Francisco Tapia Salinas presentó el sábado 31 de enero una obra grotesca que retrata al ex oficial Claudio Crespo Gálvez limpiando sangre, simbolizando la «limpieza de imagen» de Carabineros post-estallido 2019, favorecida por la Ley Naín-Retamal promulgada por Gabriel Boric, criticada por blindar abusos policiales.
La pieza, emplazada en las afueras del Teatro de la Universidad de Chile en Santiago, muestra a Crespo en overol con logo de Fullclean S.A., camisa y gorra de Carabineros, trapeando sangre en el espacio público. Tapia, alias «Papas Fritas», denuncia cómo esta ley representa un giro del gobierno Boric desde promesas de refundar la institución a respaldarla, perpetuando herencias de la dictadura y desarmando la resistencia popular ante el autoritarismo.
Fullclean S.A., de la familia Crespo-Cúneo (esposa, suegra y cuñada), se adjudicó en 2021 un contrato de $6.500 millones por 36 meses con el Hospital de Carabineros, mientras Crespo estaba en prisión por dejar ciego a Gustavo Gatica Villarroel. En la década, acumuló licitaciones por sobre $10 mil millones con entidades como la Escuela de Oficiales y municipalidades de derecha como Providencia y Lo Barnechea, cuestionadas por posibles irregularidades que financian defensas legales de victimarios.
La obra critica la falacia de una «probidad intrínseca» en Carabineros, fracturada por escándalos de corrupción, tráfico de drogas y armas, malversación como Pacogate, y vínculos con crimen organizado. Tapia acusa al marco legal de validar asimetrías de poder, negando el derecho al disenso y resistencia violenta ante abusos estatales, en un contexto donde el Partido Republicano y elites económicas ultraderechizan el debate, priorizando represión sobre justicia social.
Absuelto en enero 2026, Crespo simboliza la impunidad post-revuelta, donde gobiernos «progresistas» promueven amnesia colectiva sobre desfalcos sistemáticos y actos ilegales en Carabineros. La escultura interpela a la sociedad chilena a confrontar estos lazos entre poder, instituciones represivas y negocios, exigiendo escrutinio a herencias pinochetistas que el oficialismo ha validado, traicionando demandas populares.
Tapia, con trayectoria en «arte operacional» como la quema de documentos de deudas estudiantiles en 2014, usa el espacio público para cuestionar cómo licitaciones «truchas» limpian la imagen de una institución criminal durante el estallido, mientras sectores de izquierda crítica rechazan la dubitativa gestión de Boric que fortalece el aparato represivo en detrimento de la dignidad colectiva.
