Raphael Sanz, Redacción
Correio da Cidadania, 11-10-2016
http://correiocidadania.com.br/
Traducción de Ernesto Herrera – Correspondencia de Prensa
El último día 2 de octubre, hicieron 24 años de la Masacre de Carandiru. Por entonces, cifras oficiales daban cuenta que una acción de la Policía Militar (PM) en la Casa de Detención, buscando contener una rebelión, había dejado 111 internos muertos. Hay controversias en cuanto a los números. José Aguiar, sobreviviente de Carandiru, declaró el 2 de octubre de 2015, durante la manifestación que recordó entonces los 23 años de la masacre: “estamos cansados de saber que fueron más de 300 personas”.
El día de la masacre, José Aguiar era uno de los presos que estaban “marcados” (para morir), según afirma él mismo. Antes, pasaba sus días en Carandiru ocupando dos funciones: En una de ellas trabajaba en el escritorio jurídico de la cárcel ayudando a revisar procesos – vale recordar que buena cantidad de los muertos no había siquiera sido juzgada o condenada. Esa era su rutina durante la semana. En los fines de semana él era árbitro de la FIFA, la Federación Interna de Fútbol Amateur, “creada por el hijo de puta Waldemar Carabina”, como explica José Aguiar, que sobrevivió por haberse escondido en un armario.
Aguiar estuvo en Carandiru entre 1982 y 1996, cuatro años después de la masacre y seis años antes del cierre de la Casa de Detención, que ocurrió en 2002. Él cuenta que “en el día de la masacre los policías llegaron a Carandiru entre las 6 y 7h de la mañana. De noche, el noticiero, divulgó que había llegado a las 11h de la mañana. Todo lo que salió en la prensa fue mentiroso. Los responsables hasta fueron condecorados y ninguno fue a la cárcel, están todos impunes”, declaró hace un años, sin saber que el 27 de setiembre de 2016 los 74 policías investigados por la masacre serían absueltos en el Tribunal de Justicia de San Pablo, luego de la unanimidad en los pareceres de los jueces Ivan Sartori, Camilo Léllis y Edison Brandão, que invalidaron los cinco juzgamientos realizados entre 2013 y 2014 en los cuales un jurado popular optó por condenar a dos policías.
“Estoy con 73 años, corriendo atrás, pidiendo una reparación para que esa masacre sea esclarecida y que los responsables sean castigados. Así como yo pasé muchos años en el Carandiru ¿por qué esos tipos quedan impunes? Es lamentable que cada año la gente se reúna para denunciar a esas autoridades que nada hacen”, lamentó José Aguiar hace un año.
El Coronel Ubiratan Guimarães, comandante de la operación, fue asesinado el 10 de setiembre de 2006. El crimen, supuestamente cometido por una amante, sigue sin resolverse y él murió sin aclararle a la sociedad sobre lo ocurrido en 1992. Queda su reivindicación de la matanza a través del uso del número 111 (seguido del 14 de su partido) en la campaña que lo llevó al cargo de diputado estadual por San Pablo en 2002
Los 24 años de Carandiru
Así como en el año anterior, en 2016 también hubo una manifestación en memoria del aniversario de la Masacre de Carandiru, ahora a los 24 años. Ocurrió el jueves 6 de octubre, en San Pablo. A partir de las 14h hubo una conferencia de prensa en la Casa del Pueblo, centro de San Pablo, que presentó a los medios de comunicación datos y análisis en torno a este debate. Por vuelta de las 18h, una marcha con pocas centenas de personas partió de la Avenida Tiradentes, en frente al comando General de la PM, y marchó hasta el Tribunal de Justicia, en Praca da Sé, donde fue aprobado el pedido de archivar el caso. La marcha pasó por la Secretaría Estadual de Justicia.
“Esa decisión es una afrenta a las vidas que nosotros madres trajimos al mundo, pues ese don no lo tiene el judicial. Recibimos la absolución de los agentes del Estado como el caso más vergonzoso que haya en la Justicia brasilera. Entre diversos casos , nunca vie ninguno igual a ese en que pasaran por encima de la decisión de jurado popular. Así, pusieron también en jaque el propio jurado popular”, declaró Débora Silva, de las Madres de Mayo.
El fotógrafo Sérgio Silva estaba presente en la marcha. Él quedó ciego de un ojo después de la represión violenta de la policía el 13 de junio de 2013 durante las manifestaciones, y también comprobó en los últimos meses, como en el caso de Carandiru, la absolución de los agentes del Estado en su caso. “La policía, desde la época de su formación, sirve a la política. En ese caso específico quedó más evidente no sólo el uso político de la policía, sino también de la Justicia. Ese poder, tanto en mi caso personal como ahora en esa cuestión de Carandiru, demuestra también esa imparcialidad de lo que la gente llama democracia. Cuando el Estado participa de la acción, o sea, cuando es el agente causador de la violación de derechos, la Justicia tiene una tendencia muy fuerte a quedarse del lado del Estado, y difícilmente se queda del lado de la víctima o del ciudadano”, evaluó.
Para Sergio, un ejemplo claro esta colocación puede ser visto si comparan los casos de él y de la muerte del cineasta Santiago Andrade en Río de Janeiro: “En el caso de Santiago, fueron dos agentes de civil: tanto la víctima cuanto los agresores. En ese caso, la Justicia rápidamente actuó buscando poner una sentencia sobre los acusados y ellos están presos hasta hoy. En mi caso, yo estaba en la misma situación que Santiago: trabajando entre los manifestantes y policías. Sólo que como en mi caso fue la policía quién me golpeó, el Judiciario no actuó de la misma forma como en el caso de Santiago. Por tanto, queda claro que el Estado, cuando es acusado por ciertas acciones, usa el Judiciario como escudo”, analizó el fotógrafo.
Débora Silva ve esa característica como falta de ética y concuerda con la posición de Sérgio Silva. “La policía es muy bien preparada no hacernos lo que hace, caso contrario, con seguridad, la Justicia no cancelaría la decisión. El sospechoso es el pobre y negro de la favela. La policía de seguridad a la propiedad privada y no a la población que paga sus impuestos. La dictadura no se terminó en las periferias”, lanzó la madre que lucha por verdad y justicia.
Absolución del caso Carandiru y política de exterminio
Sobre la absolución de los 74 PMs (Policías Militares) envueltos en la Masacre de de Carandiru, Aline Passos, abogada y profesora de derecho penal, escribió para Correio da Cidadania: “Este embrollo, que puede ser tomado por mera formalidad, en tanto, es la pista para algo mucho más grave. La Masacre de Carandiru no fue la suma de 74 conductas individuales, fue una política de Estado. No hay, por tanto, mucho que se pueda esperar cuando el Estado se juzga a sí mismo. Es preciso debatir la Masacre de Carandiru como política de Estado, y no según una ontología criminal. Al final, al hacer la opción por esto último, perderemos siempre, como perdimos en esa ocasión”.
Cuando la Justicia dice que “no hubo masacre”, y sí legítima defensa e invalida la decisión previa del juzgado, da pruebas materiales para la tesis de Aline Passos. El Estado juzga y absuelve al propio Estado, Con en el subterfugio de la individualización de la conducta, lo que saca el debate del ámbito de las políticas del propio Estado que, por su vez, lleva adelante lo que el poeta Deley de Acari denominó a este periodista en 2008, como “genocidio a prestación”.
En otras palabras, se comete un Carandiru aquí, una carnicería de Osasco allí, matan a unos niños por otro lado, y todo se encuadra en “excesos individuales” de agentes que “cometieron un excesivo uso de la fuerza”. Poco se discute el papel de la policía en tanto instrumento político, como hizo el sociólogo Ruy Braga en entrevista al periodista Gabriel Brito, también en Correio da Cidadania (Ver Correspondencia de Prensa, 21-9-2016)
“De hecho, la Policía Militar tiene partido y es el partido del orden, en el caso de aquí, de San Pablo, el partido que comanda el estado, el PSDB (Partido de la Socialdemocracia Brasilera). La policía reprime duramente las manifestaciones progresistas, protagonizadas por la juventud, pacíficas, y celebra o garantiza las manifestaciones por el impeachment, contra el PT, contra Dilma y así por delante. Es una clara demostración de que la Policía Militar tiene un partido, un partido conservador, un partido anti-popular, de ataque a los pobres, a la juventud negra; es el partido de aquello que podemos llamar de atraso. Esto ocurre teniendo en consideración el uso cada vez más frecuente y trágica, de la violencia política contra las masas populares que se rebelan”, explicó Braga, usando las manifestaciones callejeras como ejemplo de ese uso político e ideológico de las fuerzas policiales, que puede ser visto con un carácter mucho más letal en la periferias de las grandes ciudades.
Guilherme Boulos, del MTST (Movimiento de los Trabajadores Sin Techo), aclara que siempre hubo ideologización del aparato represivo estadual: “La policía históricamente actúa de forma selectiva dependiendo de la clase social y sobre todo para defender el patrimonio. Lo que ha sucedido en el último período de un escalada represiva de las policías y nada más que la intensificación de algo que siempre existió y está en la naturaleza de este modelo de seguridad”, afirmó.
“Cuando tenemos una situación en que el juez y el Ministerio Público son partidarios, perdemos la ética dentro de la Justicia, y las Madres de Mayo exigen que se construya una nueva ética. Ese recado dimos al presidente del Supremo Tribunal Federal y ella misma concordó,”, declaró Débora Silva.
Ruy Braga va más allá. Explica que “la estrategia de acumulación por expoliación depende fundamentalmente de la violencia de la policía y del Estado”. En ese caso, la militarización del cotidiano de la mayoría de los brasileros es “componente inherente del propio régimen y modelo de desarrollo”. Braga concluye afirmando que esa fuerza de represión va a ser cada vez más usada para la consolidación de un determinado proyecto de sociedad, una vez que la “democracia o la democratización del país no es una alternativa para la burguesía brasilera. La alternativa única y exclusiva es la violencia vía presión popular”.
Lo reflejos de esto se pueden ver. Hablando en movimiento social, es notoria la militarización y la escalada de violencia estatal en manifestaciones y actividades de los movimientos sociales. Viendo exclusivamente lo cotidiano de las periferias, especialmente de San Pablo y Río de Janeiro, son diarios los relatos de homicidios perpetrados por las policías contra la juventud pobre. Y más allá de los relatos diarios, todavía hay un calendario de masacres . Sólo para citar algunas, en Río de Janeiro hubo la Masacre de Acari, un año antes de la Masacre de Carandiru en São Paulo. Además tuvimos la Matanza de la Candelária, de la Providencia y muchos otros episodios cariocas.
En San Pablo, una serie de matanzas que barrió las periferias de la ciudad en 2015 ganaron notoriedad, como la que segó 21 vidas en Osasco y la que victimó a 8 integrantes de la Torcida Pavilhão 9, organizada del Corinthians. Y solo para hablar de 2015. Todavía en los años 90 hubo una ola de matanzas en Diadema, en el Gran San Pablo, que también fue estampada en los medios de prensa. Y las disculpas son innumerables, incluso sin una comprobación oficial. Pelea de la torcida, crimen organizado, drogas, intercambio de tiros…Cualquier subterfugio es suficiente para no discutir las políticas de exterminio que el Estado brasilero lleva adelante o hace la vista gorda.
Pensemos en los crímenes de mayo de 2006, cuando la Policía Militar paulista cometió 564 ejecuciones en el Gran San Pablo y en la Baixada Santista en respuesta a los desencuentros con el PCC (Primer Comando de la Capital) (1), que por su parte ejecutó a cerca de 40 PMs. Fue a partir de esas más de 500 ejecuciones que nació la lucha de las Madres de Mayo.
“Cuando el sistema judicial criminaliza a las madres que quieren justicia, el muestra que no existe justicia. Ya mostramos al mundo, a través de la OEA (Organización de Estados Americanos), que la Justicia tiene la principal parte de culpa al pedir el archivo del caso en Carandiru. La madres de mayo, las madres de la cárcel y las madres de los policías son todas madres. El dolor de una madre es igual a la de otra, no tiene mayor ni es peor”, afirmó Débora Silva.
Guerra a los pobres
Lo que vemos en Brasil son datos de una guerra. No declarada, es claro, endosada por la acción -y no por el discurso- del Estado Brasilero. Según datos oficiales, en 2014 más de 3 mil pobres estuvieron “en el lugar equivocado y en la hora errada”, o lo “merecieron porque eran bandidos”. O sea, fueron muertos oficialmente por las policías brasileras. 3 mil “acciones aisladas que deben ser sancionadas con rigor”, para usar el lenguaje oficial, en un solo año. Cerca de 8 por día, según datos divulgados en la gran prensa.
Recordemos que si totalizamos los homicidios en general, desde la violencia estatal, doméstica, crímenes “comunes”, etc., en 2014 fueron casi 60 mil. En 2012, según datos de Naciones Unidas, 11% de los homicidios del mundo ocurrieron en Brasil, y los 50 mil de aquel año fueron un número menor de que en 2014. Hay índices de aumento de la violencia en el bienio 2015/2016 que todavía no están registrados. Todo eso sin tener en cuenta las desapariciones.
Encarcelamiento en masa y privatización del sistema carcelario
Para Railda Alves, de la Amparar (Asociación de Amigos y Familiares de Presos), hay un interés todavía mayor en este cuadro. Ella se refiere a las ganancias despertadas en empresas de seguridad privadas sobre la posibilidad de administrar el superpoblado sistema carcelario brasilero.
“¿Por qué quieren privatizar? Son justamente los que hacen lobby de las empresas de seguridad que quieren encarcelar todavía más personas y perjudicar todavía más la vida del pobre y del negro en la periferia. Vemos las empresas seguridad cumpliendo el papel de la policía, inclusive protagonizando escándalos en que vigilantes particulares torturan trabajadores. ¿Usted cree que sería diferente en los presidios? Van a arrestar mucha más gente, van a ganar por cabeza mucho más que hoy”, proyectó Railda.
Ella explica que su organización ampara a las familias de los presos que no tienen respaldo alguno en la sociedad. “Son humilladas en las puertas de los presidios. Pagan más de 500 reales de jumbo (cesta con alimentos y productos de higiene personal que envían los familiares presos). ¿Qué Que respaldo esas familias tienen? No saben ni la situación procesal de los hijos, maridos, compañeros y hermanos. Es una demora muy grande de la Justicia. Se encarcela mucho a pesar de haber penas alternativas. ¿Por qué no ponen en práctica las penas alternativas? ¿Por qué se llenan tanto las prisiones? Porque en Brasil la prisión da dinero”, explicó Railda Alves.
Railda correlaciona todo: superpoblación de las prisiones, encarcelamiento en masa, truculencia y uso político de los aparatos policial y judicial, masacres, carnicerías, y así por delante. Para ella, la absolución de los responsables de la Masacre de Carandiru legitima no las acciones llamadas aisladas o los supuestos excesos, sino la obligación del Estado brasilero de matar. “Es un mensaje de que el Estado mata y puede matar. Inclusive en muchos casos que yo acompañé, de niños ejecutados y el propio promotor acostumbra decir que fue en el cumplimiento del deber y de la ley que mataron a los niños. Eso es un absurdo”.
Nota de Correspondencia de Prensa
1) PCC, organización mafiosa-criminal con miles de adherentes en diversas ciudades y en las principales cárceles del país. Sus orígenes se remontan a 1993 en el Centro de Rehabilitación Penitenciaria de Taubaté (San Pablo); se constituyó para defender los derechos de la masa penitenciaria, sobre todo en las prisiones de alta seguridad. En 2001, el PCC organizó la mayor rebelión de presos en las cárceles brasileras. Su principal jefe es Marcos Willians Herbas Camacho, alias «Marcola», actualmente recluido en el penal de máxima seguridad Presidente Venceslau. Desde allí, continúa dirigiendo las actividades de su organización y mantiene un acuerdo de hecho con las autoridades del penal para ordenar y administrar el régimen interno.
