara resolvió la aprobación del reajuste, pero negando la plurianualidad y estableciendo un plazo de 18 meses para volver a negociar.
Sin embargo, la voluntad del Parlamento no cayó bien en La Moneda, desde donde se envió un veto sustitutivo estableciendo nuevamente la plurianualidad. El veto recibió el rechazo de la Cámara, desde donde se insistió con la propuesta original: $300 mil en 18 meses, pero para aprobarlo esta vez se necesitaban 2/3 del Congreso. Es decir, todos los votos del oficialismo y algunos de la oposición, objetivo que no logró ser cumplido.
Fue así como el gobierno llegó al fin de semana sin un reajuste del salario mínimo y contra el tiempo, pero luego de intensas jornadas llevadas entre los titulares de Hacienda, Segpres y Trabajo, y gracias a la negociación con las fuerzas opositoras de la DC, el PR y el PPD, logró salir humo blanco.
Según señaló el medio especializado Pulso, “el acuerdo tiene 3 puntos esenciales. Lo primero es que el salario mínimo pasará de los actuales $276 mil a $288 mil entre septiembre y febrero de 2019. En un principio el Ejecutivo había propuesto $286 mil, sin embargo, ya han pasado dos meses sin reajuste, por lo que el aumento de $12.000 debería paliar ese período. En segundo lugar, el periodo de reajuste plurianual, se reducirá a 24 meses (30 meses era el proyecto original y 28 meses en el veto presidencial). Y un tercer punto, es que para marzo de 2019 el salario mínimo llegará a $301 mil y en marzo de 2020 el reajuste consideraría un aumento del 2,5 por ciento real (según crecimiento económico). Si se cumplen las proyecciones del Banco Central respecto de la inflación de 3 por ciento, este último aumento llegaría al 5,5% nominal, es decir, alcanzaría los $317.555”.
El silencio de los trabajadores
“Aquí hay un gran ausente, que son los trabajadores. Por un lado, tenemos a parlamentarios que viven con dietas muy por sobre el sueldo mínimo, pero las personas que van a vivir con este sueldo se encuentran altamente desamparadas. Hemos visto como una vez más son trabajadores y trabajadoras quienes quedan fuera de este debate, esperando ser representados por el parlamento, que al final del día ha estado acercándose a posiciones con el gobierno. Debiese haber alguna organización que sea representativa de los trabajadores en el debate. La mayoría de estas organizaciones se encuentran con fuertes problemas de legitimidad y con fuerte distanciamiento del mundo de los trabajadores. Hoy es muy difícil encontrar en la cifra del sueldo mínimo algún tipo de relación con las necesidades que podría enfrentar un hogar cotidianamente”, señala el investigador de la Fundación SOL Recaredo Gálvez.
Y lo que señala es bastante apegado a la realidad. El diálogo para sacar adelante la propuesta de reajuste se llevó entre las oficinas del Congreso y las de los ministerios involucrados. La participación de las organizaciones de trabajadores fue prácticamente nula, sobre todo cuando la única que fue considerada como una parte dialogante (sin mayor incidencia) es la CUT, la multigremial que vive momentos de conflictividad interna y de legitimidad que arrastra ya por más de un año.
Es precisamente este último punto el que inquieta a otras organizaciones multigremiales. La Central Autónoma de Trabajadores (CAT) es una de ellas. A pesar de sus intentos, no lograron ningún espacio de diálogo ni con el Ejecutivo ni con el Congreso, y son críticos de la posición que ocupa la CUT en la negociación. Así lo señala Óscar Olivos, el presidente de la CAT: “Aquí hubo un sectarismo espantoso de parte del gobierno. Solo se reunieron con la CUT y a las demás no las toma en cuenta. ¿Qué podemos opinar si solicitamos participar y no se nos considera? La responsabilidad recae en el gobierno y en la CUT. Creo que la negociación debiera ser de los trabajadores. El salario mínimo ni siquiera permite tener un salario que sea digno para vivir. Es un desastre. Nadie vive con él. Eso ha sido avalado por el gobierno y por la central que participó de las negociaciones. Hicimos todos los esfuerzos para ser partícipes de las negociaciones, pero el gobierno no permitió negociar con nadie más que no fuera la CUT”.
Fue la misma Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la que se acercó este lunes al Palacio de La Moneda para solicitarle al Ejecutivo que se hiciera cargo de los dos meses de retraso con los que salió el proyecto. Hace algunos días la dirigenta de la multigremial ya había declarado a La Tercera que, según su perspectiva, “lo más saludable es que el Congreso ingrese una propuesta que resguarde lo que ya está aprobado que es el monto del reajuste hasta marzo de 2019”.
Nolberto Díaz, secretario general de la multigremial, acusa que la ausencia de la voz de los trabajadores se debe principalmente a la falta de voluntad del gobierno para establecer un diálogo con dicha parte: “El acuerdo es insuficiente, pero estamos en una situación límite. El gobierno con su tozudez ha llevado a los trabajadores durante dos meses a no poder recibir su reajuste, por lo tanto dejamos en libertad de acción al parlamento para que hagan lo menos malo, y este acuerdo es lo menos malo. En estas últimas horas no hemos participado entre el acuerdo del Ejecutivo con el parlamento, pero rechazamos el protocolo. Hubo siete reuniones un poco inútiles en donde perdimos el tiempo. El gobierno instaló un diálogo falso, nunca quiso dialogar. Por eso este proyecto entró sin acuerdo al parlamento, y por eso valoramos que el parlamento haya rechazado dos veces la plurianualidad. Nunca hubo voluntad real de querer escuchar a los trabajadores”.
