Prensa Obrera, Argentina
9 de octubre de 2017 | Por Antonia Torrebruna
TN divulgó la especie de que habían retenido información clave. Querellantes piden que se periten celulares del secretario de Seguridad Pablo Noceti.
Una nueva operación del grupo Clarín que apunta a ensuciar a los mapuche y culpabilizarlos en el caso de la desaparición de Santiago Maldonado acaba de caerse luego de una jornada de versiones oscuras.
Este mediodía en TN se afirmó que los mapuche le habían entregado la semana pasada a Sergio Maldonado, hermano de Santiago, una mochila y un celular que habían mantenido ocultos en territorio “sagrado” durante los setenta días desde que se produjera la desaparición del joven. “Es una mentira», dice Sergio Maldonado a Prensa Obrera. «Se trata de la mochila que encontramos en el lugar donde Santiago paraba en El Bolsón, el la Biblioteca del Río, y que contenía sus elementos de tatuador”. Sergio también dijo que habían entregado un celular que ya había sido analizado por la justicia y devuelto a la familia: “Es el celular con el que Santiago se comunicaba mediante sms con la familia y ya fue peritado por la justicia”, dijo a Prensa Obrera. “Otranto nunca me tomó testimonio como testigo, no le interesaba Santiago, ni siquiera me preguntaba por él. Además, yo había dicho en la primera manifestación que tenía esos elementos que habíamos encontrado en su habitación, dibujos, diseños, sus herramientas de tatuador. Era público pero el juez Otranto no preguntó jamás por nada de esto. Al entrevistarnos con el juez Gustavo Lleral le dije que tenía estos elementos y me pidió que se los pasara, no es cierto que me los hayan dado los mapuche”.
“Es absurdo», dijo Soraya Maicoño, miembro de la comunidad Pu Lof Cushamen. «¿A quién se le ocurriría llevar sus herramientas de tatuador a una manifestación como a la que iba Santiago Maldonado el 1 de agosto? Se trata de una operación más contra nosotros para desviar la investigación que debe apuntar a Gendarmería”.
En ese sentido, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos –querellante en la causa que investiga la desaparición de Santiago Maldonado–, a través de sus abogados, presentó un escrito en el que solicita que se periten los dos teléfonos pertenecientes a Pablo Noceti, jefe de gabinete de Patricia Bullrich y que se encontraba presente en Esquel coordinando el operativo represivo contra los mapuche, que culminó con la desaparición de Santiago.
El escrito solicita “el peritaje de dos teléfonos celulares del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, quien estuvo presente durante el operativo de Cushamen. En forma concreta se solicitó se secuestren los celulares del funcionario y se realicen peritajes que examinen el flujo de comunicaciones y si se ha procedido a intentar el borrado de mensajes de Pablo Noceti, desde el 30 de julio pasado y los días posteriores, y se profundice el estudio de los teléfonos de la Gendarmería en relación a la recuperación de archivos eliminados. La petición está basada, entre otros fundamentos, en que ha quedado acreditada la presencia del Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación en el operativo llevado adelante por la Gendarmería el 1 de agosto en la Ruta 40 en Chubut durante el corte de la comunidad mapuche Pu Lof. El objetivo del pedido solicitado es establecer si la autoridades nacionales del Ministerio de Seguridad tuvieron algún tipo de injerencia en la conducta desenvuelta inmediatamente posterior a la denuncia por la desaparición de Santiago Maldonado”. La medida solicitada lleva las firmas de los abogados Liliana Alaniz (Apel), Nicolás Tauber (Liberpueblo) y Martín Alderete (Cadep), patrocinantes de AEDD.
Noceti se había reunido con los jefes de Gendarmería y de la policía provincial de Chubut y Río Negro para coordinar el operativo represivo contra los mapuche. El mismo Noceti participó del desalojo en la ruta, tal como se observa en fotografías tomadas ese día, y mandó él mismo a detener a dos miembros de la comunidad Pu Lof, que permanecieron retenidas en la ruta durante seis horas luego de producida la represión.
La justicia debe investigar hasta las últimas consecuencias y apuntar a la responsabilidad material de gendarmería y a la responsabilidad política de Pablo Noceti y Patricia Bullrich, quienes deben renunciar a sus cargos
