10 de febrero de 2025
Organización Socialista de los Trabajadores
Mientras el fuego arrasa en la Patagonia, Milei mira para otro lado. Bullrich persigue a las comunidades originarias y detiene brigadistas. Los empresarios mandan a sus patotas para impedir que se apague el fuego.
Los incendios en la Patagonia ya consumieron más de 36.000 hectáreas. Al momento hay focos activos en tres provincias: Neuquén, Chubut y Río Negro. La situación es cada vez más alarmante, con un fallecido, cientos de evacuados y más de 120 familias damnificadas que perdieron sus hogares en El Bolsón y Epuyén. Frente a la falta de respuestas y de financiamiento del gobierno de Milei, son los trabajadores, brigadistas y vecinos los que, con la solidaridad que crece desde abajo por todo el país, hoy se encuentran en primera línea enfrentando los crecientes incendios. La falta de inversión y equipamiento para enfrentarlos proviene de las políticas negacionistas del gobierno de Milei, que llevaron a un vaciamiento de los organismos de prevención y combate de incendios forestales.
En diciembre de 2024, días antes de que se iniciaran los focos de incendio, el gobierno puso al Sistema Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) bajo la responsabilidad del Ministerio de Seguridad Nacional de Patricia Bullrich, quien junto a Daniel Scioli como responsable del área de Ambiente, redujo el financiamiento para los programas de combate y prevención del fuego destinado a Ambiente y Parques Nacionales a 65,4%, del cual solo el 24% fue utilizado durante 2024, mientras que, en lo que va del 2025, aún con los focos ígneos activos, no se ejecutó ni un solo peso. Tras los recortes, solo quedaron 400 brigadistas estatales en todo el país, quienes además se encuentran en situación de precarización laboral y de los cuales solo se enviaron 45 a combatir el fuego. La situación es tan desesperante, que también se sumaron brigadistas de forma voluntaria provenientes de la Fundación Tierras Patagónicas, así como también voluntarios que cuentan con certificados a nivel nacional de las comunidades mapuches Linares y Atreuco, quienes hoy sufren una intensa persecución por parte del gobierno nacional y de la provincia de Río Negro.
Los vecinos, brigadistas y organizaciones señalan que se inició una «caza de brujas» contra las personas que combaten el fuego. El viernes, el fiscal Francisco Arrien ordenó detener a tres de los brigadistas voluntarios, a quienes señalan como los responsables de provocar los focos ígneos.
Brigadistas y mapuches, el chivo expiatorio del Gobierno
Es preciso destacar que el Gobierno de Milei no es negacionista de la crisis climática por algún tipo de escepticismo, sino que tiene la tarea de allanar el camino para que los empresarios puedan depredar la naturaleza sin tener que lidiar con algún tipo de resistencia. En ese sentido, se alineó con los distintos gobiernos para iniciar una campaña de fake news para lavar sus responsabilidades y buscar culpables individuales. Como haría todo buen gobierno servil al capital, el principal chivo expiatorio son las comunidades originarias, que no tienen ningún otro interés que proteger las tierras.
Así, en un primer momento, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres declaró que las personas que habrían iniciado los incendios provenían del Conurbano bonaerense, pero ahora, cambió de target y apuntó contra la RAM, tal como hizo Bullrich durante el macrismo. En esa línea, el vocero Manuel Adorni, declaró que la RAM será considerada como una «organización terrorista». A estos discursos racistas también se sumó el gobernador de Rio Negro, Alberto Weretilneck, que hace ya varios años tiene un discurso anti-mapuche, y sin ofrecer prueba alguna busca relacionarlos con los incendios en la provincia.
Cabe recordar que este no es el primer ataque del Gobierno contra las comunidades originarias. En enero, la Justicia Federal ordenó el desalojo de la comunidad Lof Paillako en Los Molles y El Sosneado, territorio recuperado en 2020 en el Parque Nacional Los Alerces. Así, la racista Patricia Bullrich volvió a montar todo su espectáculo represivo contra las familias que desalojaban. Esta política fue acompañada por la creación de un comando unificado de las fuerzas de seguridad en Esquel, Chubut, que se extiende por toda la Comarca Andina.
Por otra parte, la disposición del aparato represivo para defender los intereses capitalistas también tiene su brazo privado. Tal es así que, mientras se trasladaba a los brigadistas detenidos de forma arbitraria a Bariloche, una patota montada a caballo vinculada al municipio y al ejército privado de Joe Lewis en Lago Escondido, atacaron a un grupo de vecinos y organizaciones que reclamaban su libertad. Entre los atacantes, se encontraba Víctor Hugo Araneda, que además de formar parte de las fuerzas de choque de Lewis, tiene un vínculo con el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, está imputado por el ataque a manifestantes que exigían la apertura del camino de Tacuifi en 2023, y fue guardaespaldas de Enrique Ibarra, delegado regional de vialidad nacional e hijo del interventor en Lago Puelo durante la dictadura militar de 1976. Con estos datos, se clarifica que la detención de los tres brigadistas no se trata más que de una de las cientos de mentiras cargadas de odio y de racismo, que señala a las comunidades que cuidan y protegen los territorios en pos de ocultar al verdadero responsable: el Estado capitalista.
Estos falsos gauchos, como Araneda, son parte de la construcción narrativa de la defensa del sujeto argentino representado en el gaucho contra “nuestros” enemigos: los mapuches y las organizaciones socioambientales. De esta manera, intentan contraponer la tradicionalidad a la defensa de la naturaleza y los derechos de los pueblos, pero de fondo esconden que son mercenarios al servicio de privados nacionales y extranjeros cuyo propósito es ser fuerza de choque contra el activismo ecologista y las comunidades originarias que reclaman el derecho a permanecer en su tierra ancestral.
Desastre ambiental, ganancia capitalista
La única premisa que maneja el presidente Milei es la de favorecer a los empresarios y sus negocios inmobiliarios, quienes sacan ganancias de los desastres ambientales. En ese sentido, el gobierno se alineó con la extrema derecha a nivel internacional, encabezada por personajes como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el tecnócrata más rico del mundo, Elon Musk. Así, tiene una política que no solo desconoce el cambio climático, sino que, luego de derogar dos leyes importantísimas, como la Ley de Fuego y de Tierra con el mega decreto del 20 de diciembre de 2023, vació los fondos de financiamiento de los programas destinados a este tipo de tragedias.De esta manera, la especulación inmobiliaria abre la puerta a la urbanización sin planificación. Si bien el suelo forestal está protegido por leyes provinciales y nacionales, la quema habilita a que sean utilizados para negocios inmobiliarios y turísticos desde que Milei derogó la Ley de Tierras, que protegía los terrenos quemados de planes inmobiliarios por 30 años. Una política a medida de los terratenientes extranjeros como Joe Lewis y las multinacionales como el grupo Benetton, que explotan la Patagonia para sus negocios: más de 14 millones de hectáreas en nuestro país están en manos de corporaciones y grupos extranjeros, de las cuales un millón figuran a nombre de sociedades offshore.
El grupo Benetton llegó a la Argentina con un programa de reforestación con subvención estatal que tenía como objetivo la promoción de la industria maderera en la región. Así, las empresas empezaron a implantar especies de pinos rendidores de madera provenientes de los países de América del Norte, de características altamente inflamables, que produce cambios negativos en la biodiversidad y en los sistemas ecológicos, al expandirse con enorme facilidad y reemplazar especies nativas. Una de las principales empresas que utiliza este modelo de negocio es la del italiano Luciano Benetton, que actualmente posee 655.990 hectáreas para sus negocios agrícolas, ganaderos, forestales y mineros en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Santa Cruz y Chubut, lo que lo convierte en el mayor terrateniente del país. en las cuales en 2017 en la Pu Lof, tras una violenta represión por parte de la Gendarmería Nacional desaparecieron y asesinaron a Santiago Maldonado. Por otro lado, están los negocios inmobiliarios del multimillonario británico Joe Lewis, destacado por dedicarse a impedir el paso al Lago Escondido y que se adjudicó más de 12 mil hectáreas para lotear una reserva natural ubicada al pie del cerro Perito Moreno y construir un polo turístico.
Por este motivo, el gobierno nacional, negacionista del cambio climático y trapo sucio de los empresarios, prefiere no mencionar la gravedad del incendio, como tampoco lo hizo de los tantos incendios que se desarrollaron durante 2024 en las provincias de Córdoba, San Luis, Misiones y Chaco, entre otras. En cambio, refuerza su política oscurantista todos los días, con declaraciones nefastas para seguir enriqueciendo a las corporaciones extranjeras. El jueves, en una entrevista para el diario francés Le Point, Milei declaró sus intenciones de retirar a la Argentina del Acuerdo de París que, a pesar de que tiene un carácter no vinculante, de que no garantiza una implementación efectiva y no cuestiona el papel de las grandes corporaciones, implica un reconocimiento global de la crisis climática. A esto también se suma la salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que no solo representa un grave retroceso para nuestro país en materia de salud pública, sino que el organismo sanitario internacional considera que los desastres ambientales son situaciones imprevistas que amenazan la salud pública, por lo que también posee protocolos para emergencias sanitarias como control de brotes y enfermedades que muchas son productos de catástrofes naturales.
Otra cuestión a tener en cuenta es que la quema y destrucción de los hábitats naturales, obliga a las especies a migraciones forzadas y achica la brecha entre el humano y distintos animales silvestres que son potenciales de cargar con contenido vírico o bacteriano potencialmente peligroso para la humanidad. Asimismo, favorece a la puesta en peligro de especies y la desestabilización de nichos naturales, por consiguiente, hay más riesgos para la flora y fauna que depende de un equilibrio lento y complejo, trayendo consigo aún más desequilibrio en las zonas afectadas.
Frente a los discursos negacionistas, organización y lucha
Con el ascenso de la ultraderecha a nivel internacional, el problema ecológico se profundiza aún más. Las potencias que tienen la capacidad de hacer algo realmente significativo en este escenario, se encuentran en manos de personajes como Trump que defienden los negocios capitalistas y niegan la crisis climática que provocaron. Los argumentos que toman las nuevas derechas y extremas derechas no se sustentan en ningún escepticismo real, sino en que el acuerdo de París solo sirve para detener el desarrollo de las potencias y que es una creación del “marxismo cultural originado en China”. Así, justifican su inacción, que tiene como único motivo no perjudicar los intereses de los privados, y niegan los riesgos a la población mundial y el futuro de la humanidad. El negacionismo de Trump y la falta de políticas ambientales de distintos gobiernos capitalistas les da vía libre a las empresas para continuar avanzando con la depredación del medio ambiente. Así, los gobiernos de las potencias capitalistas nos están conduciendo a un futuro potencialmente catastrófico. Además de recurrir a los usuales discursos conspiracionistas, la ultraderecha busca atacar de manera reaccionaria a toda una nueva joven generación que lucha a nivel internacional en defensa de la naturaleza y contra el negacionismo ambiental.
Frente a la barbarie capitalista exacerbada por los gobiernos ultra reaccionarios, la solidaridad y la organización sigue mostrando brotes verdes a lo largo y ancho del país y del mundo, expresado en las campañas de solidaridad, donaciones y voluntariado con las familias y vecinos que hoy se encuentran en la primera línea enfrentando los principales focos del fuego y de los ataques de los gobiernos nacional y provinciales. Pero si bien la solidaridad es fundamental en estos momentos debido a la urgencia, no reemplaza la responsabilidad del gobierno nacional, que debe decretar la emergencia ígnea nacional y garantizar todos los recursos para combatir el fuego de forma inmediata.
Frente a este gobierno reaccionario queda claro que la única forma para combatir la propagación del fuego y proteger la tierra es necesaria la movilización masiva en las calles contra el Estado capitalista y las corporaciones que se benefician con sus políticas de ajuste, el movimiento ecologista debe retomar las calles, como lo supimos hacer contra las granjas porcinas, en defensa de los humedales y en la Huelga Mundial por el Clima. Frenar la destrucción de nuestro medio ambiente no es imposible, es posible y necesario.
¡Libertad inmediata a los brigadistas detenidos!
¡Basta de persecución y estigmatización a los pueblos ancestrales que defienden y protegen la tierra!
¡Que se expropie a las grandes corporaciones usurpadoras de tierra!
¡Que el gobierno de Milei declare la emergencia ígnea nacional y que garanticen todos los recursos para combatir el fuego!
¡El Estado es responsable!
Sofia C. y Nicolas V.
