Andrés Figueroa Cornejo
Desde este 10 de julio, en estado de alerta y movilización se encuentran las y los trabajadores del Instituto de Salud Pública del país, ISP, a causa de la nula aplicación de la carrera funcionaria y a la negativa del mejoramiento remuneracional requerido a la Dirección de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, Dipres.
Por medio de una misiva, la Dipres respondió al petitorio laboral que «no se autoriza tal mejora, debido al escenario de estrechez fiscal y que las holguras presupuestarias deben destinarse a cumplir compromisos de la institución o bien del propio ministerio de salud».
Es posible que gran parte de la población del país desconozca qué se hace al interior del edificio del Instituto de Salud Pública, ubicado en la calle Marathón 1000, en la comuna de Ñuñoa de la región metropolitana, a un costado del Estadio Nacional. Al respecto, es preciso mencionar que los trabajadores del ISP realizan el registro de todos los fármacos y vacunas que ingresan o se producen en Chile, para lo cual deben efectuarse una serie de pruebas científicas, de campo, y revisiones para llegar a ser autorizados para su consumo. De igual forma, se registran los productos cosméticos y los dispositivos médicos. A su vez, se fiscalizan las consecuencias de los fármacos y productos sanitarios en los pacientes, y es el lugar exclusivo donde se confirman las dolencias contagiosas, como el VIH; las infecciones intra-hospitalarias, como la meningitis, el virus sincicial, la influenza; y la asignación de órganos para los trasplantes (pulmón, corazón, riñón, hígado). También se tratan los análisis de los decomisos de las drogas más duras y dañinas, lo cual tiene efectos jurídico-penales; entre otras labores de alto impacto social y que son tareas restrictivas del ISP.
La presidenta de la Asociación de Profesionales del Instituto de Salud Pública, Aprus, Alejandra Arenas, explicó que «por más de 7 años hemos trabajado un protocolo que permite que mediante ahorros de la institución podemos subir de grado a los funcionarios que se encuentran en condición de ‘contrata’. Los ahorros provienen de recursos acumulados por el delta que resulta de las personas que jubilan en el grado 5 (salarios más altos) y la toma de profesionales en grado 12 (salarios más bajos), e incluso a través de las licencias médicas que podíamos recuperar. Al igual que en otras oportunidades, este 2024 contamos con un monto de recursos para que los empleados a contrata logren subir de grado, según su antigüedad en la función pública, en el ISP, y lo más importante, de acuerdo a sus competencias profesionales», y añadió que «la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Dipres, nos solicitó información respecto de dónde salen esas platas para nuestra solicitud de movilidad en los grados sin que el Estado tenga que invertir un peso en nosotros. No obstante, el martes 9 de julio recién pasado nos contestaron que no había recursos para nuestra demanda».
– ¿Y qué justificación dio la Dipres?
«Que el actual sistema tiene muchas restricciones y todos los dineros extra que generen las diversas instituciones se van directamente al erario nacional. El problema es que el Decreto con Fuerza de Ley, DFL, que regula el aumento de la planta de funcionarios contratados indefinidamente no opera desde hace 20 años. O sea, ningún gobierno ha tenido la voluntad de actualizar y aplicar los DFL conforme a lo que hemos crecido, a nuestro rol y aporte al país desde una perspectiva profesional, técnica y administrativa. La ley dice que en las entidades del Estado el 80 % del personal debe ser de planta y el 20 % a contrata. ¡Pero en el ISP el 10 % son trabajadores de planta y un 90 % a contrata! Por ello, nosotros, los empleados del ISP, comenzamos a crear modalidades para subir de grado a la gente a contrata, porque los funcionarios de planta cuentan con carrera funcionaria y la inmensa mayoría, no.»
– ¿Qué efectos tiene que, debido a la falta de recursos, en vez de que se contraten a profesionales y técnicos correspondientes al grado 5, se tome a personal de grado 12?
«Que los profesionales mejor calificados no postulan al ISP, sino que se van a la empresa privada, y se deben contratar personas a las que la institución debe formar. Y el riesgo es que, efectivamente, a esos trabajadores que cobran ‘más barato’, el Estado los forma de manera óptima a través de una importante inversión, y luego se van del organismo público.»
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Funcionarios del ISP, ente que hace parte de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales de Chile, Anef, Alma Belmar, precisó que «las tres organizaciones que existen en el ISP (Aprus, Afisp-Anef y Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, Fenats), estamos juntas en esta movimiento que lucha por la movilidad de grados y los mejoramientos salariales negados por la Dipres. La verdad, esta semana la Dipres se ocupó de enviar negativas a la Seremi, la Subsecretaría de Salud y otras dependencias».
– ¿Es la función tradicional de la Dipres?
«Antes era una dirección de presupuestos que veía la correcta direccionalidad y ejecución de los recursos, pero ahora es capaz de negarnos los requerimientos incluso al ISP, una institución de 900 funcionarios, que tiene sus metas al día, y que en el ejercicio 2023 generamos ingresos propios equivalentes a alrededor de 10 mil millones pesos que se van directo al Fisco, toda vez que sólo estamos solicitando 200 millones de pesos para reinvertir en la mejora de las remuneraciones de los empleados. El ISP es un ente autónomo que produce ingresos, no que los gasta.»
Belmar detalló que todo el valor, productos y servicios que crea y vende el ISP, «van al Estado, mientras que a nosotros nos dan un marco presupuestario muy limitado.»
– ¿Y por qué las negativas, entonces?
«No sé si será una cosa política. El Estado completo está sobregirado, no sólo el área de salud. Por eso el Gobierno habla de austeridad, de limitar los gastos.»
Alma Belmar anticipó que la próxima semana, «la ministra de salud tendrá una reunión con la directora de presupuesto con el propósito de analizar toda la cartera sanitaria. Y en esa cita, la actual directora del ISP, que lleva apenas un mes en el cargo, también participará para hacer causa común con nuestras demandas. Si les va bien, nosotros, como funcionarios, volveremos a ingresar la solicitud para obtener la movilidad de grado, la autorización para cambios de estamentos, dedicación exclusiva a la mayoría de los profesionales, un bono de alimentación, etc.».
– Pareciera que este ajuste tan duro en el sector salud tuviera su origen en el fracaso de la reforma tributaria del Gobierno, es decir en la debacle de aquella reforma que, mediante un impuesto progresivo a las grandes fortunas, estaba pensada para financiar las carteras sociales. Y, en consecuencia, en parte, el impuesto lo terminarían pagando los trabajadores del Estado en este caso…
«Parece que así fuera.»
* La imagen fue facilitada por las dirigentes gremiales y es de libre disposición
