Retrospectiva 2019
Estancamiento económico y retirada de derechos
Lu Sudré
Brasil de Fato, 25-12-2019
https://www.brasildefato.com.br/
Traducción de Pilar Troya
El primer año del gobierno Bolsonaro llega a su fin con la promesa de recuperación económica no cumplida. La previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país inició el año en 2,6% y, después de ser rebajada diversas veces, llegó a diciembre a 1,1%.
La informalidad y el alto nivel de desempleo también componen el retrato de Brasil en 2019. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), más de 12,5 millones de brasileños están sin trabajo. Además de la escasa oferta de empleo, las condiciones de los puestos de trabajo ofrecidos están lejos de lo ideal. En octubre, por ejemplo, la tasa de informalidad entre trabajadores ocupados llegó a 41%.
Sin perspectivas
Daniel Alexandre da Silva, de 54 años, vive en São Paulo (SP) y es uno de los miles de brasileños que sobreviven por medio de los famosos “bicos”, como son llamados los empleos informales en Brasil.
“Un día trabajo panfleteando, otro día voy a la región central para vender algunas cosas. Lo que aparezca, voy haciendo. Hago lo que puedo, desabafa.
Sin alternativas, Daniel se coloca a la disposición para cualquier tipo de servicio, independientemente de las condiciones. El trabajaba como auxiliar de limpieza tercerizado en un gran hospital de la capital paulista, pero está desempleado desde enero de 2017. Hoy alterna entre el trabajo de panfletear, guardia de seguridad, entregador, ambulante y todo lo que aparezca.
“Cuando el patrón paga por día, todo bien. Cuando pagan por semana, nos quedamos sin dinero. Ellos dan solo una comida, el resto nos toca a nosotros”, cuenta.
Desaliento
De acuerdo con estudio del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) divulgado en junio de este año, así como Daniel, 3,3 millones de brasileños estaban sin empleo desde hace más de 2 años. El número de personas en esta condición aumentó 42,4% en los últimos cuatro años. Con Bolsonaro en la Presidencia, el número de subempleados también batió record y llegó a 7,3 millones, mientras los desalentados (personas que desistieron de buscar empleo) suman 4,8 millones.
Las propuestas de Paulo Guedes al frente del Ministerio de Economía siguieron estrictamente el manual neoliberal y no revertieron ese escenario.
Reforma de las Pensiones
Las negociaciones y acuerdos relacionados a la aprobación de un nuevo modelo de jubilación, propuesta emblemática de Guedes, monopolizaron la agenda económica del gobierno el primer semestre.
Vendida como la medida más urgente para que Brasil recaudara, volviera a crecer y pudiera generar empleos, los cambios aprobados dificultaron aún más la jubilación para la mayor parte de la población. Millones de brasileños salieron a las calles, hicieron una huelga general y consiguieron reducir parte del desmonte: el modelo de capitalización individual no fue aprobado, ni el fin del Beneficio de Prestación Continua (BPC).
El nuevo modelo estableció una edad mínima de jubilación de 65 años para los hombres y 62 años para las mujeres, con tiempo mínimo de contribución de 20 años y 15 años, respectivamente.
La reforma también acabó con la regla de la jubilación por edad, que exigía 15 años de contribución y edad mínima de 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres. Después de meses de vaivenes y varias alteraciones en el texto, la reforma fue promulgada en noviembre por el Congreso.
En el análisis del economista Marcio Pochmann, los 1.000 millones de reales que el gobierno pretende “recaudar” en diez años será retirado del ingreso de los trabajadores – constituido en buena parte por los beneficios de la jubilación.
Con ingresos reducidos, el poder de compra y consumo de la población queda comprometido, impactando el flujo de la economía y su crecimiento.
“Considerando que hoy tenemos un cuadro de amplio desempleo y de ocupaciones con salarios muy bajos, podemos concluir que el ingreso de las familias, que es prácticamente 2/3 del PIB nacional, principal componente de dinamismo de la economía será más frágil de lo que ya es”, explica Pochmann.
Medida paliativa
En julio, Bolsonaro anunció que iba a liberar retiros de cuentas activas e inactivas del Fondo de Garantía de Tiempo de Servicio (FGTS) para impulsar el consumo. Días después, Onyx Lorenzoni (DEM), ministro de la Casa Civil, informó que el límite de retiros sería de, como máximo, R$ 500 [US$ 122] por cuenta.
Economistas alertaron que la misma política fue adoptada por Michel Temer en el gobierno anterior, sin presentar resultados satisfactorios.
En entrevista con Brasil de Fato, Rita Serrano, consejera de la Caixa Económica Federal, afirmó que, en un contexto en el cual más de la mitad de las familias brasileñas están endeudadas, los retiros no necesariamente serían revertidos en consumo.
Además, según ella, vaciar el FGTS también es perjudicar las inversiones sociales. “Todo el saneamiento básico, la habitación, la infraestructura y la movilidad tienen inversión del FGTS. El gobierno está dilapidando recursos de los trabajadores con esa medida populista”, resaltó Serrano.
Soberanía en riesgo
Fruto del alineamiento geopolítico del presidente con el gobierno Donald Trump, la Cámara aprobó en octubre la entrega de la Base de Alcántara (en el estado de Maranhão) a los Estados Unidos.
El texto del acuerdo interfiere en la soberanía nacional y trae varias restricciones a Brasil – entre ellas, la prohibición de que el país lance sus propios satélites desde esa base y la de usar el dinero del alquiler para compra, investigación o producción de cohetes de longo alcance.
Para Flávio Rocha, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de ABC (UFABC), Brasil entregó el lugar más estratégico del mundo para el lanzamiento de satélites.
“El mayor riesgo que veo en eso es una pérdida de autonomía política e ideológica del país para desarrollar una serie de tecnologías que serían de interés nacional. Son tecnologías que nos permitirían escoger socios estratégicos, socios para desarrollar toda una gama de ciencia y tecnología, que podrían colocar a Brasil en un nivel distinto del que está hoy en la comunidad científica mundial”, analiza.
País a la venta
En junio, Paulo Guedes se vanaglorió de los acuerdos entre diplomáticos de países vinculados a la Unión Europea y al Mercosur, que llevaron la firma de un acuerdo de libre comercio después de 20 años de negociación.
El pacto firmado entre los dos bloques exige ratificación por todos los países-miembros, lo que aún no sucedió. Las primeras negociaciones fueron cerradas con rapidez por privilegiar otros países en detrimento de Brasil y de su bloque económico.
Más allá de ese acuerdo, Guedes siempre dejó clara su intención de privatizar todas las estatales, incluso aunque pasaran a ser controladas por extranjeros – es el caso de Embraer, comprada por la estadounidense Boeing. La estrategia denominada por el gobierno como “Plano de Desestatización” avanzó al final de agosto, cuando Bolsonaro anunció la privatización de 17 empresas públicas.
Entre ellas están la Eletrobras, mayor empresa en el segmento energético; los Correos, que emplean 105 mil funcionarios en todos los municipios del país; y la Casa de la Moneda, responsable por la impresión de todo el dinero físico que circula en territorio nacional.
Con ganancias líquidas de R$ 25.000 millones (US$ 6.100 millones) en 2018, la Petrobras no quedó fuera de las ofensivas neoliberales en el primer año de gobierno. Bajo el alegato de que los “monopolios” de la petrolífera habrían atrasado la explotación y producción de petróleo en el país, Guedes afirmó que una posible venta de la empresa será evaluada “más adelante”.
A comienzos de noviembre, el gobierno y sus principales portavoces anunciaron que Brasil realizaría la mayor licitación de petróleo y gas de la historia. La expectativa era recaudar R$ 106.000 millones (US$ 26.000 millones) con la venta del excedente de la «cesión onerosa» del presal.
La “megalicitación”, propagandeada por Bolsonaro, recaudó apenas 2/3 del valor previsto y, para frustración del gobierno, la propia Petrobras remató mitad de las áreas.
El camino de la privatización también se abrió en el área del saneamiento básico por la gestión Bolsonaro. Después de meses de embates y críticas, la Cámara de Diputados aprobó, la segunda semana de noviembre, el texto base del Proyecto de Ley (PL) 4162/19.
El proyecto, que pasa a evaluación del Senado, acaba con los llamados “contratos de programa”, firmados entre municipios y compañías estaduales de saneamiento para la provisión de servicios en el área sin necesidad de licitación. Con eso, la medida abre espacio a la entrada del sector privado en el ramo.
El 3 de diciembre, Bolsonaro incluyó los tres parques nacionales más visitados de Brasil en la lista de privatizaciones del Programa de Asociaciones de Inversión (PPI por sus siglas en portugués). Sin presentar justificaciones, el presidente autorizó la desestatización del Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, en Maranhão, del Parque Nacional de Jericoacoara, en Ceará, y del Parque Nacional de Iguaçu, en Paraná, donde están las cataratas de Iguaçu.
Retirada de derechos
En noviembre, la gestión de Bolsonaro también editó la Medida Provisoria (MP) 905, que ataca directamente a los trabajadores brasileños. Considerada una “nueva reforma laboral” por la oposición, la MP altera más de 86 ítems de la Consolidación de Leyes Laborales y tiene como punto central la creación de una nueva modalidad de contratación: la Libreta Verde Amarilla.
Entre las alteraciones, están previstos el aumento de la jornada de trabajo, el debilitamiento de mecanismos de fiscalización y castigo a las infracciones, el debilitamiento de acciones de salud y seguridad y la reducción de la acción sindical.
En la práctica, la medida también libera el trabajo en domingos y feriados, permitiendo que no se pague la hora doblada. Además de eso, con la MP, los accidentes sufridos por trabajadores en el trayecto de ida o vuelta del lugar de trabajo no se consideran más accidentes de trabajo.
Otra reforma
En el último trimestre del año, Paulo Guedes también ensayó la presentación de una reforma administrativa que, según el, “revolucionará la máquina pública”. La justificación oficial busca la reducción de los “gastos públicos”.
De acuerdo con lo ya presentado por el equipo económico, la idea es proponer medidas que disminuyan el número de carreras, reduzcan los salarios iniciales del servicio público y acaben con la garantía de estabilidad para nuevos contratados.
La propuesta además pretende extinguir el ascenso automático en la función pública y pasa a promover a los servidores por mérito. Después de semanas demorando la presentación de la propuesta, el ministro de Economía afirmó que la presentación del proyecto queda para comienzos de 2020.
