Boric, el restaurador

De cómo el régimen político avanza en su reconstitución post rebelión popular del 2019

Revista En Defensa del Marxismo EDM, Argentina

Olivia Campos

En los últimos meses la agenda política y mediática está copada por un tema: la inseguridad. Los debates se realizan en los términos que imponen interesadamente los sectores políticos patronales y su sistema de medios. Del oficialismo a la oposición el tono del debate y las soluciones apuntan en un mismo sentido: el reforzamiento del aparato represivo con más recursos y herramientas legales. De este lado, las y los trabajadores que somos víctimas del accionar de las bandas delictivas y de las políticas represivas tenemos que tomar la palabra y poner las cosas en su lugar. Porque seguridad para el pueblo trabajador es trabajo con derechos frente a la inseguridad que impone la precarización laboral; seguridad es poder acceder a una vivienda, frente a la inseguridad que implica la precariedad que nos empuja a tomar terrenos y exponernos a la violencia estatal en los desalojos; seguridad para nosotros es poder acceder al derecho a salud y la educación frente a la inseguridad que implica para nuestras familias la privatización de éstos derechos elementales.

Ningún analista o académico del régimen, y menos los representantes políticos de la burguesía, nos van a venir a contar las consecuencias que tiene la delincuencia en nuestra vida cotidiana. Sufrimos la avanzada criminal en nuestros barrios y poblaciones. Vemos cómo las bandas de criminales y traficantes acosan a nuestros jóvenes a los que ven como consumidores o mano de obra barata para cometer sus delitos; con impotencia somos testigos de cómo se toman los espacios públicos, las plazas, las canchas y estos escasos lugares para la recreación familiar pasan a ser el centro de sus operaciones; cómo atemorizan a todo aquel que no es parte de su ecosistema delictual. También sabemos que pueden desplegarse sin mayores problemas porque cuentan con la complicidad de carabineros y la PDI, que saben donde operan y les liberan la zona. Así se convierten en los dueños del barrio e imponen sus códigos mafiosos a la vida vecinal a la vista de las autoridades que supuestamente deberían velar por nuestra seguridad. Entonces nos preguntamos ¿cuál es el objetivo final del populismo punitivista que se ha tomado el debate público?

El Estado es responsable del avance de las bandas criminales porque les garantiza la impunidad que necesitan para llevar adelante sus delitos. Es decir, es parte activa de la criminalidad que sufrimos y desde esta primera conclusión es que tenemos que abordar esta crisis para avanzar en la organización que necesitamos para enfrentarla. Y, también, tener presente que no es la preocupación por nuestra seguridad la que está detrás del reforzamiento del aparato represivo, sino la tentativa de disciplinamiento luego del monumental levantamiento popular del que fuimos protagonistas en el 2019.

PDI y Carabineros, cuevas de delincuentes

Desde las usinas del poder la fórmula que nos presentan para combatir la inseguridad es la misma siempre, más pacos y con mayores facultades legales para actuar impunemente. Nos dicen que una de las instituciones más nefastas por su historial criminal es la que nos va a brindar seguridad. El “pacogate” significó un desfalco de casi 30.000 millones e involucró a decenas de pacos que, con los anteriores directores generales Gustavo González y Bruno Villalobos a la cabeza, actuaron como una verdadera banda de defraudadores del erario público. Por si esto fuera poco, nos encontramos frente a una institución con probados vínculos con lo que se denomina crimen organizado: “CIPER revisó decenas de informes del Departamento de Asuntos Internos de la institución y encontró que la infiltración del narco no es el único problema al interior de las filas uniformadas: funcionarios que colaboran con bandas de asaltantes, otros que hacen negocios con grúas y también los que modifican registros de las comisarías para reducir artificialmente la tasa de delitos violentos. Muchos de estos carabineros siguieron en sus puestos luego de que fueran detectados por los agentes de contrainteligencia…” comienza la investigación de Ciper titulada “Corrupción en Carabineros: los secretos vínculos con narcos y bandas de ladrones”que da cuenta del catálogo delictivo que involucra a los uniformados en su sociedad con bandas criminales.1

Ni hablar de la larga lista de crímenes contra el pueblo, en dictadura por supuesto, pero también una vez recuperada la democracia como lo demuestra el asesinato de Camilo Catrillanca en el 2018 y los asesinatos, traumas oculares, torturas y vejaciones durante la rebelión del 2019. Respecto de esto último, el director general de carabineros, Ricardo Yáñez, está siendo investigado por la justicia por su responsabilidad en las masivas violaciones a los derechos humanos en la acción represiva desplegada por esta institución contra las manifestaciones populares del 2019. Su formalización estaba prevista para el pasado 7 de mayo y sin embargo no ocurrió. La razón: el triple asesinato de carabineros que tuvo lugar a fines de abril en la región del Bío Bío. ¿Qué tiene que ver un hecho con el otro? Nada, pero fue utilizado por Yáñez y el gobierno para presionar a la fiscalía para que se postergue su formalización lo que le permite al director general llegar al final de su mandato sin responder ante la justicia por su accionar. Quienes se comprometieron durante la campaña en ir hasta el final en la búsqueda de justicia para las víctimas de la represión estatal, una vez en el poder terminaron considerando “demócrata” a Piñera -responsable político de las violaciones de ddhh- y sosteniendo en el cargo a quienes ejecutaron las órdenes de masacrar al pueblo trabajador que se manifestaba en las calles.

Pues bien, a los integrantes de una fuerza con estos gravísimos antecedentes, el año pasado el Congreso le otorgó la impunidad que reclamaban legislando la legítima defensa privilegiada, esto es, la presunción del uso justificado de sus armas sin los requisitos de necesidad y proporcionalidad, dejando a criterio del uniformado involucrado en los hechos si es o no legítima defensa. Hoy ya contamos con víctimas de este esquema de impunidad diseñado a favor de los pacos: David Toro de San Antonio, Nehomar Terán en Coquimbo, Maritza Pizarro en Antofagasta y dos jóvenes de 16 y 18 años, de nombres Tomás Pérez y Maximiliano Rodríguez de la población Juan Antonio Ríos.

Con la policía de investigaciones ocurre otro tanto y nos enteramos por hechos que trascienden a la prensa de casos de funcionarios de esta institución asociados a bandas de traficantes de estupefacientes, robo de autos de alta gama y tráfico de personas. Por citar a los más recientes tenemos que el 19 de octubre del 2023 el entonces inspector Camilo Pastor Cárdenas y el ahora subcomisario Cristián Acevedo Bórquez fueron detenidos como presuntos integrantes de una banda que traficaba drogas a España y el caso de una supuesta célula del Tren de Aragua que estaría dedicada a la explotación sexual de mujeres, migrantes en la mayoría de los casos, que operaba en la Plaza de Armas de Santiago de la cual serían parte Nicolás Ortega Castro y Sebastián Peredo Vera, ex funcionarios del Departamento de Policía Internacional Aeropuerto y la Brigada de Robos Oriente que, según las investigaciones, advertían sobre procedimientos policiales entregando información sensible como dónde se encontraban las víctimas que eran rescatadas de la red trasnacional que las esclavizaba.

Pero, al igual que en carabineros, la putrefacción comienza desde la propia cabeza de la institución: el ahora exdirector Sergio Muñoz fue separado del cargo recientemente tras descubrirse que pasaba información al abogado Luis Hermosilla -con aceitados vínculos con el poder político y empresarial- sobre las investigaciones a sus clientes para ponerlo en sobre aviso respecto de diligencias judiciales que se realizarían. Por cierto, por estos días fue revocada la prisión preventiva que tenía a Muñoz tras las rejas y ahora está con prisión domiciliaria, beneficio que sería negado a cualquiera de nosotros que se viera involucrado en un proceso penal. No olvidemos que el anterior director -Héctor Espinoza- al frente de la institución hasta 2021, fue formalizado y puesto en prisión preventiva por desviar para provecho personal millones de los fondos para gastos reservados.

El ejército sigue torturando y matando

El temor generalizado a ser víctima de un hecho delictivo ha sido aprovechado por partidos del régimen para volver a legitimar a las fuerzas represivas y dotarlas de mayores y mejores herramientas para que cumplan su rol de perros guardianes de los intereses de la burguesía. Y en este empeño no podía quedar afuera el ejército por lo que no tardó en aparecer el reclamo de “que el ejército salga a las calles para combatir la inseguridad”. Así, al coro estable de la derecha que pide por los militares se sumaron por el FA el alcalde de Maipú Tomás Vodanovic, la alcaldesa de Ñuñoa Emilia Ríos, por la DC la alcaldesa de Peñalolén Carolina Leitao y el gobernador de la RM Claudio Orrego y, por supuesto, la alcaldesa de Santiago Irací Hassler del PC.

Este “operativo clamor” en favor de los milicos fue bien aprovechado y reclamaron la cobertura legal a su accionar represivo y así comenzó el debate legislativo de las llamadas “reglas para el uso de la fuerza” (RUF) aplicables cuando las fuerzas armadas son requeridas para cumplir tareas de seguridad pública interior. La discusión en diputados se dio en el clima de conmoción pública por el triple asesinato de carabineros, del que aún la investigación no arroja ningún avance, y ello le permitió a la derecha traficar al debate la reinstalación de la justicia militar para que entienda en casos donde hay uniformados imputados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Es decir, quienes se espantaban por la posibilidad de lo que denunciaban como una “justicia especial” para el pueblo mapuche, ahora la reclaman para las fuerzas represivas. Que se entienda, no estamos hablando de un fuero especializado sino de que se juzguen ellos mismos por lo que queda claro que lo que buscan es impunidad lisa y llana. Finalmente la indicación fue rechazada por un voto de diferencia pero desde la derecha se anunció que la repondrán en ocasión del tratamiento del proyecto en senadores.

El escabroso episodio Putre fue otro hecho de extrema gravedad que sucedió el mismo 27 de abril en el que asesinaron a los tres carabineros en Cañete: la muerte del conscripto Franco Vargas, de 19 años, mientras se encontraba realizando una marcha de instrucción a Putre (región de Arica y Parinacota) del servicio militar en la brigada motorizada N°24 “Huamachuco” de la VI división del ejército. Franco fue víctima de vejámenes y maltratos durante el entrenamiento militar y no fue el único, actualmente más de 40 jóvenes se encuentran padeciendo un grave cuadro respiratorio, dos internados con pronóstico reservado, uno de los cuales sufrió la amputación de una mano por necrosis por congelamiento. Tras el hecho 114 conscriptos solicitaron la baja, a las cuales el ejército accedió por presión de sus madres y muchos de ellos fueron obligados a firmar un acta que expresaba que se dejaba constancia de que “jamás recibió apremios físicos, ni psicológicos, como ningún tipo de maltrato”. Que se trató de tortura no quedan dudas, los testimonios de los exconscriptos dan cuenta de que recibían comida en mal estado y agua que no era potable por lo que varios terminaron intoxicados. Asimismo no se les permitía hacer la marcha con ropa adecuada debiendo soportar temperaturas muy bajas, además de la constante degradación personal y del maltrato psicológico. En relación a Franco, dichos testimonios revelan que se encontraba muy mal, que pidió ayuda y que la respuesta de sus superiores fueron insultos y maltratos y que fue obligado a seguir marchando.

El ejército llevó a cabo un operativo de encubrimiento desde el primer momento, manteniendo silencio durante los días posteriores a la muerte de Vargas y luego brindando información falsa en relación a las circunstancias en que tuvo lugar. El comandante en jefe del ejército, el general Javier Iturriaga, terminó admitiendo que “faltó precisión” pero a estas alturas quedó claro que se trató de maniobras que buscaban encubrir lo sucedido. El Gobierno, pese a la gravedad de lo acontecido, ratifica a Iturriaga en su cargo. Con respecto a la investigación está planteado un conflicto de competencias entre la “justicia” militar y la civil. Desde el ejército y el propio Gobierno pretenden que la causa siga en manos militares: la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago y presidenta de la Corte Marcial, Jenny Book Reyes, emitió una resolución inhibitoria de competencias al Juzgado de Garantía de Arica con el propósito de que dicho tribunal se abstenga de continuar conociendo el caso. La Corte Suprema deberá resolver pero la familia de Vargas y de los demás conscriptos que fueron torturados piden que sea el fuero civil el que investigue pues dudan que quienes hicieron todo lo posible por ocultar la verdad sobre lo ocurrido puedan llevar la causa a buen puerto para que se determinen las responsabilidades, sobre todo en los altos mandos, y se haga justicia.

No es la primera vez que el ejército somete a tortura a conscriptos. Ya en democracia tenemos el antecedente de Antuco, donde 44 aspirantes murieron de hipotermia tras ser obligados a marchar en condiciones extremas. Nos preguntamos entonces ¿una fuerza con semejante historial de violaciones a los derechos humanos, que en la actualidad sigue aplicando mecanismos de tortura, va a brindarnos mayor seguridad? A quienes sacarían “a la calle” son conscriptos, es decir, jóvenes pobres que buscan enlistarse como salida laboral ante la imposibilidad de poder estudiar y cuyo “entrenamiento” se realiza a través de torturas y vejaciones.

Para pacos, ratis y milicos garantías e impunidad, para luchadores la cárcel

El pasado 7 de mayo no fue formalizado Ricardo Yáñez como responsable de violaciones a los derechos humanos durante las protestas del 2019 como estaba previsto, pero sí se dio a conocer la condena al werkén Héctor Llaitul, dirigente de la organización autonomista mapuche “Coordinadora Arauco Malleco”. La condena es a 23 años de prisión por delitos contra el orden público de la Ley de Seguridad del Estado. Esta ley tiene un carácter prominentemente político pues su finalidad es justamente reprimir conductas que tienen un objetivo político. En palabras de la abogada y académica Myrna Villegas Díaz “…Es la primera vez en todos estos años de democracia que asistimos a una condena por este delito. Se trata de una figura cuya formulación colisiona con la libertad de expresión desde que sanciona a «los que hagan la apología o propaganda de doctrinas, sistemas o métodos que propugnen el crimen o la violencia en cualquiera de sus formas, como medios para lograr cambios o reformas políticas, económicas o sociales» (art. 6 f). Es decir, a quien enaltezca, alabe, elogie o haga propaganda de tales doctrinas o métodos”.2

No solo por su contenido, sino también por la oportunidad en que fue sancionada, estamos frente a una norma que tuvo y tiene por finalidad perseguir a las manifestaciones de disidencia política. Este cuerpo legal data del año 1958, siendo promulgada por el entonces presidente Carlos Ibáñez del Campo y luego reformada por el régimen militar en 1975.La norma por la que fue condenado Llaitul fue sancionada luego de la monumental insurrección popular contra el alza del transporte en las ciudades Valparaíso, Concepción y Santiago conocida como “la batalla de Santiago” aunque los levantamientos no comenzaron en la capital ni se verificaron solo ahí como lo mencionamos. Se trata entonces de la respuesta represiva del régimen político ante la insurrección popular, que luego fue actualizada y utilizada largamente por la dictadura militar. En la democracia “en la medida de lo posible” en que vivimos hace más de 3 décadas fue utilizada para perseguir al pueblo mapuche y a manifestantes que participaron en las masivas protestas que se inician el 18 de octubre del 2019, agravando la situación procesal de quienes eran criminalizados por salir a luchar.

Inmigrantes, el chivo expiatorio

La campaña orquestada por el establishment para infundir temor generalizado nos presenta un culpable de toda culpa: la población migrante. La xenofobia ha sido una herramienta que históricamente ha utilizado la burguesía para dividir a la clase obrera y particularmente en momentos de crisis política y económica. Es decir, estamos frente a un recurso que no es nuevo y que ha sido utilizado en distintas latitudes para fines ajenos a los intereses de la clase trabajadora, generalmente en su contra.

En diferentes épocas y lugares la fórmula es siempre la misma: generar temor y señalar un culpable. En Argentina, luego de años de políticas públicas dirigidas a impulsar la llegada de inmigrantes como mano de obra del desarrollo industrial y poblar regiones, en 1902 se dicta la denominada “ley de residencia” que le permitía al Estado argentino expulsar en forma sumaria a trabajadores extranjeros que se organizaban política y sindicalmente. En su trabajo “La construcción de obreros argentinos, el diario La Nación y la Ley de Residencia”, el sociólogo y académico argentino Maximiliano Arecco escribe “…la Ley de Residencia cumplía un doble propósito. Por un lado, permitía la expulsión del país de obreros extranjeros y, por el otro, dividía las filas de los trabajadores a partir de la construcción dicotómica obreros argentinos, sanos, sumisos y buenos y obreros extranjeros, anarquistas, antipatriotas, revoltosos y enfermos”.3

En los últimos años, las expresiones políticas de ultraderecha que han surgido en Europa han instrumentalizado la inmigración para incitar al odio entre trabajadores. Los argumentos contra los contingentes de familias que llegan del Medio Oriente principalmente, huyendo de conflictos bélicos, son variados. Que sacan posibilidades laborales a nacionales; que son los responsables de los problemas de inseguridad; que traen valores oscurantistas y ponen en peligro las conquistas de mujeres y disidencias, etc. Azuzar estos legítimos temores ha sido muy útil para la derecha y le ha servido para crecer electoralmente y hacer avanzar su agenda reaccionaria.

Chile ha recibido olas migratorias en distintos momentos en las últimas décadas y se trató mayormente de personas provenientes de países vecinos como Perú, Argentina y Bolivia. La inmigración mayoritaria de los últimos 5 años en cambio proviene de Haití, Colombia y Venezuela. Según las estimaciones oficiales, de 1.300.005 inmigrantes en el 2018, pasamos a 1.625.074 en el 2022; de los cuales el 32,8% provienen de Venezuela (532.715) y el 57,8% está radicado en la Región Metropolitana (principalmente en la comunas de Santiago y Estación Central), le sigue la región de Antofagasta con un 6,7%, la Región de Valparaíso con un 6,1 y luego la proporción en otras regiones va disminuyendo 4. El mayor flujo migratorio en un relativo corto tiempo ha tensionado las relaciones de convivencia en aquellos lugares donde hay mayor concentración de inmigrantes. El choque cultural es evidente y comprensible por lo demás. Ahora bien, también resulta evidente la utilización política de ello, con objetivos completamente ajenos al pueblo chileno y, por supuesto, de las familias migrantes. En febrero del 2019, el entonces presidente de Chile Sebastián Piñera viajó a Cúcuta -frontera de Colombia con Venezuela- para hacerse parte de una operación contra Maduro donde declara “Vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile, porque tenemos un deber de solidaridad y yo nunca olvido que cuando Chile perdió su democracia, Venezuela fue muy generosa con los chilenos que buscaban nuevas oportunidades”.A Piñera no le importaba la suerte del pueblo venezolano, sino encolumnarse tras los intereses de EEUU en la región. Hoy, el partido del fallecido exmandatario junto al resto de la derecha se encuentra liderando la campaña que reclama mayores restricciones a la normativa migratoria, deportaciones sumarias, limitaciones en la vida cotidiana de las familias migrantes como la prohibición de arrendar viviendas a quienes no estén regularizados, etc., en el marco del populismo penal en que se encuentra frenéticamente embarcada toda la dirigencia política patronal.

La operación interesada de asociar a la población migrante al amento de la delincuencia sirve al objetivo de dividirnos como clase trabajadora mientras avanza la agenda represiva. Pero vamos al meollo de la cuestión: ¿qué dicen las estadísticas delictuales en relación con la participación de extranjeros en la comisión de delitos? Según la investigación “Inmigración y delincuencia: últimas cifras” publicada en julio del 2023 5, “al observar el dato más reciente de 2022, se tiene que los inmigrantes se encuentran subrepresentados en la comisión de delitos en general. Si bien, según la proyección del número de inmigrantes para 2022, estos corresponden a un 7,9% de la población, en las bases de la DPP los extranjeros representan el 5,3% de los condenados y el 6,3% de los imputados. Estas tasas de participación se traducen en factores de representación de 0,67 y 0,8 para condenados e imputados, respectivamente”. Aunque se señala en dicha investigación que se verifica una tendencia al alza “tanto el factor de representación de condenados como de imputados muestran una tendencia a la baja hasta el año 2018, cuando exhibe el menor valor de la serie. Sin embargo, a partir de ese año se observa un aumento en la participación de extranjeros en los delitos”. La investigación concluye: “…el análisis aquí realizado da cuenta de que los extranjeros siguen estando subrepresentados en el total de delitos en el país. Sin embargo, se aprecia una tendencia al alza en la participación en crímenes en los últimos años, así como un cambio en su representación en los distintos grupos de delito. Mientras la sobrerrepresentación de extranjeros en delitos contra la Ley de Drogas ha venido disminuyendo, se observa un aumento relevante en su representación en otros delitos, principalmente en aquellos más violentos”. En relación a esto último, es posible entonces que la percepción general sobre crimen e inmigrantes se explique a partir del aumento en la participación de estos en los delitos más violentos -pese a la subrepresentación en términos generales- y, a su vez, en el tratamiento que hacen de ello los medios como lo expresa la investigación en estas palabras “encontrando que la cobertura mediática es sistemáticamente más frecuente cuando un inmigrante perpetra un homicidio en comparación con un nativo”.

La estigmatización de las familias migrantes corre por cuenta de la campaña que 24/7 se despliega por el sistema de medios del régimen. Y ello se extiende a las comunas, poblaciones y campamentos que habitan los que son presentados como guetos de delincuentes. Otra vez, las mafias del crimen organizado han desembarcado en los barrios más pobres pero quienes viven ahí, incluidos los inmigrantes, son víctimas de la sociedad criminal entre mafias y las fuerzas represivas que las amparan. A la estigmatización sigue la criminalización. Tornar aun más restrictiva la normativa migratoria no desalienta el ingreso irregular, sino que por el contrario lo fomenta, como también contribuye a la permanencia irregular. No cumplir con la normativa migratoria no vuelve delincuente al inmigrante. Pero en los hechos funciona como una pena, la pena de la “muerte civil”, toda vez que inhabilita para la mayoría de los actos que requiere la “vida civil”: prácticamente imposibilita ser parte en todo tipo de contratos, como un contrato de trabajo, de arriendo, etc. con lo cual la inserción se vuelve cuesta arriba y con ello la integración natural a la vida social del país receptor. No tener RUT, ni una red de contención empuja al migrante a las garras de las mafias del crimen organizado para sobrevivir…y así este círculo vicioso se deglute a cientos que migran en búsqueda de una vida mejor.

Como revolucionarios tenemos que rechazar y combatir activamente la campaña xenófoba y fascista que busca el enfrentamiento entre trabajadores, mientras la burguesía explota mano de obra migrante y sus representantes políticos profundizan las políticas represivas para disciplinarnos como clase.

El cierre represivo a la crisis política que genera la rebelión de octubre

La rebelión popular que se inicia en octubre del 2019 remeció los cimientos de un régimen político y económico, el pinochetista, que no solo había logrado mantenerse en lo sustancial con la transición democrática, sino que en tres décadas de democracia pactada se había consolidado. “No son 30 pesos, son 30 años” fue la aguda formulación popular que lo denunciaba cuando miles tomaron las calles y pusieron tras las cuerdas a Piñera y junto con él a este régimen que no trajo ninguna alegría, sino más bien deudas y miseria. En este proceso, donde los sectores políticos y los recursos represivos no podían contener la rabia popular que se expresaba en masivas manifestaciones en todo el país, Boric desde la oposición jugó un papel central en el armado pacto del 15 de noviembre, que dio curso al operativo político patronal para desviar la acción de las masas a un laberinto institucional que incluyó numerosos episodios electorales y dos procesos constituyentes. Boric llega a La Moneda como el recurso de emergencia de la burguesía. Así este Gobierno condicionado por una derecha que se recupera y lo arrincona, busca salvarse haciendo buena letra ante la burguesía, la que, sin embargo, no le va a devolver los favores sino que buscará reponer luego a los sectores políticos que tradicionalmente representaron sus intereses en la gestión del Estado. Mientras la derecha se prepara para el relevo, le impuso al gobierno su agenda en el parlamento y lo que vemos es la reconstitución del aparato pinochetista bajo la gestión de Boric.

Las AFPs profundamente desprestigiadas ante la evidencia acumulada en décadas de la estafa que significan para las y los trabajadores, no solo van a seguir operando, sino que se está discutiendo reforzarlas con las cotizaciones patronales que se pretenden establecer. Acaban de legislar un perdonazo a las Isapres y ya no tendrán que devolver lo que cobraron de más a sus afiliados por lo que podrán seguir haciendo sus negociados con la salud de las y los trabajadores.

En materia represiva la campaña para generar temor cumplió una doble función: rescatar a los milicos y pacos del enorme desprecio popular que habían acumulado por años de desfalcos y crímenes contra el pueblo y, a partir de allí, dotarlos de mayores recursos financieros y legales para que cumplan a cabalidad su rol histórico dentro del Estado capitalista: reprimir a la clase trabajadora. Ley anti-tomas, ley Naim Retamal, Ley de infraestructura crítica para que las FFAA intervengan en seguridad pública; las reglas del uso de la fuerza que les da garantías para ello; y, pronta a salir, la reforma de la ley antiterrorista. Ni derecho a la vivienda, ni salarios y pensiones suficientes para vivir, ni acceso a la educación gratuita universal, ni derecho a no morir esperando en una lista para recibir atención médica, ni las tierras para los mapuches. Nada. Solo pacos y milicos con más garantías para matar impunemente y ello no tiene nada que ver con la intención de brindar mayor seguridad al pueblo pues si así fuera se tendría que avanzar en desarticular el crimen organizado y, como vimos, el Estado es una pata fundamental de ese esquema pues de otra manera no podría operar con la impunidad con que lo hacen.

Estamos entonces frente a una recomposición del estado post rebelión del 2019. No es la primera vez que el régimen político ensaya un cierre represivo de períodos de ascenso de las masas en conciencia y organización, lo hizo en 1958 con la sanción de la ley de seguridad interior como lo señalamos y la misma función cumplió el golpe militar de 1973.

El llamado “progresismo” termina cediéndole el paso y pavimentando el camino para el regreso de la derecha. La experiencia actual que estamos recorriendo no es la excepción. Es fundamental defender la independencia política de los trabajadores del gobierno de Boric y de su política antipopular y enfrentar el presente giro represivo y el avance de los sectores pinochetistas con los métodos propios de la clase obrera. La lucha estratégica de los explotados chilenos es por un gobierno de trabajadores.