Una catástrofe que nos revela también la forma en que los inescrupulosos políticos intentan lucrar hasta con el dolor de las víctimas. En el más bochornoso de los casos, hemos observado al propio expresidente Piñera en tenida de “campaña electoral” para fustigar a La Moneda,  tratando de disimular las acusaciones que pesan sobre él y lo debieran tener formalizado en la Justicia, en su irrefrenable voracidad por acumular riqueza y acomodarse en la nómina de los magnates mundiales. Aprovechándose, como se presume en este caso, de la información privilegiada que tuvo mientras ejerció como gobernante y poniendo de manifiesto que nunca fue real aquel fideicomiso “ciego” que anunció antes de asumir la Presidencia.

Sobornos a la política y colusiones empresariales, en tanto, que no dejan de impactar en la opinión pública con los casos Penta, Caval, Soquimich y tantos otros que se ventilan en las mediáticas fiscalías y ahora les ofrecen a sus autores escabullirse de las sanciones que se merecen. Gracias, siempre, a las triquiñuelas de los juicios abreviados, recursos como aquel de la “irreprochable“ conducta anterior y otros dislates de nuestro sistema penal que una y otra vez se reitera mucho más estricto con los delincuentes comunes que con los de “cuello y corbata”. Procesos que se extienden infinitamente y que explican la muerte impune de Hugo Bravo, importante ejecutor y testigo de uno de los casos de corrupción y soborno más bullados.

La época estival está culminando ahora con una nueva ley destinada a favorecer a las grandes tiendas mediante el cobro por sus estacionamientos a sus propios consumidores, para colmo con un abusivo reajuste de tarifas detectado por el Servicio Nacional del Consumidor. Mientras parece imponerse, ya, la indemnización consentida por las papeleras que por más de diez años abultaron ilegalmente los precios de sus productos; una cifra que parece muy alta (siete mil pesos para todos los mayores de 18 años) que, sin embargo, es mínima si se la compara con las enormes utilidades obtenidas con la venta del papel higiénico.

Toda una inmensa colusión minera, política y de los grandes medios de comunicación  para endilgarles a los trabajadores en huelga de La Escondida la responsabilidad de llevar a nuestra economía a una situación de “recesión técnica”, como la llaman. Algo muy curioso cuando la huelga lo que ha provocado es un aumento en el valor internacional del cobre, y lo que arriesgaría supuestamente perder esta empresa con dicha paralización es menos de todo lo que necesitaría para satisfacer la demanda de sus trabajadores. Con lo que se sospecha, lógicamente, el interés de esta transnacional y de todas las otras (en supuesta colusión con el ministro de Hacienda)  de hacer fracasar esta paralización de faenas, a fin de evitar que la huelga pueda extenderse a las demás cupríferas como al conjunto de las empresas del país.

También hemos tenido un verano en que las AFP y las isapres han gastado ingentes recursos publicitarios para desacreditar las movilizaciones sociales que denuncian sus abusos y hasta la entrega de información falsa al país y a las superintendencias que debieran regular su actividad. Tal como se acusa, precisamente, en el caso de Masvida.  Entidades verdaderamente aterradas, ahora, por la protesta social que sin duda se encenderá a partir de marzo, en manifestaciones y protestas de diversa índole. Porque todo indica que en un año electoral como éste, el pueblo tiene una gran oportunidad de ejercer su malestar con la política y el cruel e inicuo modelo económico concebido por el régimen de Pinochet y consagrado por los gobiernos de nuestra larga posdictadura.

En efecto, los meses que vienen le dan al país la oportunidad de ejercer con fuerza una resistencia pacífica, una desobediencia civil,  destinada a remecer las bases de la injusticia institucionalizada y hacer imposible los abusos que afectan a nuestra población. Una justa rebelión que  ganaría fuerza y solvencia moral cuando se comprueba el alto e irrevocable desprestigio de los gobernantes y de instituciones del Estado como el Parlamento, los partidos políticos, los organismos contralores y los mismos tribunales. Una “funa” (como se dice) a gran escala contra los recaudadores de los cobros abusivos de la locomoción colectiva; un franco boicot a la impudicia de aquellos políticos corruptos que se aprestan nuevamente a solicitar nuestro sufragio. Por cierto que también paros, tomas y otras múltiples formas de presión que le signifiquen abortar las pretensiones de los comerciantes especuladores, como especialmente a la gran clase patronal que se burla de los derechos sindicales mediante el cohecho que ejercen y seguirán ejerciendo en los legisladores.

En buenas cuentas, una movilización que se manifieste en imaginación y contundentes acciones, como aquellas que fueron tan eficaces en el pasado para enfrentar a la Dictadura. Por supuesto avaladas, entonces, por quienes hoy desde La Moneda y el Parlamento se empeñan en reprimir el descontento, militarizar la Araucanía y hasta mantener vigente y en operación la Ley Antiterrorista que tanto criticaron. Una protesta social que también encuentra sustento y legitimidad en ese sesenta por ciento de ciudadanos renuentes a avalar con su voto el orden injusto y la codicia de quienes se proclaman como nuestros representantes. Que se niega a los cantos de sirena de los partidos que deben ahora refichar a sus militantes, y les propina continuos tapabocas a aquellos políticos demostrados como ineptos e improbos, pero que insisten en volver al Gobierno o mantenerse como parásitos de la administración pública.

Una movilización social que desprecie definitivamente a los viejos y revenidos referentes políticos y gremiales, que descubra a sus potenciales y genuinos líderes. Que evite también, por supuesto,  someterse a la intermediación de aquellas expresiones políticas reiteradas en el mismo estigma del sectarismo o el caudillismo, y que todavía pueblan una “izquierda” arrogante, ensimismada e insensible al drama popular. Jóvenes dirigentes y referentes que toleran con su silencio y pasividad,  incluso, que los mismos que alentaron el derrumbe de la institucionalidad republicana chilena se arroguen hoy el título de demócratas. Así sea participando de operaciones internacionales siniestras para desestabilizar a Cuba y otras naciones, mientras enmudecen frente a las pretensiones de un Trump se cerrar sus fronteras y expulsar de los Estados Unidos a más de 12 millones de inmigrantes. Entre otras de sus terroríficas promesas que ya están en ejecución.

Una cantidad de desvergüenzas muy bien aceitadas por el poder económico de las grandes empresas transnacionales, como justificados por aquellos vanidosos columnistas de El Mercurio y otros medios cooptados totalmente por el neoliberalismo, aunque se empeñen en ser reconocidos como “liberales”. Que tienen la pretensión, incluso, de hacer pasar a golpistas y defensores del Régimen Militar como líderes morales y republicanos, por lo que seguramente van a terminar reconociéndole a Pinochet, más temprano que tarde, su aporte a la reconstrucción nacional. Cuando ya empiezan a calificar los crímenes de la dictadura como simples “excesos” y hacen lo posible por borrar de nuestra memoria nacional lo que aconteció gracias a que los propios políticos de antaño (no lo olvidemos) alentaron y después justificaron el Golpe Militar.