OLCA
Mientras Macri destacaba la actividad minera como motor del desarrollo en Catamarca, una de las provincias más empobrecidas del país, la Superintendencia del Medio Ambiente de Chile decidía la clausura total y definitiva de Pascua Lama. Este proyecto argentino-chileno para extraer oro y plata a pocos kilómetros de la mina Veladero, en San Juan, tuvo mucho que ver con la sanción de nuestra Ley de Glaciares, que el gobierno actual insiste en modificar. Algunas postales de la historia que vale recordar.
Escribe Silvia Ferreyra*
“Durante más de 17 años la comunidad del Valle del Huasco le insistió al mundo que el proyecto binacional Pascua Lama era un despropósito, era inviable; contra los estudios, estadísticas y lobby a todo nivel de la entonces mayor minera de oro del planeta. Hoy la autoridad lo reconoce y se clausura definitivamente la faena minera que nunca debió haber sido aprobado e iniciada su construcción”. El comunicado del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, que acompaña desde el primer momento a las comunidades denunciantes, habla de la lucha desigual llevada adelante para lograr este resultado.
La máxima autoridad ambiental de Chile, el Superintendente del Medio Ambiente Cristián Franz, señaló que “dada la naturaleza y envergadura de las infracciones cometidas por la empresa, y luego de un proceso altamente complejo, tanto desde el punto de vista técnico como jurídico, y en el cual se garantizó en todo momento los derechos de todas las partes intervinientes, se ha llegado a la convicción de que la clausura total y definitiva más la imposición de una multa en dinero, es la sanción más adecuada y proporcional en este caso”.
La empresa sin embargo insiste en la continuidad del proyecto. Tras la decisión del gobierno, el director ejecutivo de Barrick Chile, René Muga, además de destacar que esperaban una multa mayor a los u$s 11,5 millones finalmente dispuestos por la autoridad, afirmó que la sanción impuesta “se refiere a eventos del pasado y que actualmente, Pascua Lama está enfocada con una perspectiva de sustentabilidad”, adjudicando el cambio a una“respuesta a las inquietudes expresadas por las comunidades” por la que “la compañía está realizando estudios de optimización del proyecto para evaluar un posible desarrollo subterráneo que reduzca sus impactos ambientales y sociales”.
Lucio Cuenca, dirigente de OLCA, detalla el largo peregrinar para lograr que finalmente se haga justicia: “El expediente del caso es grueso y da cuenta de más de 30 infracciones a las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) de un proyecto que por las mismas irregularidades, quedó a medio construir desde comienzos de 2013, y está paralizado por medidas cautelares de la autoridad fiscalizadora que fueron confirmadas por los tribunales, sin poder terminar la construcción para entrar en operación. La empresa ha buscado mañosamente minimizar las faltas, que en la mayoría de los casos fueron relevadas por la comunidad, no por el Estado, pues en Chile opera el auto-control de las empresas, por lo tanto la fiscalización es indirecta y estatalmente deficitaria. Sin embargo, las presiones de una minera sobre gobiernos extractivistas, rinden fruto: por ejemplo, logró que se acumularan los dos procesos de sanción en curso (A 002-2013 y D 011 – 2015), por eso cuestiones que ocurrieron hace más de cuatro años están siendo vistas con otras que ocurrieron en fechas posteriores a 2013, esto impide que un proceso constituya precedente del otro, evitando que la reincidencia agrave las faltas que se han seguido produciendo, sobre todo en lo referido a la contaminación de las aguas y el daño irremediable a los glaciares. Sobre este mismo punto, a mediados de 2016, Barrick logró que se modificara la RCA del proyecto cambiando el sistema de monitoreo de las Aguas, fijando una nueva línea base de éstas, con parámetros de concentración de metales pesados más altos que lo que tenía el río antes de la llegada de la minera al Valle del Huasco, por lo tanto eximiendo de responsabilidad a la empresa de la contaminación que ha traído consigo y estableciendo que ésta es un fenómeno natural”.
En Argentina conocemos muy bien el “modus operandis” de Barrick desde mucho antes que los tres derrames recientes en la mina Veladero, en San Juan. Desde la propia sanción del Tratado Minero Argentino-Chileno en ambos países a fines de los años noventa –actualmente vigente – la minera no escatimó esfuerzos para lograr con Pascua Lama su propio “Tercer País” en el medio de la cordillera. En el libro “El país virtual. El lado oscuro del tratado minero chileno-argentino”, su autor Julián Alcayaga Olivares, asesor del titular de la comisión de minería de la cámara alta chilena en aquél momento, el senador Jorge Lavandero, describe cómo en una cena con su jefe, el propio abogado de Barrick José Antonio Urrutia destacó que la empresa “no sólo había sostenido desde hacía varios años, un diálogo con las más altas instancias administrativas y políticas de Chile y Argentina para viabilizar su proyecto, sino que además había redactado el Tratado Minero [sic]”.
Apenas inició la construcción de la mina, las comunidades del Valle del Huasco, agricultoras en su mayoría, alertaron sobre el peligro que significaba para su principal fuente de agua: los glaciares. La denuncia se extendió hacia este lado de la cordillera, y hubo una incipiente coordinación entre distintos sectores de ambos países para detener el proyecto y dar a conocer los riesgos del Tratado. Una de las estrategias fue elaborar proyectos de leyes de protección de glaciares para presentar en ambos países. En el caso de Argentina fue presentado por la entonces diputada Marta Maffei, aprobado el 22 de Octubre de 2008, y vetado días después por Cristina Fernandez, con poca sutileza en sus fundamentos: “Gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su preocupación con lo dispuesto por la norma sancionada, toda vez que repercutiría negativamente en el desarrollo económico y en las inversiones que se llevan a cabo en dichas provincias”.
Miguel Bonasso, presidente en aquél entonces de la comisión de ambiente de la Cámara de Diputados, presentó en diciembre de 2008 un nuevo proyecto con el mismo texto de Maffei para su nueva sanción; mientras la Secretaría de Ambiente y el titular de la comisión de ambiente del Senado, el senador Daniel Filmus, convocaban a los gobernadores de las provincias cordilleranas para redactar una nueva ley. Filmus presentó su proyecto en agosto del 2009, con un marco de protección más estrecho que el texto vetado, logrando media sanción en Senado en octubre de ese año. Ambos proyectos se enfrentaron en Diputados.
La ley de protección de glaciares y los fundamentos del “Veto Barrick” empezaron a difundirse a lo largo del país, principalmente en las provincias donde fruto de la movilización ya se habían establecido restricciones a la actividad minera o existía un rechazo a nuevos emprendimientos. Muchas organizaciones aprendimos qué era el ambiente glaciar y periglaciar, para qué servían, porqué era importante su preservación, qué intereses había tras el veto, quién era la Barrick Gold, hasta dónde la megaminería nos beneficiaba como país. Se abrió un debate importante en la sociedad que por suerte perdura hasta estos días.
Tal es así que el proyecto de Bonasso obtuvo mayoría en reunión conjunta de minería y ambiente en Diputados, en mayo de 2010. Un mes después, la presidenta se entrevistó en Canadá con Peter Munk, titular de Barrick, en el marco de una reunión del G-20; varios gobernadores participaron del convite: Beder Herrera (La Rioja), José Luis Gioja (San Juan), Juan Manuel Urtubey (Salta). A la vuelta del viaje –oh, casualidad- varias provincias presentaron leyes de glaciares provinciales de expresa desprotección, que fueron sancionadas todas en trámite “express”, antes de la aprobación de la nacional. Finalmente Filmus resolvió unificar su proyecto con el de Bonasso, con modificaciones “positivas”, logrando la aprobación definitiva el 29 de septiembre de 2010 en el Senado, luego de varias idas y vueltas para su tratamiento en ambas cámaras, con prácticamente todo el radicalismo y la coalición cívica votando a favor y la mayoría del Frente para la Victoria votando en contra.
Vale recordar toda esta cronología un tanto tediosa, ya que desde hace unos meses el gobierno insiste con modificar la Ley de Glaciares, en el marco de ampliar y consolidar las ventajas que viene otorgando al sector minero. Al mismo tiempo que la justicia argentina de la mano del juez Casanello procesa a ex funcionarios por el incumplimiento de la ley en la mina Veladero, en San Juan, y el gobierno chileno –sin contar con ley protectora- dispone la clausura del proyecto más añorado por Barrick, entre otras causas, por afectar esta importante fuente de agua dulce.
No le va a ser fácil al gobierno avanzar con una medida que divide incluso a su propia base de apoyo, tal como vienen demostrando sectores del radicalismo y de la coalición cívica en algunas provincias. Es difícil que “Cambiemos” el modelo de país, sin mirar atrás y discutir de cara a la sociedad, entre otras cosas, qué minería queremos, de qué manera y en beneficio de quiénes.
http://www.sma.gob.cl/index.php/noticias/comunicados/911-sma-sanciona-a-pascua-lama-2018
http://olca.cl/articulo/nota.php?id=107114
http://radio.uchile.cl/2018/01/11/pascua-lama-y-el-afan-de-borrar-los-limites/
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/145000-149999/146980/norma.htm
http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/2200.09/S/PL
*Silvia Ferreyra , Coordinadora del Área de Ambiente del ISEPCi.
